Dicen que no están apuntando a los seguros obligatorios.

El constitucionalista Jaime Sapolinski sostuvo que a los impulsores de la reforma constitucional que pretende dejar sin efecto la obligatoriedad de firmar contratos vinculados a la denominada "inclusión financiera", "no se les pasa por la cabeza" dejar sin efecto la obligatoriedad de los seguros de accidentes de trabajo y de automotores y que ese "no es el sentido" de la modificación que se impulsa. En el gobierno y por parte de algunos constitucionalistas como Martín Risso y Ruben Correa Fleitas se ha sostenido que esos acuerdos caerían si se aprobase la reforma constitucional.

Sapolinski, que está vinculado al Partido Colorado, elaboró un trabajo en el que sostiene que "parece evidente, que las normas que proclaman el seguro obligatorio ante accidentes de trabajo o de automóvil, contemplan el interés general y no correrían riesgo alguno si se consagrara la reforma". Sapolinski dijo a El País que la reforma no derogaría las leyes que establecen la obligatoriedad de los mencionados seguros. Para el experto sostener que esos seguros caerían con la eventual reforma "es una interpretación un poco dramática y me sorprendería que un juez sostuviera eso". La reforma sería básicamente "una afirmación programática". Puso como ejemplo que si bien la constitución establece el derecho a la vivienda, de ello no se puede inferir que un particular pueda hacer un juicio al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para reclamar una casa. "Si se quisiera derogar esos seguros la reforma lo diría expresamente", dijo Sapolinski. Con la reforma, "lo que se dice es que quiero tener el derecho a optar" porque "hay algunos agentes del Estado que creen que encarnan el bien absoluto". Los contratos deben realizarse con "autonomía de la voluntad", sostuvo.

Los impulsores de la reforma quieren agregar al artículo 36 de la Constitución lo siguiente: "nadie podrá ser obligado a celebrar un contrato en contra de su voluntad, ni podrá ser sancionado, directa o indirectamente, por no hacerlo". "El Estado asegurará el ejercicio de dicha libertad. El uso de mecanismos de dinero electrónico o de cualquier otro instrumento financiero, será opcional para los contratantes", agrega la propuesta.

Sapolinski reconoce que a la Constitución se le han agregado quizás demasiadas disposiciones pero consideró que su reforma a veces es el último recurso. "La propuesta intenta reafirmar el concepto de libertad y, en el acierto o en el error, hace expresa referencia al uso de dinero electrónico, que no repudia pero que propone sea opcional", señaló.

Los alcances de la propuesta.

Sapolinski, que participó en la elaboración de la propuesta de reforma, sostuvo que esta "no necesariamente tiene un efecto ejecutorio inmediato ni puede ser reclamada su aplicabilidad directa en un juicio pero, puede determinar la tacha de inconstitucionalidad de una ley que contravenga" su contenido.

Fuente: El País 

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