Boletín Nº 6238
Acemi propone salvar el sistema de salud con $22 billones y reforma gradual a las EPS
Colombia, Mayo 27 , 2026
La hoja de ruta prioriza atención inmediata, ajuste de UPC y rescate de EPS intervenidas.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) presentó una hoja de ruta para estabilizar y modernizar el sistema de salud entre 2026 y 2030, en medio de la crisis financiera y operativa que atraviesa el sector.
El documento propone conseguir hasta $22,3 billones anuales adicionales, rescatar EPS viables, reformar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y crear mecanismos de riesgo compartido entre el Estado y las aseguradoras.
El gremio aseguró que el sistema enfrenta uno de los momentos más complejos desde la expedición de la Ley 100. Según el informe, el país llega a 2026 con 18 millones de personas afiliadas a EPS intervenidas, crecientes barreras de acceso, deudas acumuladas y un deterioro progresivo de la atención.
En el documento, Acemi advierte que la discusión reciente sobre la reforma a la salud “fracasó, manteniéndose la arquitectura institucional del sistema, pero dejó a su paso la mitad de las EPS intervenidas, el desfinanciamiento del sistema en UPC y presupuestos máximos”.
La propuesta fue presentada como una agenda de estabilización inmediata, sostenibilidad financiera y modernización institucional. El gremio insistió en que la prioridad no debe ser desmontar el modelo actual, sino recuperar la capacidad de atención y garantizar recursos suficientes para evitar un mayor deterioro asistencial.
El documento plantea que antes de emprender una nueva reforma estructural, el país necesita resolver la crisis de acceso que hoy afecta a miles de pacientes con enfermedades de alto costo, tratamientos suspendidos y demoras en procedimientos especializados.
“La primera obligación de política pública es detener el sufrimiento evitable de los pacientes”, señala el informe, que propone activar desde el primer día del nuevo gobierno un Puesto de Mando Unificado Nacional por la Salud.
Ese PMU estaría liderado por el Ministerio de Salud y contaría con participación de la Superintendencia Nacional de Salud, entidades territoriales, aseguradores, organismos de control y asociaciones de pacientes. Su función sería coordinar respuestas rápidas para resolver barreras de atención y garantizar continuidad terapéutica.
La estrategia incluye priorizar casos de riesgo vital con tiempos de resolución inferiores a 72 horas y desarrollar un plan de recuperación asistencial de 90 días para pacientes con cáncer, hipertensión, diabetes, enfermedad renal, salud mental y enfermedades huérfanas.
Acemi también propuso implementar un tablero nacional de medicamentos críticos para monitorear pendientes y acelerar entregas. El documento sostiene que las interrupciones terapéuticas aumentan hospitalizaciones, urgencias y costos para el sistema.
El debate financiero vuelve al centro de la discusión
Uno de los puntos centrales del informe es el déficit de recursos que enfrenta el sistema de salud. Para 2026, Acemi estima necesidades adicionales por $9,57 billones, distribuidos entre ajustes de la UPC y financiación de Presupuestos Máximos.
De ese monto, $3,73 billones corresponderían al incremento requerido para la UPC del régimen contributivo, mientras que otros $2,38 billones cubrirían rezagos de Presupuestos Máximos desde 2023. El restante, equivalente a $3,46 billones, financiaría los Presupuestos Máximos corrientes.
Además, se calcula un faltante actuarial acumulado entre 2021 y 2025 por $34,2 billones. El documento pide que esa cifra sea revisada mediante un estudio técnico independiente que evalúe suficiencia financiera, inflación y comportamiento epidemiológico.
Para enfrentar esa situación, Acemi propuso un paquete potencial de nuevas fuentes de financiación por $22,3 billones anuales. Sin embargo, aclaró que esos recursos no representan caja inmediata, sino una agenda gradual de reformas legales, fiscales y administrativas.
La principal fuente potencial provendría de la depuración del régimen subsidiado, medida que según el documento podría aportar $7,72 billones anuales. La propuesta busca identificar personas con capacidad de pago que actualmente reciben subsidios.
El informe sostiene que el país tiene 26,9 millones de afiliados al régimen subsidiado frente a 23,1 millones en el contributivo, mientras apenas 12,7 millones de personas realizan cotizaciones directas al sistema.
Acemi planteó cruzar información entre bases como Sisbén IV, RUAF-PILA, facturación electrónica y billeteras digitales para detectar inconsistencias y trasladar afiliados con capacidad contributiva. El gremio insistió en que el proceso debe tener gradualidad y garantías de debido proceso.
Otra de las medidas incluidas en el documento es reducir el umbral de exoneración de aportes parafiscales en salud de 10 a 4 salarios mínimos para personas jurídicas. Esa iniciativa generaría, según el gremio, cerca de $5,79 billones anuales.
La agenda financiera también contempla mayores impuestos al tabaco y vapeadores, cambios tributarios para juegos en línea, destinación específica de impuestos saludables hacia la Adres y ajustes al Soat diferencial.
El documento incluso propone integrar el Fomag al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Según Acemi, esa transición podría liberar recursos netos cercanos a $2,77 billones para el sistema general.
Modernizar las EPS sin desmontar el aseguramiento
El documento dedica un capítulo completo a defender el modelo de aseguramiento y el papel de las EPS dentro del sistema de salud colombiano. Acemi sostiene que la crisis actual no demuestra el fracaso del aseguramiento, sino la necesidad de modernizarlo.
“La salida no está en destruir capacidades. La salida está en estabilizar la atención, financiar adecuadamente el derecho, sanear obligaciones, depurar fuentes y modernizar la UPC”, concluye el informe.
La propuesta plantea crear un esquema de “Aseguramiento Solidario 2.0”, donde Nación y EPS compartan riesgos financieros. El mecanismo funcionaría con diferentes niveles de siniestralidad y tendría límites sobre las utilidades de las aseguradoras.
Según el esquema planteado, cuando la siniestralidad supere el 100%, el exceso sería cubierto por la Nación. Si se ubica entre 95% y 100%, los costos se compartirían entre el Estado y las EPS.
El documento también plantea crear un fondo de estabilización para administrar excedentes y responder a futuras crisis financieras. Además, propone una comisión técnica independiente para evaluar desempeño y definir ajustes periódicos.
Otro de los cambios planteados es la reingeniería de la UPC. Acemi considera que el cálculo actual no refleja adecuadamente el riesgo real de los pacientes porque se concentra en edad, sexo y ubicación territorial.
La propuesta busca incorporar variables clínicas, enfermedades de alto costo, perfil epidemiológico y desviaciones macroeconómicas. En paralelo, el documento defiende la integración vertical bajo reglas de resultados verificables. Acemi sostiene que las redes propias no deben prohibirse de manera generalizada, sino evaluarse por calidad, oportunidad y eficiencia.
La agenda presentada también insiste en fortalecer la prevención y la salud pública como herramientas de sostenibilidad fiscal. Entre las prioridades aparecen vacunación, cáncer, enfermedades crónicas, salud mental, envejecimiento y seguridad vial.
El informe advierte que el cáncer podría aumentar 77,7% hacia 2045 y recuerda que el sobrepeso y la obesidad ya representan presiones significativas sobre el gasto sanitario colombiano.
Finalmente, proponen avanzar hacia un sistema interoperable de información que conecte historias clínicas, facturación electrónica, medicamentos, vigilancia epidemiológica y trazabilidad financiera.
“La salud debe salir de la lógica de confrontación y entrar en una lógica de Estado”, concluye el documento, que plantea una modernización gradual del sistema sin desmontar las capacidades institucionales construidas durante más de tres décadas.
Fuente: Portafolio