Mediante la implementación de un mecanismo de liquidación y compensación financiera entre instituciones públicas y privadas, el Poder Ejecutivo busca optimizar la infraestructura sanitaria instalada en el país y garantizar tratamientos médicos oportunos para los ciudadanos
El gobierno de Keiko Fujimori ha planteado una reforma significativa en el sistema sanitario del país, solicitando facultades legislativas para normar sobre el intercambio prestacional en salud. Esta iniciativa busca que los pacientes afiliados al Seguro Social de Salud (EsSalud) o al Ministerio de Salud (Minsa) puedan recibir atención médica en las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), y que, de manera recíproca, los asegurados de las EPS sean atendidos en las instalaciones de la red pública.
La medida responde a un diagnóstico donde, si bien la cobertura de algún seguro de salud llegó al 95,3% de la población ocupada durante el año 2025, la gran mayoría dependía exclusivamente del Estado y apenas un 28% se encontraba afiliado a EsSalud. Con esta estrategia, enmarcada en las metas del periodo 2026 al 2031, la administración central pretende resolver las graves deficiencias estructurales y agilizar el acceso a tratamientos oportunos.
Dinámica de compensación y optimización de atenciones
De acuerdo con los documentos oficiales, la operatividad de este cruce de servicios dependerá netamente de la capacidad instalada que posea cada establecimiento y de los acuerdos institucionales que se mantengan vigentes. Se prevé que las instituciones estatales se hagan cargo, típicamente, de los casos de mayor complejidad que requieran los afiliados del sistema privado.
Para sostener la viabilidad financiera de este esquema, el proyecto contempla la debida operación de un mecanismo de liquidación o compensación entre las diversas entidades de salud. Esto significa que el prestador del servicio obtendrá un pago o crédito directo por parte de la institución obligada originalmente a brindar la cobertura médica. De este modo, se busca optimizar el uso de la infraestructura sanitaria existente a nivel nacional.
Flexibilidad del sistema y protección al trabajador
Más allá de las atenciones cruzadas, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso de la República una delegación de facultades por un plazo exacto de 120 días calendario para reformar también el ámbito de la protección social. Entre sus metas destaca la creación de una articulación más flexible entre el Seguro Integral de Salud (SIS) y EsSalud. El objetivo de este cambio es erradicar las duplicidades operativas y evitar que los ciudadanos sufran una pérdida abrupta de cobertura cuando logran conseguir un empleo formal.
Todas estas medidas normativas intentan revertir la profunda informalidad laboral y las altas brechas de infraestructura que afectan al país, las cuales superan los USD 110.000 millones en el largo plazo. Al integrar los servicios médicos bajo la figura del intercambio prestacional, el gobierno espera garantizar prestaciones de mayor calidad y construir un sistema de salud más equitativo y eficiente para toda la población asegurada.
EsSalud, una entidad plagada de problemas
El Seguro Social de Salud (EsSalud) es la principal institución de seguridad social del Perú y brinda cobertura médica a millones de asegurados. Sin embargo, desde hace varios años enfrenta problemas estructurales relacionados con la capacidad de atención, la infraestructura, la disponibilidad de especialistas y el abastecimiento de medicamentos, situación que ha sido advertida en reiteradas ocasiones por la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). A ello se suman denuncias por equipos médicos inoperativos y retrasos en procedimientos, lo que afecta la oportunidad con la que los pacientes reciben atención.
Uno de los reclamos más frecuentes de los usuarios está relacionado con la demora para obtener una cita médica. Dependiendo de la especialidad y del establecimiento de salud, los tiempos de espera pueden extenderse durante varias semanas e incluso superar los cuatro meses, mientras que en algunos casos las listas para intervenciones quirúrgicas alcanzan retrasos de más de un año. Estas demoras generan que muchos pacientes posterguen diagnósticos y tratamientos, además de incrementar la presión sobre los servicios de emergencia, que terminan atendiendo casos que debieron resolverse mediante consultas programadas.
Las dificultades para acceder a una atención oportuna se combinan con problemas de desabastecimiento de medicamentos, limitaciones logísticas y una alta demanda que supera la capacidad instalada de numerosos hospitales. En los últimos años, diversos informes de control han identificado deficiencias en la gestión hospitalaria y en la provisión de insumos, mientras que las autoridades continúan implementando medidas para reducir las listas de espera y mejorar la atención. No obstante, las quejas de los asegurados por la tardanza en conseguir citas, la reprogramación de consultas y la falta de recursos siguen siendo uno de los principales desafíos del sistema de seguridad social peruano.
Fuente: Infobae
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