El negocio de la protección del hogar evoluciona hacia una seguridad integral, en el que empresas de alarmas y aseguradoras han lanzado productos que ofrecen desde vigilancia hasta blindaje legal ante impagos, a pesar de que existe una gran brecha entre la percepción del riesgo y la realidad estadística.

El parque de alarmas conectadas a centrales cerró 2025 con 3,62 millones de conexiones, lo que supone un incremento del 6,2 % en tasa interanual, y registró su mayor crecimiento en el segmento residencial, según datos del sector.

En un mercado donde solo cinco operadores controlan el 85 % de la actividad, según el Observatorio Sectorial DBK, compañías como Occident y Movistar Prosegur Alarmas han lanzado productos que fusionan el seguro de hogar con la alarma en un solo recibo.

Alianzas como las de Mapfre y Securitas Direct, o las de Mutua Madrileña con Sicor alarmas El Corte Inglés, han avivado la competencia por lograr clientes con ofertas cruzadas que incluyen descuentos de hasta 100 euros en la prima del seguro.

Pese a la diferencia entre el riesgo percibido y el real, uno de los segmentos de mayor expansión es el vinculado a la denominada «inquiokupación», que define la situación en la que los inquilinos con contrato legal entran en impago y acumulan deudas medias que en provincias como Barcelona ya superan los 14.000 euros por caso.

A nivel nacional, la deuda media acumulada por siniestro se situó en los 8.489,3 euros, tras registrar un repunte del 16,5 % en las tasas de impago en el último año.

Ante esta situación, la respuesta del sector se ha centrado en la consolidación y el crecimiento exponencial del seguro de impago de alquiler, un producto que se ha posicionado como la gran alternativa al tradicional aval bancario.

A diferencia de las pólizas puramente contra la ocupación ilegal, estas soluciones blindan la defensa jurídica del arrendador y asumen los desperfectos por actos vandálicos o gastos de cerrajería, y garantizan la indemnización económica de las rentas mensuales adeudadas hasta que el propietario recupera la vivienda.

El endurecimiento de los requisitos de solvencia por parte de firmas especializadas y grandes aseguradoras, que exigen que el coste del alquiler no supere el 40 % de los ingresos del inquilino y que este no figure en ficheros de morosidad, no ha frenado el atractivo de un producto que ya es deducible fiscalmente según la comunidad autónoma.

Seguros contra la ocupación ilegal

Este auge del negocio de protección de rentas, donde empresas como SEAG crecieron un 41 % en 2025, contrasta con la tendencia de las denuncias oficiales por ocupación ilegal pura, que cayeron un 10 % en el mismo periodo y registraron un total de 14.875 casos en toda España.

Desde el lanzamiento en 2023 del primer seguro contra la ocupación, este producto ha pasado de ser una cobertura testimonial a una garantía en las pólizas de hogar.

Pese a ello, este tipo de póliza ofrece una cobertura de defensa jurídica ampliada que no evita la intrusión, sino que financia el proceso de desalojo y mitiga sus daños por un valor de hasta 10.000 euros.

 

Fuente: Diario de Santiago

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