Cualquier mecanismo que busque mejorar los recursos para las jubilaciones requerirá dinero del Estado, advierte expresidente de la Consar

La propuesta del gobierno de crear una aseguradora pública para las pensiones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) va a generar mayores presiones para las finanzas públicas, advirtió Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Esto debido a que cualquier mecanismo que busque mejorar las pensiones requerirá recursos extra del Estado, dijo durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

Señaló que de momento no hay detalles técnicos sobre el planteamiento anunciado por el director general del ISSSTE, Martí Batres, por lo que es complicado conocer el alcance real de la iniciativa.

Dentro de las negociaciones que mantiene el gobierno con la CNTE, resaltó la propuesta del jueves de crear una aseguradora de pensiones pública que pagaría pensiones vitalicias a los integrantes de la coordinadora, atendiendo una de sus principales demandas relacionada con mejorar los recursos para sus jubilaciones.

Ante la propuesta, Ramírez explicó que el debate se centra principalmente en los trabajadores que ingresaron al servicio público después de la reforma de 2007 y que quedaron obligatoriamente incorporados al esquema de cuentas individuales administradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

El también consultor recordó que los trabajadores que cotizaban antes de esa reforma tuvieron la posibilidad de elegir entre permanecer en el sistema anterior o migrar al nuevo, mientras que las generaciones posteriores ya no contaron con esa alternativa.

Así, parte de la inconformidad de algunos grupos radica en que las pensiones del antiguo régimen eran más elevadas debido a que estaban subsidiadas con recursos públicos, situación que ya no ocurre bajo el sistema actual.

Ante el anuncio de una aseguradora pública, el exfuncionario consideró que existen dos posibles interpretaciones. La primera sería la creación de un fondo colectivo que concentrara recursos depositados en cuentas individuales para asumir el pago de las pensiones.

Sin embargo, afirmó que este escenario luce poco probable, ya que equivaldría en los hechos a revertir el sistema de ahorro para el retiro instaurado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y además generará repercusiones fiscales, financieras y de confianza entre inversionistas y participantes del mercado.

“Tendría repercusiones fiscales y en términos de inversiones. Obviamente sería muy mal recibido por los mercados financieros que la Presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) revierta el sistema de pensiones de los trabajadores del ISSSTE, entonces, pues están tratando de encontrar alguna fórmula para para ponerles un subsidio adicional. El problema es que el gobierno no tiene más dinero”, recalcó.

La segunda posibilidad, que Ramírez consideró más viable, sería que la nueva entidad pública participara en la etapa de pago de las rentas vitalicias.

Actualmente, cuando un trabajador se jubila y opta por este mecanismo, los recursos acumulados en su cuenta individual son transferidos a una aseguradora privada, la cual se encarga de administrar los recursos y realizar los pagos periódicos al pensionado. Bajo la propuesta, una aseguradora pública podría asumir esa función.

No obstante, Ramírez enfatizó que el simple cambio de operador no resolvería por sí mismo el problema de las pensiones. A su juicio, el objetivo podría ser incorporar algún tipo de subsidio que permitiera ofrecer rentas vitalicias más elevadas que las disponibles actualmente en el mercado privado.

En ese sentido, explicó que cualquier mejora en los montos de las pensiones necesariamente tendría un costo para las finanzas públicas.

 

Fuente: El Universal

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