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Aseguradores presentan hoja de ruta para los próximos cuatro años, buscan blindar las finanzas de Colombia ante desastres y choques económicos
Colombia, Junio 18 , 2026
El plan estratégico 2026-2030 propone vincular seguros a subsidios y crear alianzas públicas para mitigar riesgos
El sector asegurador colombiano, representado por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), presentó formalmente su agenda de propuestas para el periodo de gobierno 2026-2030, con el objetivo central de avanzar en el cierre de las brechas de protección financiera de hogares, empresas y entidades públicas ante choques económicos y eventos de origen natural.
A través de un documento estratégico orientado a alimentar la preparación del Plan Nacional de Desarrollo, el gremio detalló que, a diciembre de 2025, el nivel de penetración de los seguros en la economía nacional se ubicó en un 3,29% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra distante del promedio registrado por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual alcanza el 6,2%.
Ante este panorama, la propuesta sectorial se articula en torno a dos grandes prioridades: la masificación de la inclusión financiera a través de seguros accesibles y la estructuración de una política nacional de protección financiera frente a riesgos catastróficos.
Seguros obligatorios en subsidios y vivienda social
Para incrementar el aseguramiento entre la población vulnerable y los microempresarios, el gremio plantea integrar de forma transversal los mecanismos de protección dentro de las políticas de inclusión financiera vigentes del Estado.
Entre las medidas concretas se destaca la propuesta de incorporar microseguros directamente en los programas estatales de transferencias monetarias y de protección social, utilizando la infraestructura de distribución ya existente para salvaguardar los ingresos de las familias beneficiarias.
De igual manera, se busca vincular pólizas específicas a los esquemas de crédito rural, financiamiento de vivienda de interés social y programas orientados al desarrollo productivo y la economía popular.
Según los datos recopilados por el sector, herramientas como el Censo Económico Nacional Urbano evidencian que existen en el país 219.042 unidades de venta en la calle que operan expuestas a pérdidas cotidianas sin redes de seguridad patrimonial.
El gremio sostiene que el seguro debe adquirir una prevalencia similar a la del ahorro y el crédito en la política pública debido a que, a diferencia de estos, no impone deudas adicionales tras la ocurrencia de un siniestro.
Alianza pública y privada contra el riesgo climático
El segundo eje fundamental de la agenda se enfoca en el diseño de un esquema de transferencia de riesgos catastróficos fundamentado en la cooperación entre las autoridades nacionales y el mercado privado.
Esta línea de acción responde a la alta vulnerabilidad territorial del país, evidenciada recientemente cuando más del 80% del departamento de Córdoba resultó afectado por las inundaciones del año 2026.
Para mitigar el impacto fiscal de esta clase de desastres, donde históricamente el Estado o las propias víctimas asumen la mayor parte de las pérdidas económicas, se propone un plan que incluye el uso de instrumentos complementarios como los seguros paramétricos y los esquemas de coaseguro o distribución de pérdidas entre el Gobierno, las aseguradoras y las reaseguradoras internacionales.
El objetivo técnico de esta alianza es medir e incorporar el valor total de lo que asume el sector privado dentro del cálculo sistemático de las obligaciones contingentes del Estado, sirviendo de insumo directo para la planeación macroeconómica y fiscal de la Nación.
El cumplimiento de estas metas normativas y de cobertura requiere, según el documento sectorial, una transformación profunda en los sistemas de información y en los marcos legales que rigen el mercado de seguros en Colombia.
Fasecolda propone la inclusión transversal de un módulo de preguntas enfocadas en aseguramiento y gestión de riesgos dentro de las operaciones estadísticas regulares que lidera el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Paralelamente, se solicita una reestructuración integral del Reporte de Inclusión Financiera para que añada indicadores de acceso y uso de seguros, superando el enfoque tradicional centrado de forma casi exclusiva en el sector bancario. En el plano regulatorio, la agenda estipula la necesidad de articular de manera estrecha el Sandbox de la Superintendencia Financiera con iniciativas sectoriales como NOVASEG.
El propósito de este esfuerzo conjunto es la identificación y posterior remoción de barreras normativas para facilitar la creación de pólizas digitales de bajo costo, la implementación de modelos de evaluación de riesgo basados en fuentes de información alternativas o scoring analítico, y el escalamiento masivo de soluciones paramétricas adaptadas a las realidades climáticas rurales.
Fuente: MSN