Mientras los médicos adjudican a las bajas tarifas de las aseguradoras, la falta de puntualidad en sus pagos y al cierre de redes de proveedores la crisis de salud que presenta la Isla, la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) asegura tratarse de un reflejo del cambio poblacional.
Médicos de la práctica privada consultados por EL VOCERO, y quienes solicitaron la protección de su identidad, sostienen que más del 70% de la prima se queda en las aseguradoras, dato que fue desmentido por la presidenta de Acodese, Iraelia Pernas.
Acorde con Pernas, la ley que rige a la industria obliga a las aseguradoras a utilizar entre el 80% al 85% de la prima en servicios al paciente. En caso de que la prima resulte ser superior al consumo, la aseguradora viene obligada a devolver dicho balance al asegurado.
“Esto es ley en los seguros públicos como privados, y fiscalizado por la Oficina del Comisionado de Seguros así como por CMA —centros de servicios Medicare y Medicaid—. Esto es mandatorio y está sujeto auditorías. El alza en los seguros responde al alza significativa en el componente de las medicinas, un alza que no controlamos, y en el alza de la tecnología, lo que ha elevado el costo de los estudios que se realizan. A esto se suma que hay menos personas aseguradas, por la migración, y porque menos patronos están incluyendo entre sus beneficios el plan médico”, afirmó Pernas.
A su juicio, la situación de los hospitales es el reflejo del mismo problema que también están registrando las aseguradoras, el cambio poblacional, donde hay menos gente, pero hospitales de más. Respecto a los despidos en los hospitales, entiende que responden a movidas estratégicas de negocios para mantener la operación corriendo.
“Estos despidos persiguen darles continuidad a los negocios antes de que se les vaya de las manos. Es una decisión de negocio, lamentable, pero se tiene que dar”, resaltó la ejecutiva.
Respecto al tema, el comisionado de Seguros, Alexander Adams, enfatizó que el problema no es de cuánto se distribuye a los beneficiarios, sino las bajas tarifas establecidas, que no responden al costo real del servicio.
“Estas tarifas por años no han sido revisadas, por lo que se firmó la ley que permite la negociación colectiva. Esto permite que los especialistas se agrupen y negocien las tarifas por sus servicios. Ya estamos trabajando con el andamiaje regulatorio, que abre las puertas a revisar las tarifas que hoy crean las deficiencias que están llevando al sistema de salud a la precaria situación actual en la que se encuentra”, acotó Adams.
A ello sumó la falta de paridad de fondos federales de los programas Vital y Medicare Advantage, al cual pertenecen el 66% de los puertorriqueños. “Esas tarifas no comparan ni con lo otorgado a las Islas Vírgenes, están muy por debajo del costo real del servicio, colocando al sistema en aprieto financiero.”
El más reciente estudio de la firma Estudios Técnicos, que analizaba el sector destacó que el Producto Interno Bruto (PIB) de la industria de seguros totalizó $1,450 millones en el año fiscal 2021, representando el 28% del PIB del sector financiero. La industria tuvo un moderado aumento, pero las primas emitidas aumentaron por $7.7 billones desde el 2014.
Ante la situación expuesta, Juan Dalmau, aspirante a la gobernación por el PIP, y el único que respondió la solicitud de EL VOCERO para presentar su plataforma de salud, sostuvo que “la propuesta de Patria Nueva sobre la crisis de salud es que debe atenderse bajo el concepto de Una Salud”.
Enfatizó que no puede tratarse el sistema de salud como si fueran pequeñas islas separadas, sino como un sistema completo integrado en donde se atiendan los aspectos de prevención, tratamiento y rehabilitación.
“No es un aspecto completo como nosotros atendemos la perspectiva de una salud, que es un acercamiento holístico a cómo mejorar los sistemas para prevenir enfermedades, establecer comunidades saludables, establecer desde las escuelas los programas de salud escolar que incluya atención temprana, tanto para salud oral, como de ojos, oídos y además establecer políticas que fomenten la nutrición y la alimentación correcta. De esa forma no se recargaría el sistema. Si tenemos una ciudadanía saludable, no se recargaría el sistema, ni tampoco habría los problemas hospitalarios”, subrayó.
Aunque el Departamento de Salud afirmó no tener injerencia sobre la situación administrativa de los hospitales privados, aseguró que la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública fiscalizará que todas las instituciones de salud licenciadas cumplan con las regulaciones y los servicios que ofrecen.
Fuente: El Vocero
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