El sector de protección vehicular en Brasil se caracterizó durante mucho tiempo por la ausencia de regulación. En medio de un mercado de seguros automotrices consolidado, pero con características propias de precios y estructura, las asociaciones de protección vehicular surgieron como una alternativa con una propuesta de acceso diferenciada, aún inserta en un contexto de definición y maduración del marco regulatorio. La inexistencia de supervisión estatal suscitaba debates sobre la solidez financiera y la transparencia de estas entidades.

Este escenario comenzó a cambiar con la promulgación de la Ley Complementaria n.º 213, de 15 de enero de 2025, que estableció el primer marco regulatorio del sector, sometiendo a las cooperativas de seguros y a las asociaciones de protección patrimonial mutualista a la supervisión de la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP). La Resolución SUSEP n.º 49, de 9 de abril de 2025, estableció un plazo de 180 días —entre el 16 de enero y el 15 de julio de 2025— para que las entidades realizaran su registro obligatorio. Al finalizar el plazo, según un comunicado oficial de la SUSEP, 2217 asociaciones de protección patrimonial mutualista completaron el proceso de registro dentro del plazo legal establecido por la ley, mientras que aquellas que no se inscribieron pasaron a figurar en situación irregular.

Para garantizar la eficacia del nuevo marco, la SUSEP creó un grupo de trabajo dedicado a la elaboración de normas complementarias y al seguimiento de la aplicación de la ley. En este contexto, se ha vuelto esencial que el consumidor verifique el registro de la entidad antes de adherirse a cualquier plan, consultando la lista oficial disponible en el sitio web de la autoridad. Aunque el nuevo régimen aporta mayor seguridad jurídica y transparencia, las diferencias estructurales entre el modelo de protección vehicular y el seguro tradicional siguen siendo relevantes. El seguro opera mediante el pago de una prima fija, con una cobertura previamente definida para la vigencia de la póliza. Por su parte, las asociaciones funcionan según el régimen de mutualismo y prorrateo, en el que los costes de los siniestros y los gastos administrativos se reparten entre los asociados, pudiendo variar el importe mensual en función de la siniestralidad y la dinámica del grupo, lo que revela una lógica distinta de organización financiera. Otro punto de distinción es el sistema de bonificaciones por buen historial. En el ámbito de las aseguradoras, es habitual la adopción de sistemas de bonificaciones que reflejan, a lo largo del tiempo, la ausencia de siniestros, mediante descuentos progresivos. En las asociaciones, por su parte, la lógica del mutualismo privilegia la contribución colectiva y el reparto solidario de los costes, independientemente del historial individual, lo que pone de manifiesto modelos distintos de gestión del riesgo y de formación de las contribuciones.

Las garantías financieras y jurídicas también presentan diferencias estructurales. Las aseguradoras son supervisadas continuamente por la SUSEP y están sujetas a requisitos de provisiones técnicas, reservas de capital y contratación de reaseguros, orientados a preservar la solvencia y la regularidad del pago de indemnizaciones. Las asociaciones, por su parte, se estructuran sobre la base de reservas internas formadas por las contribuciones de sus propios miembros, adoptando modelos propios de gestión financiera y de reparto de riesgos, compatibles con la lógica del mutualismo que las caracteriza.

Cabe destacar que en Brasil no existe un «Fondo de Garantía de Seguros» similar al FGC bancario. La solidez de las aseguradoras se deriva de los requisitos legales de solvencia y de la supervisión de la SUSEP, y no de un mecanismo de reembolso automático. La nueva normativa busca equilibrar dos principios constitucionales fundamentales: la libertad de asociación (art. 5º, XVII, de la Constitución Federal) y la protección del consumidor (art. 170, V, y art. 48 del CDC). El reto consiste en armonizar la autonomía de las entidades mutualistas con la promoción de la previsibilidad, la transparencia y el equilibrio en las relaciones jurídicas.

Es innegable el importante papel social que desempeñan las asociaciones, especialmente al ampliar el acceso a la protección patrimonial a públicos que, por diferentes razones, encuentran mayores barreras en el mercado asegurador tradicional. Los conductores jóvenes, los conductores con historial de siniestros, los propietarios de vehículos antiguos o modificados, los conductores de aplicaciones y las personas con restricciones de crédito encuentran en este modelo una alternativa compatible con sus realidades, con propuestas de cobertura y costes ajustados a la lógica mutualista.

En conclusión, la Ley Complementaria n.º 213/2025 y la Resolución SUSEP n.º 49/2025 representan un avance relevante en la organización del mercado de protección patrimonial, al establecer parámetros de transparencia, gobernanza y supervisión. Aunque el mutualismo asociativo y el contrato de seguro tienen naturalezas jurídicas y estructuras distintas, el marco regulatorio contribuye al fortalecimiento de ambos, preservando la libertad asociativa y, al mismo tiempo, ampliando la tutela de los participantes y asegurados. En este contexto, se recomienda a los interesados que verifiquen el registro de la entidad en la SUSEP y evalúen periódicamente los costes, las coberturas y las condiciones ofrecidas, con el fin de elegir, de forma consciente, el modelo más adecuado a su perfil y a sus necesidades de protección patrimonial.  

Fuente: Segs

Enlace: https://www.segs.com.br/seguros/439141-associacoes-de-protecao-veicular-impactos-da-nova-regulamentacao-no-mercado-de-seguros