Desde 2019, cualquier vehículo está obligado a contar con un seguro de responsabilidad civil, y este requerimiento es revisado por autoridades como la Guardia Nacional.
La exigencia de seguros obligatorios para circular en carreteras federales y estatales incrementó la afluencia de automovilistas en oficinas de la Unión Campesina Democrática en Monclova, donde además se reportó que alrededor de 300 vehículos quedaron sin regularizar tras concluir el decreto federal en 2025, informó José Alanís Rivera, coordinador regional del organismo.
El dirigente explicó que desde 2019 existe una legislación que obliga a todos los vehículos, tanto nacionales como extranjeros, a contar con un seguro de responsabilidad civil para poder transitar por carreteras.
Señaló que esta disposición es supervisada por autoridades como la Guardia Nacional, lo que ha motivado a los conductores a cumplir con este requisito para evitar sanciones.
Indicó que la UCD se encuentra promoviendo seguros básicos de responsabilidad civil entre sus afiliados, los cuales calificó como accesibles económicamente. Destacó que estos seguros han tenido buena aceptación, debido al temor de los automovilistas de enfrentar percances en carretera sin protección legal o financiera.
Incrementa demanda de trámites y orientación
Alanís Rivera detalló que en las oficinas de la organización se ha registrado un aumento en la atención a usuarios, principalmente para la renovación de vigencias 2026 y asesoría para viajes en carretera. Precisó que los destinos más frecuentes incluyen rutas hacia Acuña, Saltillo, Torreón y Cuatro Ciénegas, especialmente en periodos vacacionales.
Subrayó que además de la promoción de seguros, la UCD brinda orientación a sus afiliados en caso de accidentes o percances, con el objetivo de ofrecer respaldo y acompañamiento en situaciones legales o administrativas. Añadió que durante la temporada de Semana Santa continuarán operando para atender la demanda ciudadana.
En cuanto al programa de regularización de vehículos extranjeros, informó que dentro de su padrón lograron legalizar aproximadamente 700 unidades. Sin embargo, reconoció que cerca de 300 vehículos quedaron fuera del proceso debido a la falta de citas durante 2025, lo que limitó el acceso de los interesados.
Denuncian abusos de intermediarios en regularización
El coordinador regional señaló que durante el proceso de regularización se presentaron abusos por parte de intermediarios, conocidos como “coyotes”, quienes elevaron los costos del trámite.
Explicó que, aunque el costo oficial era de 2 mil 500 pesos, algunos ciudadanos pagaron entre 13 mil y 16 mil pesos para obtener sus documentos.
Advirtió que estos pagos adicionales no pueden ser recuperados, ya que no existe una figura legal que permita denunciar a los intermediarios.
Además, mencionó que muchos trámites se realizaron por medios electrónicos informales, donde los documentos eran entregados en puntos como tiendas de conveniencia o espacios públicos.
Finalmente, Alanís Rivera informó que la UCD mantiene gestiones ante autoridades federales para impulsar un nuevo decreto de regularización vehicular. Explicó que actualmente estos trámites solo pueden realizarse a través de aduanas, donde los costos oscilan entre 50 mil y 80 mil pesos, lo que limita el acceso de la población.
Fuente: El Siglo de Torreón
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