La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo que preside la senadora Nitza Moran Trinidad, evaluó en vista pública el Proyecto del Senado 557, que propone enmiendas al “Código de Seguros de Puerto Rico”, para permitir a profesionales certificados por la Junta Examinadora de Ingenieros, Agrimensores y de Arquitectos; y por la Junta Examinadora de Contadores Públicos Autorizados puedan ejercer como ajustadores sin necesidad de una licencia de ajustador en eventos catastróficos.

“Convocamos esta vista pública sobre este proyecto porque resulta imperativo en los momentos que está viviendo el pueblo de Puerto Rico ante la época inminente de huracanes y que apenas comenzamos el pico de la misma”, destacó Moran adelantando que se estarán evaluando las enmiendas presentadas a la pieza legislativa.

El proyecto, de la senadora de mayoría Roxanna Soto Aguilú, propone autorizar, en eventos catastróficos, a los profesionales certificados por la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico para que puedan ser contratados por las aseguradoras, hacer ajustes y liquidar reclamaciones de propiedad, sin necesidad de ostentar una licencia como ajustador ni estar sujetos a adquirir un permiso especial. Además, incluir a los profesionales certificados por la Junta Examinadora de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, para que puedan ser contratados por las aseguradoras para los ajustes de interrupción de negocios y pérdida de ingresos y liquidar las reclamaciones; y para otros fines.

Compareció a la audiencia el licenciado Alexander Adams Vega, Comisionado de Seguros, quien favoreció la medida con enmiendas. “Reconociendo la necesidad de llevar a cabo un manejo oportuno de las reclamaciones luego de una catástrofe coincidimos en que resulta imperativo que las aseguradoras cuenten con recursos suficientes para atender el repentino y alto volumen de reclamaciones que genera un evento catastrófico”, dijo Adams.

Asimismo, el deponente manifestó que los ingenieros, arquitectos y contadores públicos son profesionales que, por su formación, conocimientos y capacidades, resultarían ser recursos idóneos para asistir como ajustador independiente de emergencia en el manejo de reclamaciones, en la eventualidad de una catástrofe natural. “No obstante a lo anterior, entendemos que en este Proyecto se debe requerir a estos profesionales que, previo a actuar como ajustador independiente de emergencia, se registren como tal ante el Comisionado de Seguros”, recomendó Adams como enmienda al proyecto.

A su vez, Adams explicó que actualmente, como excepción a la norma general de requisito de licencia, en situación de una catástrofe general declarada por el Gobernador(a) de Puerto Rico, el Comisionado está facultado a otorgar un permiso especial de ajustador de emergencia a una persona sin tener que poseer licencia, de conformidad al Artículo 9.310 del Código.

Moran preguntó quién regula el licenciamiento de los ajustadores. Adams respondió que, en el caso de un evento catastrófico, como fue en el pasado Huracán María, el propio Código le faculta al Comisionado de Seguros emitir un permiso especial. “No es una licencia, sino un permiso, como dice la palabra especial que tiene una vigencia temporal, una vigencia de seis meses por programa”, añadió. Igualmente, la senadora cuestionó cómo evaluarían esta medida. “Nosotros favorecemos la medida siempre y cuando haya un registro. Esa es una sugerencia que estamos presentando a la comisión. Ese registro nos permitiría tener visibilidad de quiénes serían las personas que estarían llevando ajustes de reclamación a nombre de los aseguradores”, abundó el deponente.

Además, Moran preguntó sobre los agrimensores en particular. Adams indicó que, siguiendo las recomendaciones en el pasado del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, estamos reconociendo a los ingenieros civiles con la certificación.

La senadora de mayoría, Migdalia Padilla Alvelo, preguntó qué conlleva un profesional que no tenga una licencia de ajustador y tampoco permisos especiales. Adams contestó que, a parte de una licencia en caso de una catástrofe, el Código de Seguros permite que se pueda emitir un permiso especial. “Sabemos que una catástrofe, con el volumen de reclamaciones que surge, es un volumen sustancial y para que las compañías de seguro puedan tener recursos disponibles, se flexibiliza el requisito de licenciamiento… Aquí hay unos detalles que hay que ir concretando más. El aspecto de que tienen un permiso, pero ese permiso tiene que ser por un periodo de tiempo limitado”, detalló el deponente sugiriendo que el periodo sea uno de seis meses. Igualmente, Padilla preguntó qué impacto económico vislumbra la medida. Adams dijo que la medida no tiene impacto económico.

También, participó de la audiencia Cynthia Rijo en representación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), quien mostró reservas con la medida como está redactada, pero dijo estar en la mejor disposición de trabajar en el lenguaje para que continúe el trámite legislativo. “En el caso particular de los CPA, aunque tienen una licencia que certifica unos conocimientos mínimos en contabilidad, estos conocimientos no necesariamente están alineados para poder ajustar una reclamación de interrupción de negocio. Para poder realizar el ajuste de una reclamación de interrupción de negocio es indispensable estar familiarizados con los conceptos, cláusulas y regulaciones de la póliza de seguros”, dijo Rijo.

A preguntas de Moran sobre si actualmente tiene certificaciones sobre el tema de ajustes de seguros para los CPA. Rijo indicó que actualmente no, pero está en proceso con el Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados, que trabajan distintos tipos de certificaciones. “Ya nosotros nos estamos moviendo a traer y trabajar varias de esas certificaciones acá. Eso está combinado con esta iniciativa que nos parece muy importante. Pues entonces estaríamos dispuestos a trabajar en particular para poder atender esta necesidad”.

Igualmente, se presentaron ante la comisión el ingeniero José Raúl Torres y Amarilis Rosario en representación del Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Torres manifestó que avalan el proyecto con recomendaciones. “Nuestros profesionales son los idóneos para hacer un esfuerzo como éste”, afirmó. Igualmente, indicó que es necesario definir en el proyecto lo que es un evento catastrófico.

Además, el deponente indicó que cuando hay un evento catastrófico como un huracán o un terremoto, hay una pericia técnica que no necesariamente un ajustador tiene. “Un ajustador no va a poder determinar si estructuralmente la facilidad está en condición, si la subestación eléctrica está o no está funcionando, si tuvo daño, si no tuvo daño, si los sistemas de aire acondicionado se afectaron o no se afectaron”, abundó Torres. Igualmente, sostuvo que limitar la medida a los ingenieros civiles no tiene lógica porque la licencia de ingeniero es una sola. “Los daños en un evento catastrófico impacta todas las áreas”, dijo Torres.

Moran preguntó si cuentan con el banco de personas disponible para hacer este trabajo. Rosario respondió que sí. “El colegio posee un banco de datos que especifíca la concentración de cada uno de los ingenieros. Es una base de datos que se le requiere a los mismos colegiados para que indiquen su expertise”.

De igual forma, dijeron presente la licenciada Hilda Surrillo y Alexis Sánchez en representación de la compañía de seguros MAPFRE. Surrillo indicó que, aunque la medida es loable no favorecen la misma de la forma en que está redactada. Entre las recomendaciones, Surrillo indicó que el lenguaje debe decir facilitar en vez de garantizar la disponibilidad en un evento catastrófico. “Los recursos pueden cambiar de tiempo en tiempo. La medida debe tener objetivos realistas y factibles”, abundó la deponente. Además, Surrillo recomendó que se incluyan a los abogados por el conocimiento que pueden tener para interpretar la póliza y aplicar el contrato.

A la vez, Surrillo indicó reservas con el límite de 90 días para culminar el proceso. Explicó que el Huracán María, generó no solo las sobre 70,000 reclamaciones y divididas por sobre 90,000 sufijos (subdivisiones de reclamaciones) que recibió MAPFRE, sino, la más de las 225,500 reclamaciones presentadas por asegurados en todo Puerto Rico.

“Para los ejercicios del 2017 y del 2018, y con la expectativa de ajustar en las reclamaciones de pérdidas de propiedad en solo 90 días, la cantidad de ajustadores (incluidos los de emergencia, corporativos e individuales) no daban abasto para que se pudieran realizar el cierre según la ley disponible”, detalló. Igualmente, indicó que tiene que proveerse un mínimo de examen de un extracto de las partidas que estarán trabajando.

 

Fuente: WIPR

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