El Seguro Obligatorio de Protección de las Víctimas de Accidentes de Tráfico (SPVAT) sustituyó al antiguo DPVAT.
El SPVAT servirá para indemnizar los fallecimientos y casos de invalidez causados por accidentes
El retorno del seguro obligatorio de vehículos fue aprobado por la Cámara de Diputados en el primer semestre de 2024 a través del Proyecto de Ley Complementaria (PLP) 233/23. El texto se convirtió en la Ley Complementaria 207/24.
La redacción aprobada fue la substituida por el relator, diputado Carlos Zarattini (PT-SP), a la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.
El texto instituyó el Seguro Obligatorio de Protección a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (SPVAT), que ocupó el lugar del DPVAT, extinguido en 2020 durante el gobierno de Jair Bolsonaro.
La Caixa Econômica Federal gestionará el fondo formado a partir de las cantidades pagadas por los propietarios de automóviles y pagará las indemnizaciones. Desde 2021, el banco opera el seguro con carácter de emergencia tras la disolución del consorcio de aseguradoras privadas que administraba la DPVAT.
El gobierno de Lula alegó que el retorno del gravamen era necesario porque los recursos de la antigua DPVAT disponibles para la continuidad del pago de las indemnizaciones no eran capaces de soportar un año más.
Cómo se utiliza
Las principales medidas de la ley SPVAT son:
el seguro cubrirá las indemnizaciones por muerte en accidente de tráfico e invalidez permanente;
También reembolsará los gastos de asistencia médica, servicios funerarios y rehabilitación profesional de las víctimas;
las personas cubiertas por seguros o planes sanitarios privados no tendrán derecho al SPVAT;
el pago de la indemnización o reembolso se efectuará con la simple prueba del accidente o daño, independientemente de quién haya sido el culpable;
el importe se devengará aunque en el accidente hayan intervenido vehículos no identificados o en situación de impago con el seguro; y
la indemnización se abonará en un plazo de 30 días a partir de su recepción por la Caixa.
El texto destina entre el 35% y el 40% del importe recaudado por las primas de seguros a los municipios y estados donde exista un servicio de transporte público.
Fuente: Cámara dos Deputados
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