Las fallas del mercado impulsan la evolución del marco normativo en seguros. Casos como el de Escudo y TPC, muestran la fragilidad institucional y financiera.
El mercado asegurador argentino enfrenta desafíos significativos en términos de solvencia y regulación, en un contexto de creciente integración con un sistema financiero cada vez más globalizado. Recientes cambios como el nuevo régimen de capital mínimo, criterios sobre control como valuación de activos y la simplificación normativa, no son fenómenos aislados, sino que responden a una tendencia internacional que busca fortalecer la estabilidad sistémica y proteger a los asegurados ante eventuales crisis.
Este proceso presenta estrecha relación con la evolución del marco normativo internacional. Los Acuerdos de Basilea, para el sector bancario introdujeron mayores exigencias de capital y liquidez tras la fragilidad que evidenció el mercado con la crisis de 2008, promoviendo una cultura de gestión de riesgos más sólida, y la cual se alineó Solvencia II, para el mercado asegurador europeo a través de un enfoque basado en riesgos, imponiendo requisitos de capital más alineados con los perfiles de exposición de cada aseguradora.
En Argentina, como en el mundo, el marco regulatorio evoluciona a partir del análisis de reestructuraciones y liquidaciones que definirán los mecanismos de supervisión y control futuro. Casos como Omega y Federal hasta los más recientes del Grupo Campici, que adquirió en pocos años compañías como Escudo Seguros, Boston Seguros, TPC, CASCE y NRe, estas dos últimas vigentes mientras que las tres primeras en proceso de liquidación a la cual se une recientemente Orbis, muestran un patrón común de fragilidad institucional y financiera que justifica la intervención regulatoria.
Causas que llevan al cierre de aseguradoras
Por un lado, se evidencian estructuras de capital insuficientes a través de compañías que inician operaciones o crecen sin respaldo patrimonial genuino, apalancadas en esquemas de capital ficticio o inyectado a último momento para sortear controles.
Por otro lado, prácticas comerciales agresivas y desalineadas con la solvencia técnica como políticas de precios muy por debajo del mercado, comisiones exageradas para atraer productores, y la subestimación del riesgo asegurado que tiene un impacto en el cliente al distorsionar el costo razonable, no en base a eficiencia operativa, sino exclusivamente financiera.
Se le suma a ello, traslados sucesivos de cartera entre compañías vinculadas del mismo grupo, como forma de “fuga hacia adelante” para continuar operando pese a los desequilibrios acumulados en la compañía original han sido una práctica habitual en los 90´que en la actualidad no encuentra autorización dentro del nuevo marco regulatorio.
Además, la subestimación de reservas técnicas y juicios pendientes, especialmente en líneas críticas como Responsabilidad Civil (automotores), ocultando pasivos contingentes que terminan estallando en ejercicios futuros y finalmente una gobernanza opaca o informal, con falta de separación entre propiedad y gestión, y estructuras societarias poco claras o diseñadas para diluir la responsabilidad de los verdaderos controlantes que aplica a varias de las compañías que atravesaron este proceso.
Último punto, para limitar la responsabilidad final de estas decisiones y prácticas que con la modificación de la RGAA en 2024 permite erradicar al modificar la exigencia de informar la transferencia de acciones y aportes de capital en un plazo de 48 horas.
Estas acciones han expuesto los riesgos para el productor y para el asegurado de estas estrategias de expansión agresivas, basadas en políticas de precios bajos y esquemas de incentivos orientados a capturar grandes volúmenes de producción, muchas veces sin el respaldo financiero correspondiente.
El caso de TPC
La liquidación de TPC por déficit de capital es un ejemplo de los efectos del cambio de estrategia de nicho que venía desarrollando hasta la compra del grupo y que desembocó en una expansión sin margen técnico, la participación de Ficsa S.A. que sería accionista de TPC, y enfrenta un proceso de quiebra por endosar 100 millones de cheques de Boston Seguros y entregarlos a un fondo de inversión revelan que el sistema se mejora a partir de los derrames que se detecta en estos procesos.
El nuevo régimen de capital mínimo unificado, los controles cruzados en grupos económicos, y las herramientas digitales de supervisión en tiempo real que hoy implementa la SSN son consecuencia directa de estas experiencias. En definitiva, la regulación no sólo se adapta a los desafíos globales, sino que en Argentina también es reflejo de las lecciones que deja cada caída en el sistema.
Fuente: Ámbito
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