Desde su adhesión al Acuerdo de París, Brasil opera en un mercado voluntario de créditos de carbono, en el que las empresas fijan sus propios objetivos para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde entonces, las aseguradoras han estado explorando formas de mitigar los riesgos asociados a las transacciones voluntarias, como el impago, la no entrega de créditos, la invalidación o la cancelación por problemas de certificación.
Ahora, la promulgación de la Ley 15.042 el 11 de diciembre del año pasado marca el inicio de la transición a un mercado regulado, estableciendo el Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SBCE). El cambio conlleva nuevas exigencias de seguridad jurídica y operativa, que deberían atraer inversiones y fomentar la expansión del sector.
Este escenario exige soluciones de seguros más sofisticadas para mitigar riesgos específicos, como cambios normativos y fenómenos meteorológicos extremos que afecten a proyectos de reforestación o conservación, así como riesgos políticos asociados a operaciones transnacionales. Además, el hecho de que los créditos de carbono se equiparen a valores supervisados por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) brasileña aumenta la necesidad de protección frente a riesgos jurídicos y financieros.
En este sentido, el mercado de seguros debe actuar como un pilar fundamental en la estructuración y viabilización de proyectos de créditos de carbono, tanto en el mercado interno como para la exportación.
¿Cuáles son las perspectivas de la nueva ley?
El SBCE se pondrá en marcha por fases, previéndose que su plena operatividad se produzca en un plazo máximo de cinco años. La reglamentación inicial, la creación del órgano de gestión y la definición de los sectores que serán regulados tendrán lugar en la primera fase, que deberá durar entre 12 y 24 meses.
Durante este periodo se establecerán los detalles operativos del sistema y las bases jurídicas para el funcionamiento del mercado.
¿Qué cambiará con la regulación?
A partir de ahora, las empresas tendrán unos límites anuales de emisiones de gases de efecto invernadero determinados por el Gobierno. Será obligatorio presentar informes normalizados de seguimiento, notificación y verificación (MRV) de las emisiones.
Los créditos de carbono se equipararán a los valores mobiliarios y serán supervisados por la CVM. Este cambio aporta previsibilidad y estabilidad al mercado, aumentando la seguridad jurídica de las transacciones. También crea una nueva clase de activos que las empresas pueden explotar.
Se aplicarán criterios normalizados para certificar los créditos y verificar las emisiones, lo que reducirá el riesgo de fraude, como la venta duplicada de créditos o las certificaciones inadecuadas.
La normativa equipara a Brasil con las prácticas internacionales, aumentando la confianza de los inversores nacionales e internacionales y facilitando la exportación de créditos de carbono a mercados regulados como la Unión Europea, Estados Unidos (California) y Nueva Zelanda.
Potencial de mercado en Brasil
Con su vasta cobertura forestal, el país se encuentra en una posición privilegiada para implementar iniciativas de captura y reducción de emisiones, como proyectos de reforestación, restauración de biomas y gestión sostenible, lo que señala un enorme potencial para destacarse como proveedor mundial de créditos de carbono.
Con el apoyo técnico del Banco Mundial, a través del programa Partnership for Market Implementation (PMI), el país está siguiendo una hoja de ruta que incorpora aprendizajes y experiencias mundiales. El sector de los seguros tiene un papel estratégico en este escenario para reforzar el actual mercado voluntario y apoyar la construcción de una base sólida para la transición a un mercado regulado.
Con esta perspectiva, no es necesario esperar cinco años para actuar: el momento de estructurar operaciones sólidas y fiables y atraer a nuevos inversores es ahora.
Fuente: Sonho Seguro
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