El Gobierno ha puesto en manos del supervisor de seguros los estudios para la creación de un fondo sísmico, pero hay que elegir alternativas y analizar impactos. El supervisor espera concluir los trabajos técnicos que conduzcan a esta solución el año que viene, periodo en el que también espera definir los plazos máximos para que las aseguradoras reembolsen los seguros contra incendios. Son objetivos definidos en el plan de actividades de la Autoridad de Supervisión de Seguros y Fondos de Pensiones (ASF) para 2024, publicado a finales de la semana pasada.
La presidenta de la ASF, Margarida Corrêa de Aguiar, describe como línea de actuación para el próximo año "finalizar el trabajo técnico, iniciado en 2023, sobre una solución técnica para la creación de un fondo sísmico, incluyendo el aspecto legislativo", según el documento.
Pero hay más referencias en estas perspectivas para el próximo año: "A lo largo de 2024, la ASF actualizará los estudios de evaluación del escenario actual, elaborará propuestas para el diseño de un fondo sísmico y, en consecuencia, analizará el impacto de las diferentes opciones, además de llevar a cabo actividades generales de sensibilización sobre la importancia y el alcance de esta cuestión."
Con Portugal mal posicionado en términos de protección de seguros en caso de terremotos u otros desastres naturales, el gobierno ha decidido seguir adelante con el fondo de riesgo sísmico - que el sector ha pedido durante mucho tiempo.
Antes de que finalice el primer trimestre, la ASF deberá presentar "un informe preliminar con una propuesta de modelo de sistema de cobertura del riesgo de fenómenos sísmicos". Después, también deberá crear un proyecto de ley para regular el sistema. Estos son asuntos que la ASF ha incluido en su plan de actividades.
La "elaboración y redacción de un anteproyecto de diploma jurídico para crear y regular un sistema de cobertura del riesgo de fenómenos sísmicos y el respectivo mecanismo de gobernanza y financiación" es una de las tareas previstas por la ASF para el próximo año.
El sector asegurador aboga por fondos sísmicos obligatorios para todas las viviendas, y la ASF prepara ahora un fondo sísmico de protección generalizada, teniendo en cuenta que, según sus propias estimaciones, menos del 20% del parque de viviendas está protegido por un seguro, lo que significa que, en caso de un evento de esta naturaleza, "una gran parte de la población afectada dependerá exclusivamente de sus ahorros y/o de posibles ayudas públicas para compensar los daños a su patrimonio".
La reducción de estas brechas de protección -en la práctica, pérdidas potenciales de un evento que no están cubiertas por el seguro- es una de las tendencias que la ASF ve, no sólo en relación con los terremotos, sino también con el "cambio climático", la "digitalización" y la "longevidad de la población". Otras tendencias son la "transición sostenible" y los "riesgos cibernéticos", y sus respectivos impactos en los operadores y los consumidores finales.
En cuanto a otros objetivos para 2024, la ASF pretende seguir estudiando la adopción de plazos máximos para la liquidación de siniestros en los que se active el seguro de incendios, con la propuesta de "realizar los trabajos necesarios para implantar un sistema específico de liquidación de siniestros en el seguro de incendios y otros daños".
Actualmente, el asegurado debe ponerse en contacto con la aseguradora en un plazo máximo de ocho días. La aseguradora tiene que realizar investigaciones y peritajes para reconocer el siniestro y constatar los daños y sólo después de estos pasos se establece un plazo, según la legislación vigente desde 2009: "si transcurren 30 días desde las conclusiones previstas en el párrafo anterior sin que se haya pagado la indemnización o autorizado la reparación o reconstrucción, por causas no justificadas o imputables a la aseguradora, se devengarán intereses al tipo legal vigente sobre el importe de dicha indemnización o sobre el precio medio a valor de mercado de la reparación o reconstrucción, respectivamente".
LABORATORIO PARA EL AHORRO
Pero la ASF también ha adelantado que el próximo año pretende poner a disposición "una nueva herramienta para dar a conocer las comisiones y rendimientos en el contexto de los PPR (planes de ahorro para el retiro), que además permitirá una mejor comparabilidad". En este ámbito, propone crear un "laboratorio del ahorro a largo plazo" para la jubilación.
Un estudio promovido por la ASF y publicado el año pasado concluía que menos de la mitad de los portugueses (42,7%) ahorran para su jubilación.
Como advertencia a las compañías de seguros, la ASF deja claro que la nueva forma de supervisar el sector se ultimará el año que viene, y se definirá el camino para poner en marcha las inversiones tecnológicas, "concretamente en herramientas analíticas e infraestructuras de apoyo a la gestión de datos".
Fuente: Expresso
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