La iniciativa limitaba el número de aseguradoras por regiones, lo que obligaba al traslado hacia la Nueva EPS.
El Consejo de Estado decidió suspender, provisionalmente, el decreto del Gobierno que ordenaba la reorganización territorial de las EPS en Colombia y limitaba el número de aseguradoras por municipios y departamentos.
La decisión ocurre luego de que la excongresista Katherine Miranda presentara una solicitud de medida cautelar para la suspensión de la iniciativa, en la que advirtió posibles traslados forzosos de millones de usuarios hacia la Nueva EPS.
Tras estudiar la demanda, el alto tribunal determinó que “el modelo normativo adoptado por el Gobierno no satisface las exigencias del principio de proporcionalidad, en tanto las medidas adoptadas comportan una afectación relevante del derecho fundamental a la salud, en particular la libre escogencia, y los principios de accesibilidad, disponibilidad, calidad y continuidad del servicio, reconocidos en el artículo 49 de la Constitución Política”.
La reorganización territorial de las EPS fue formalizada bajo el decreto 0182 de 2026, que redefinía nuevas reglas para la operación de aseguradoras basadas en regiones y subregiones.
La iniciativa limitaba la presencia geográfica de las EPS, lo que obligaba al traslado de millones de afiliados a la Nueva EPS, que está bajo intervención estatal, lo que tendría consecuencias en la libre escogencia de los usuarios, entre otras afectaciones.
Tras la decisión, la demandante Katherine Miranda aseguró que "logramos que el Consejo de Estado frenara el decreto con el que el Gobierno pretendía mover millones de usuarios a la Nueva EPS sin su consentimiento. Una EPS intervenida por el mismo Gobierno y que hoy enfrenta miles de quejas por demoras, falta de medicamentos y fallas en la atención. La salud no se improvisa. Seguimos haciendo control político y defendiendo a millones de colombianos”.
Los argumentos del Gobierno
En su momento, el Ministerio de Salud y Protección Social argumentó que el decreto 0182 respondía a fallas estructurales del sistema y rechazó interpretaciones que señalan que el decreto implicaría traslados masivos de afiliados entre entidades promotoras de salud (EPS).
Según explicó la cartera, la norma establece mecanismos técnicos de asignación de afiliados únicamente cuando una EPS no garantiza condiciones adecuadas de operación en un territorio, con el objetivo de evitar interrupciones en la prestación de servicios.
“No se trata de un traslado masivo ni arbitrario de usuarios”, señaló el Ministerio, al precisar que la medida busca corregir problemas que han afectado la atención de millones de personas en el sistema de salud.
El Ministerio indicó que el decreto se orienta a garantizar la continuidad del servicio y proteger el derecho fundamental a la salud, bajo criterios de sostenibilidad, acceso efectivo y organización territorial del aseguramiento.
“Esta norma no busca afectar a los usuarios ni restringir derechos, sino corregir fallas estructurales del sistema de salud que durante años han puesto en riesgo la atención de millones de colombianos”, afirmó la entidad.
De acuerdo con el Gobierno, la asignación de afiliados solo se aplicará cuando una EPS no tenga capacidad operativa o financiera en un territorio determinado. En esos casos, el Estado podrá activar mecanismos de asignación para garantizar que los usuarios continúen recibiendo atención.
La cartera recordó que la continuidad del servicio es un mandato constitucional, por lo que la atención no puede interrumpirse por dificultades administrativas o financieras.
En este contexto, el Ministerio también aclaró que el decreto no elimina el derecho de libre escogencia de EPS, sino que establece condiciones para su ejercicio dentro de una oferta real de servicios.
“La libre escogencia se preserva dentro de condiciones reales de prestación del servicio”, explicó la entidad, al señalar que este principio debe garantizar acceso oportuno y continuidad en la atención, tal como lo establece la Ley Estatutaria de Salud.
La normativa también contempla medidas para fortalecer la atención en zonas rurales y rurales dispersas, así como en ciudades principales. Según el Ministerio, el objetivo es mejorar la prestación de servicios en los centros de salud correspondientes y garantizar acceso oportuno a medicamentos y otros servicios esenciales.
Fuente: Portafolio
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