Petición fue hecha por consultor internacional, Ramón Tamburini, porque el seguro agrícola es clave para la producción

El consultor internacional de Insurance Technology, Ramón Tamborini, sugirió al ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, que coloque entre sus prioridades el fortalecimiento al seguro agropecuario, imprescindible para la producción de alimentos, siempre amenazada por el cambio climático.

Dijo que en el país la respuesta tradicional ante eventos climáticos extremos ha sido la entrega de ayudas discrecionales, la mayoría de ellas sin criterios técnicos claros (sin levantamientos de daños verificables y sin mecanismos efectivos de fiscalización).

Expresó que Espaillat “tiene la oportunidad de romper con la improvisación, sustituir ayudas discrecionales por subsidios transparentes y suficientes a la prima, reestructurar y reducir la DIGERA (Dirección General de Riesgos Agropecuarios), a fin de adecuar sus gastos al tamaño del fondo que administra, no exceder el 20%, y rescatar a Agrodosa, como pilar de la seguridad alimentaria nacional”.

Afirmó que el seguro agropecuario, representado por la Aseguradora Agropecuaria Dominicana (Agrodosa) fue “visiblemente descuidado” por la administración de 5 años de Limber Cruz, en Agricultura.

Recordó que ese abandono llegó a niveles tan críticos que la Superintendencia de Seguros se vio obligada a emitir una advertencia formal sobre el posible cierre de Agrodosa, una situación si precedentes para una institución clave en la protección del productor agropecuario del país.

Señaló que, según los informes públicos de la Superintendencia de Seguros, al cierre del 2024, el Estado le debía más de RD$898 millones a Agrodosa.

Agregó que “ese hecho debe servir como señal de alerta: sin un sistema de seguro agrícola, el país queda atrapado en un sistema reactivo, costoso e ineficiente, basado en ayudas improvisadas después del desastre”.

Tamburini precisó que, para el productor agrícola, las ayudas suelen llegar tarde y en montos insuficientes para reiniciar la producción, pagar compromisos financieros y sostener el empleo rural.

Dijo que, con frecuencia, esos recursos terminan beneficiando a personas sin vínculos real con la actividad agropecuaria (allegados a políticos o actores que sufrieron daños mínimos, mientras productores auténticos, formalizados y con pérdidas comprobadas, quedan relegados).

El consultor precisó que “esa práctica erosiona la confianza pública, castiga al agricultor responsable y desincentiva al productor asegurarse”, lo que se puede corregir fortaleciendo el seguro agropecuario.

El consultor Tamburini indicó que cualquier reforma que se le haga al seguro agrícola, sería saldar la deuda que el Estado mantiene con Agrodosa.

 

Fuente: Hoy

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