La experiencia piloto, impulsada desde hace años por ADIRA y el sector asegurador, cubre más de 500.000 hectáreas de soja y maíz y se presenta como un modelo replicable para otras provincias agrícolas.

Córdoba se convirtió en la primera provincia del país en implementar desde el sector público un seguro multirriesgo agrícola de gran escala, orientado a proteger a los productores frente a eventos climáticos extremos. La experiencia, que se desarrolla como prueba piloto, alcanza a más de 500.000 hectáreas de soja y maíz y marca un punto de inflexión en la forma de abordar la gestión del riesgo agropecuario en la Argentina.

La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el gobierno provincial y especialistas de empresas que forman parte de la Asociación de Aseguradores del Interior de la República Argentina (ADIRA), entidad que desde hace años impulsa esquemas de articulación público-privada para ampliar el alcance de las coberturas disponibles. Luego de distintas instancias de diálogo entre múltiples gobiernos y las empresas líderes del sector asegurador, agrupadas en la asociación, se da este gran proyecto que busca ser replicado en otras provincias del país.

UN SEGURO INNOVADOR PARA EL AGRO

El nuevo seguro multirriesgo implementado por el Gobierno de Córdoba cubre daños directos por granizo, viento o heladas, pero además incorpora coberturas frente a sequía e inundación, dos riesgos considerados sistémicos por su impacto territorial y económico, que hoy no cuentan con soluciones comerciales en el país. La cobertura, que se activa cuando el rendimiento obtenido por productor y cultivo se ubica por debajo de un umbral definido para cada zona, garantiza un piso que permite afrontar los costos básicos de producción como mínimo.

El gerente de Riesgos Agropecuarios de La Segunda, el ingeniero agrónomo Carlos Comas, explica: “Es la primera vez que hay un seguro de este volumen. A pocos días de lanzarse, ya había más de 700 productores inscriptos”. A su vez, Comas hace énfasis en que el modelo público- privado ya fue implementado en otras zonas: “Hay antecedentes en provincias como Mendoza, Corrientes y Chaco, donde ya vamos por la tercera campaña de un multirriesgo para girasol, aunque a una escala mucho menor”. La diferencia principal con esta experiencia radica en la magnitud, ya que mientras en Chaco la superficie ronda las 60.000 hectáreas, en la región cordobesa el volumen supera las 500.000 alcanzando una dimensión inédita para el mercado argentino.

La clave de una implementación tan veloz y abarcativa en la provincia del centro argentino se debe principalmente al programa de Buenas Prácticas Agrícolas que ya tiene 10 años en Córdoba: “Esto permitió contar con información histórica confiable para que las aseguradoras pudieran analizar y tarifar porque incluso contaban con un relevamiento de gestión del riesgo como una práctica agrícola”, explica Marcelo Girardi, director de MGA Group. A su vez, el acuerdo entre las compañías con la provincia de Córdoba otorga una cobertura 100% gratuita por un año a los productores. Según Girardi, se trata de un reconocimiento al esfuerzo de quienes adoptaron rotaciones, uso responsable del suelo y una agricultura más sustentable y consciente: “No es un productor que se suma ahora solo por el seguro. Son productores con un track record, con datos sólidos, y eso es fundamental para el funcionamiento del sistema”, afirma Girardi.

UNA COBERTURA EN ALIANZA CON EL ESTADO PARA RIESGOS SISTÉMICOS

Aunque cerca del 50% del área sembrada del país hoy cuenta con algún tipo de seguro, la mayoría de esas coberturas se limita a daños puntuales y no contempla eventos catastróficos de gran extensión. Desde la perspectiva técnica, Juan Manuel Carrizo, jefe de Suscripción de Riesgos Agropecuarios de San Cristobal Seguros, suma: “Hoy el mercado solo cubre daños directos como granizo, heladas o viento. Sequía e inundación no tienen cobertura y son justamente los riesgos que más afectan a una provincia en términos de producción y recaudación”. En ese sentido, considera que el esquema cordobés introduce una herramienta distinta, que apunta a reducir la necesidad de asistencias de emergencia que, muchas veces, resultan insuficientes.

Comas también hace alusión a los daños inabarcables de un evento climático como los mencionados: “El mercado, por sí solo, no tiene capacidad para absorberlos. Los riesgos sistémicos no tienen hoy una respuesta comercial viable porque implican tasas muy superiores a las de un seguro tradicional de granizo. Por eso es indispensable un Estado presente, que ayude a que ese seguro no sea económicamente inviable para el productor”, agrega

UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA PARA LOS NEGOCIOS

Para Gustavo Mina, gerente de Seguros Agropecuarios de Sancor Seguros, el valor del seguro multirriesgo va más allá de la cobertura puntual: “El seguro es una herramienta de estabilización del negocio. Permite que, ante un evento climático severo, el productor recupere al menos lo invertido y no se rompa la cadena de pagos”, afirma. Ese efecto, agrega, se traslada al conjunto de la economía provincial: municipios y provincias mantienen su recaudación y se sostiene la actividad económica, reduciendo la presión fiscal y social derivada de las emergencias.

El consenso entre los actores es que la experiencia de Córdoba no solo es viable, sino replicable a otras provincias o a nivel nacional. Para ello, Girardi señala un requisito central para los estados que quieran participar: información de calidad, oficial y trazable, que garantice imparcialidad y confianza en el sistema. Con ese respaldo, y con el trabajo de concientización, diálogo y articulación que propone ADIRA como cámara federal del sector asegurador, el modelo puede adaptarse a otras provincias donde la producción agrícola es un pilar de la economía.

En este escenario, ADIRA sostiene que los seguros agropecuarios, y en particular un seguro multirriesgo con apoyo público, son una herramienta clave para transferir riesgos en una actividad expuesta de manera permanente a eventos climáticos imprevisibles. Frente a un cambio climático que intensifica daños y pérdidas, fortalecer estos instrumentos no solo protege al productor, sino que resguarda la continuidad de una cadena productiva estratégica para las provincias y el país, que sostiene economías regionales, empleo y servicios asociados. Impulsar políticas públicas que acompañen la gestión del riesgo agropecuario no es solo una decisión técnica, sino una condición necesaria para la sustentabilidad y el desarrollo del sistema productivo nacional.

 

Fuente: Ánfora Comunicación

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