Boletín Nº 6029
Corte avala cobro de impuesto a seguros de vida mayores a $161 millones en 2025
Colombia, Agosto 02 , 2025
La Corte Constitucional aprobó el cobro de impuestos a quienes reciban más de $161 millones de pesos por una indemnización de seguro de vida. El alto tribunal concluyó que ese dinero sí aumenta el patrimonio de las personas beneficiadas de manera que están obligadas a pagar impuestos si superan ese monto.
La decisión fue tomada al estudiar una demanda que pedía declarar inconstitucional esa norma, al considerar que era injusta porque no tenía en cuenta la situación económica de las personas que reciben esas indemnizaciones. Pero, la Corte no estuvo de acuerdo con esa idea.
El Tribunal analizó el artículo 303-1 del Estatuto Tributario, que fue modificado por la Ley 2277 de 2022 y dijo que el dinero recibido por un seguro de vida representa una ganancia inesperada, que entra al patrimonio de una persona. Por eso, puede ser gravado como una “ganancia ocasional”.
“Se trata de sumas de dinero que, antes del fallecimiento de la persona asegurada, no tenían los beneficiarios y que representan un aumento en su patrimonio”, explicó la Corte.
La norma dice que no se paga impuesto si el dinero recibido por el seguro de vida no supera los 3.250 UVT, que en 2025 equivalen a $161.846.750.
Solo si la indemnización supera ese valor, se debe pagar un impuesto único de $24.277.012. La persona aún conservaría, libre de impuestos, un monto de $137.569.737, que equivale a unos 97 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Para el Tribunal, si alguien recibe más de $161 millones por un seguro de vida, tiene los medios para pagar un impuesto como el que ordena la norma. Y afirmó que ese impuesto no afecta su sustento ni pone en riesgo sus condiciones de vida.
Además, la Corte señaló que el análisis de la capacidad económica no solo se hizo pensando en quien contrató el seguro, sino también en quien lo recibe.
Aunque aprobó la norma, la Corte pidió que en el futuro cuando se hagan cambios en los impuestos, se hagan estudios más completos sobre la capacidad económica de las personas, para que las decisiones sean más precisas.
Según la Corte, esta norma busca que todos los ciudadanos con capacidad económica ayuden a financiar los gastos del Estado. También tiene como fin mejorar la justicia tributaria: que quienes tienen más, aporten más. Además, evitar que algunas personas con altos ingresos evadan el pago de impuestos por medio de beneficios excesivos.
“La medida es adecuada para lograr esa finalidad”, concluyó la Corte en su sentencia.
Fuente: Hoy