En España se prevén daños por 3.500 millones de euros como consecuencia de la dana. Es el último gran ejemplo del dilema del sector asegurador ante el aumento de las catástrofes naturales: la cobertura de sus clientes frente a una crisis de rentabilidad. El equilibrio pasa por nuevos modelos de negocio y colaboración público-privada.

El mundo en 2025: claves para entender lo que viene

Mientras la población afectada por la dana intenta sobreponerse al desastre y afrontar las arduas tareas de reconstrucción, el sector asegurador también encara la catástrofe natural más cara de la historia de España. El agua, el barro y los escombros ponen a prueba la capacidad de actuación e influencia de un sector que gana protagonismo ante el aumento evidente de los fenómenos climáticos extremos. Una rama de la actividad empresarial que eleva su peso sobre las decisiones políticas, urbanísticas y económicas frente a los efectos del cambio climático.

Los pronósticos sitúan entre las principales amenazas un incremento de las olas de calor, incendios forestales, escasez de agua, inundaciones y tormentas más intensas. Estos riesgos afectarán a las regiones, sectores económicos y sociales de manera distinta, pero su aumento global eleva la presión sobre el mercado de seguros, aumentando las primas y modificando las coberturas. Se prevé que las primas aumenten un 50% para 2030 por las tensiones relacionadas con el cambio climático, lo que afectará la rentabilidad de unas compañías que buscan modelos alternativos, ajustan sus políticas y adoptan un enfoque más duro en la evaluación de riesgos y la dotación de coberturas.

Las pérdidas ocasionadas por desastres naturales en 2023 alcanzaron los 280.000 millones de dólares. El 62% no estaban asegurados, lo que subraya los grandes vacíos de protección que enfrentan muchas personas en todo el mundo. Si bien la brecha de seguros en los países industrializados se ha reducido en los últimos años, se mantiene en los países en desarrollo y emergentes que son particularmente susceptibles a los desastres naturales. Esta situación de vulnerabilidad y la brecha entre los riesgos globales y los asegurados aumentará al tiempo que lo hacen los fenómenos climáticos extremos.

Las aseguradoras como motores de recuperación

En España, la perspectiva es que las pérdidas lleguen a niveles nunca vistos. Tal fue el impacto de lo sucedido el 29 de octubre en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha sobre las viviendas, vehículos, infraestructuras, tiendas, centros logísticos o cultivos agrícolas. La patronal de los seguros, Unespa, lo calificó como el siniestro más importante de la historia del país relacionado con un evento climático extremo. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) prevé daños totales por 3.500 millones de euros y ha recibido más de 230.000 solicitudes de indemnización. Este organismo del Ministerio de Economía se encarga del grueso de las indemnizaciones por daños extraordinarios frente a catástrofes de estas dimensiones, sumado a las compañías aseguradoras o Agroseguro en casos concretos.

Según Unespa, la Comunidad Valenciana tiene una de las tasas más altas de aseguramiento en España, con un 76%. Como norma general, el CCS cubre a quienes tuvieran seguro previo y lo activan en caso de un evento catastrófico como mecanismo de apoyo. Sin embargo, la tasa de aseguramiento aún deja una parte considerable de la población fuera de la cobertura, lo que plantea desafíos en términos de protección y dirige a estas personas a las ayudas de las administraciones públicas para paliar los daños producidos.

La dana y su devastación se han convertido en el desastre más costoso de la historia de España, como el huracán Katrina de 2005 para Estados Unidos. Las aseguradoras en el país norteamericano desembolsaron más de 40.000 millones de dólares para la reconstrucción de hogares, negocios e infraestructuras, especialmente en Nueva Orleans y comunidades costeras y rurales del resto del estado de Luisiana, además de otros estados como Misisipi, Alabama y Florida. Sin embargo, el huracán golpeó la región en un lugar particularmente vulnerable y las disparidades entre la población se acentuaron en el periodo posterior al desastre. Uno de los principales motivos fue que muchas personas no tenían un seguro adecuado y quedaron excluidas de los beneficios, lo que profundizó las desigualdades económicas y raciales en un contexto donde los daños materiales ascendían a 146.000 millones de dólares, según Morgan Stanley.

Las aseguradoras fueron cruciales en la recuperación de la región afectada. Pero también fueron criticadas por la lentitud en el desembolso de las indemnizaciones y las dificultades de acceso para muchos colectivos de población, lo que indirectamente les dio control sobre el ritmo y las prioridades de reconstrucción. El huracán Katrina también impactó en las primas de seguros, que aumentaron ligadas a la magnitud de los daños y la cantidad de reclamaciones. Este aumento afectó tanto a los propietarios de viviendas como a las empresas, que tuvieron que asumir mayores costes para mantener sus coberturas ante futuras amenazas.

Más que asegurar: influencia en políticas públicas y regulación climática

Para 2040, las pérdidas por fenómenos meteorológicos aumentarán entre un 35% y un 120% en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, según Swiss Re, la segunda mayor reaseguradora del mundo. Detrás estará el aumento de las inundaciones, los huracanes y ciclones o los incendios forestales. Estas previsiones ponen al sector asegurador ante un doble dilema: la accesibilidad para sus clientes frente a una inminente crisis de rentabilidad. No logran incrementar las tarifas proporcionalmente al aumento de los siniestros, pero, mientras las aumentan, cada vez menos clientes las pueden pagar e incluso en zonas de alto riesgo se eliminan las coberturas.

En California, aseguradoras como State Farm han dejado de ofrecer nuevos seguros de hogar por el riesgo creciente de incendios forestales. Esto ha forzado a los legisladores a intervenir creando alternativas como el Plan Fair, un plan estatal utilizado como aseguradora de último recurso a modo de póliza residencial básica para daños por incendio y humo. Mientras tanto, los legisladores buscan soluciones sostenibles a largo plazo y negocian con las aseguradoras una cobertura de al menos el 85%.

La retirada de las compañías de seguros en zonas de alto riesgo amenaza con desestabilizar la economía local en estados como California, Florida y Luisiana. Sin seguro, los compradores de viviendas tienen más dificultades para obtener hipotecas, lo que devalúa el mercado inmobiliario. Ante esta situación, el Senado ha iniciado una investigación para identificar las áreas que podrían quedar desprotegidas próximamente e investigar las consecuencias económicas. En los casos en los que se mantienen las coberturas, el seguro de hogar está aumentando en promedio por encima del 11%. Esta situación aumenta el riesgo de perturbaciones económicas y sociales ante el cambio en los vehículos tradicionales de gestión de riesgo.

Por ello, las aseguradoras están sumando al ajuste en sus modelos de negocio medidas para reducir los riesgos vinculados al cambio climático. Estas incluyen estrategias internas para evaluar y tasar mejor los riesgos, especialmente con modelos paramétricos, big data e inteligencia artificial; un mejor servicio al cliente con planes de concienciación y mitigación, y colaboraciones para mejorar la resiliencia junto a los reguladores y otros agentes.

Un ejemplo es el estado de Queensland, en Australia, históricamente afectado por inundaciones severas. Allí se ha desarrollado una de las políticas más avanzadas y colaborativas para la gestión de riesgos de inundación, que involucra tanto al Estado como a las aseguradoras. El Queensland Flood Risk Management Framework es un enfoque marco diseñado para gestionar el riesgo de inundaciones de manera sistemática y basada en evidencia. Para ello establece estándares que permiten evaluar, mitigar y responder al riesgo de inundación, promoviendo una colaboración estrecha entre Gobiernos locales, estatales y la industria aseguradora.

Índice del impacto de las catástrofes naturales

Los países de menor riqueza son los más golpeados por las catástrofes naturales, mientras que los más ricos sufren mayor impacto económico.

Además, Queensland ha invertido en mejorar los mapas de inundación y en el análisis de datos para predecir y modelar riesgos. Estos mapas son utilizados tanto por aseguradoras para ajustar sus productos como por Gobiernos locales para planificar el uso del suelo y evitar desarrollos en zonas de alto riesgo. Con un enfoque integrado, sector público y privado también han promovido campañas de concienciación sobre el riesgo de inundaciones y el valor de contar con seguros adecuados.

En Alemania, Allianz, la principal aseguradora germana, está liderando el debate sobre la posibilidad de establecer el seguro obligatorio que se ha desatado tras las terceras grandes inundaciones sufridas en el país en pocos meses. La compañía sostiene que el seguro obligatorio por sí solo, sin más iniciativas de prevención de inundaciones, no es una alternativa sensata. Frente a ello pide un enfoque más coherente que incluya medidas de prevención y protección para adaptarse al impacto del cambio climático, así como una cobertura de seguros “adecuada al riesgo” y apoyo gubernamental ante fenómenos naturales extremos.

Allianz también argumenta que los daños a los edificios se pueden prevenir o reducir si el país aumenta la conciencia social y aplica medidas de prevención, incluidas presas más altas y resistentes, e introduce requisitos para el uso de materiales de construcción resistentes al agua. Asimismo, la aseguradora apoya las peticiones para prohibir la construcción en zonas inundables.

Sin ir más lejos, uno de los países europeos más frágiles ante el aumento del nivel del mar, Países Bajos, se afana en desarrollar medidas de mitigación y adaptación. Con un tercio del territorio situado bajo el nivel del mar, la Estrategia Nacional de Adaptación al Clima lanzada en 2016 impulsa nuevas iniciativas de adecuación climática en todo el país.

Paradójicamente, la cobertura de seguros en Países Bajos es muy limitada debido a factores históricos y estructurales. El país cuenta con un extenso sistema de infraestructuras para protegerse de las inundaciones que reduce el riesgo, lo que ha hecho que los ciudadanos y las empresas no perciban tanto la necesidad de seguros privados. Además, en lugar de seguros privados, el Gobierno ha proporcionado compensación en eventos extremos bajo la Ley de Reembolso por Desastres, aunque este enfoque está en revisión debido a la creciente presión para que el mercado asegurador adopte un papel más activo.

Desafíos de un reto conjunto

Ante los impactos en ascenso de los desastres naturales vinculados al cambio climático, los Gobiernos deben garantizar la protección de su población, su tejido productivo e infraestructuras. Mientras, las aseguradoras buscan adaptarse a este tipo de siniestros cada vez más comunes sin perder rentabilidad. Encontrar el equilibrio incluirá formar parte del debate público y legislativo en las medidas de respuesta y adaptación a los fenómenos climáticos y desarrollar nuevos modelos de negocio que vayan más allá de la medición, el análisis de datos y la gestión de riesgos.

Ejemplo de ello es el uso de bonos catástrofe en California para complementar la gestión tradicional de riesgos con las estrategias de adaptación al cambio climático. Son instrumentos financieros que permiten a Gobiernos y aseguradoras transferir el riesgo de desastres naturales a los mercados de capital. Los estados, Gobiernos o aseguradoras emiten bonos y los inversores los compran a cambio de un interés fijo. Si ocurre un desastre cubierto por el bono, el emisor no devuelve el capital a los inversores sino que usa el dinero para financiar la respuesta al desastre. Si no ocurre el evento, los inversores recuperan su inversión más los intereses, que suelen ser más altos que los bonos tradicionales como compensación por el riesgo asumido. En California, los bonos catástrofe se han usado para cubrir riesgos asociados con incendios forestales, terremotos y otros desastres.

Las aseguradoras también pueden ofrecer productos innovadores que incentiven la prevención de riesgos, como primas más bajas para quienes implementen medidas de adaptación al cambio climático, como puertas antiinundación o sistemas de alerta temprana. Medidas que no sólo ayuden a reducir los riesgos, sino que impulsen la reducción de la brecha de protección aseguradora, como se ha querido impulsar en Queensland, Florida o Países Bajos.

Otra lección sobre el papel de las aseguradoras y su coordinación con las autoridades públicas la aporta el terremoto de Japón en 2011. Japón cuenta con un sistema de seguros catastróficos altamente desarrollado que cubre terremotos y tsunamis. Sin embargo, ante el desastre de 2011 fue insuficiente para cubrir todas las pérdidas, especialmente en áreas rurales y entre las personas más vulnerables. Muchas no tenían seguros adecuados ya que los de desastres naturales no son obligatorios y el coste de las primas puede ser elevado.

Contaminación emisiones de CO2 países ordenador

Los países más contaminantes son los primeros responsables del cambio climático.

La respuesta japonesa fue inmediata y coordinada, y demostró su experiencia con sistemas de alertas tempranas e infraestructuras sísmicas. Sin embargo, también reveló la necesidad de mejorar la accesibilidad y asequibilidad de los seguros, especialmente en áreas rurales y entre población con menor capacidad adquisitiva. En muchos casos, las aseguradoras tuvieron que trabajar junto al Gobierno para ofrecer un apoyo más integral, dando compensaciones económicas y participando en el proceso de recuperación, especialmente para las pequeñas empresas y hogares que no estaban asegurados. Esta colaboración público-privada, respaldada entre otras en los acuerdos de reaseguros con aseguradoras privadas, permitió facilitar el pago de las reclamaciones más rápido. En otros casos, compartieron la carga de los siniestros a gran escala, cuando las empresas no podían cubrir por sí solas las pérdidas.

El mayor desafío a nivel general es encontrar soluciones sostenibles. Estas deben priorizar estrategias para reducir el impacto de los desastres sin limitar el acceso a coberturas en las regiones más vulnerables. Sin embargo, es un equilibrio difícil para mantener estabilidad económica y social ante un clima cada vez más incierto y devastador.

La brecha ha crecido entre quienes tienen protección financiera a través del seguro y quienes no. Afecta especialmente a las comunidades de bajos ingresos, donde la conciencia de riesgo y la asequibilidad del seguro también son barreras importantes. Como demuestran casos recientes, el seguro puede actuar como catalizador para las medidas de adaptación, alcanzando una influencia más allá del pago de indemnizaciones por daños. Las aseguradoras son actores claves para condicionar la recuperación de las comunidades afectadas, las políticas, la planificación territorial y la capacidad de adaptación al cambio climático.

Esto es apenas el comienzo de un cambio de paradigma que debe tener en cuenta las áreas de alto riesgo y evitar una segregación climática donde sólo quienes tengan más poder adquisitivo puedan protegerse. Mantener un enfoque únicamente comercial al afrontar el enorme desafío de los impactos climáticos puede excluir a los sectores más vulnerables, ampliando las desigualdades que ya existen. Detrás de cada prima que sube de precio o de una región que queda descubierta por su elevado riesgo están las vidas de quienes pierden el acceso a su propia seguridad.

 

Fuente: El Orden Mundial

Enlace: https://elordenmundial.com/aseguradoras-desastres-naturales-cambio-climatico-dana/