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La posibilidad de imitar la voz, el rostro o las declaraciones de una persona mediante inteligencia artificial está modificando la forma en que las empresas enfrentan el fraude digital. Para la industria aseguradora, el desafío ya no se limita a determinar cómo responder ante un ataque informático, sino también a establecer qué protección corresponde cuando una falsificación convincente provoca pérdidas económicas, compromete información o daña la reputación de una organización.

El riesgo dejó de ser una hipótesis. Un ejemplo ocurrió en 2024, cuando un empleado de la firma de ingeniería Arup fue engañado durante una videoconferencia en la que delincuentes utilizaron representaciones digitales de miembros del equipo de trabajo, incluido un supuesto directivo, para inducirlo a realizar transferencias fraudulentas por aproximadamente US$25 millones. El episodio evidenció cómo una tecnología capaz de reproducir identidades puede vulnerar procedimientos de autorización que tradicionalmente descansaban en la confianza visual y auditiva.

Este tipo de incidentes tensiona el mercado de seguros comerciales y de ciberseguridad. Según un análisis publicado por International Association of Privacy Professionals (IAPP), algunas compañías han mostrado cautela frente a los riesgos vinculados con la inteligencia artificial e incluso han buscado excluirlos de determinadas pólizas corporativas. Al mismo tiempo, otras están comenzando a precisar qué eventos cubren y bajo qué condiciones.

La dificultad radica en que un deepfake puede originar pérdidas de naturaleza muy distinta. Una transferencia de dinero autorizada bajo engaño puede relacionarse con coberturas de fraude financiero; una vulneración de sistemas puede activar una póliza de ciberseguridad, mientras que la difusión de un video falso que perjudique a una empresa plantea necesidades de asistencia legal y gestión reputacional. No obstante, que un incidente se relacione con alguna de estas categorías no garantiza que esté cubierto: la respuesta depende de las condiciones, exclusiones y definiciones del contrato.

La incertidumbre también responde a la evolución relativamente reciente de estos riesgos. Las aseguradoras necesitan antecedentes sobre frecuencia, severidad y costos de los siniestros para estimar su exposición, establecer precios y definir límites de cobertura. En el caso de los deepfakes, además, las medidas tradicionales de ciberseguridad no siempre bastan. Una empresa puede proteger adecuadamente sus redes y, aún así, ser víctima de una suplantación construida a partir de videos públicos de sus ejecutivos.

Para Mauricio Palma Lizana, director ejecutivo de SafeSigner, la verificación de identidad debe combinar distintas evidencias frente a este tipo de amenazas: “Esto implica validar documentos y contrastar sus datos con fuentes confiables, como el Registro Civil, además de utilizar biometría con pruebas de vida y controles que protejan el dispositivo y el proceso de captura frente a manipulaciones. También deben incorporarse credenciales digitales basadas en criptografía, como las passkeys, y solicitar al usuario que confirme explícitamente los datos de la transacción que está autorizando. El proceso debe dejar un registro verificable y monitorearse para detectar posibles fraudes”.

En el mercado internacional, Coalition incorporó en marzo de 2024 una extensión a sus pólizas de ciberseguridad para abordar determinados incidentes relacionados con el uso de inteligencia artificial. Entre los supuestos contemplados se encuentra el uso de deepfakes u otras tecnologías de IA para suplantar identidades y generar instrucciones fraudulentas de transferencia de fondos, dentro de las condiciones de su cobertura contra este tipo de fraude.

En diciembre de 2025, la compañía anunció un paso adicional: el Deepfake Response Endorsement, una extensión destinada a responder a incidentes en los que contenidos falsificados mediante IA provoquen daños reputacionales. La cobertura contempla análisis técnico a cargo de especialistas forenses, asistencia legal para solicitar el retiro de los contenidos de plataformas digitales y apoyo en comunicaciones de crisis. Cabe destacar que la extensión está sujeta a los términos y limitaciones de cada póliza, no es una garantía general frente a cualquier perjuicio provocado por un deepfake.

El desarrollo es relevante porque amplía la discusión más allá del reembolso de pérdidas económicas. Cuando una falsificación muestra a un gerente realizando declaraciones ofensivas, atribuye a una empresa prácticas inexistentes o difunde información falsa sobre sus productos, la respuesta puede requerir peritaje digital, asesoría jurídica y coordinación con especialistas en comunicaciones. Son servicios que no necesariamente quedan resueltos mediante una indemnización tradicional.

La evolución de estas coberturas también obliga a distinguir entre asegurar el fraude y proteger frente al daño reputacional. Ambos pueden originarse en una misma falsificación, pero sus consecuencias y mecanismos de respuesta son diferentes. Por ello, las empresas deben revisar sus contratos para determinar si contemplan expresamente estos escenarios, en lugar de asumir que una póliza de ciberseguridad los incluye automáticamente.

En Chile, no se ha identificado una oferta de seguros exclusivos contra deepfakes dirigida a personas naturales. Sin embargo, existen productos y herramientas que permiten abordar partes de este riesgo desde perspectivas diferentes: los seguros de ciberriesgo para empresas pueden contribuir a responder ante determinados incidentes cubiertos, mientras que las soluciones tecnológicas buscan prevenir o detectar intentos de fraude antes de que provoquen pérdidas.

En concreto, el seguro de riesgo cibernético Cyber Risk Pyme de Bci Seguros, dirigido a pequeñas y medianas empresas, contempla costos, gastos y pérdidas asociados a un ciberataque, además de responsabilidad civil frente a terceros. Entre sus prestaciones se incluyen gastos de investigación, asesoría legal y apoyo para proteger la reputación de la empresa. Este producto es un ejemplo de seguro de ciberriesgo, pero la información pública de la compañía no confirma una cobertura específica para deepfakes. Por ello, no es posible afirmar que una estafa mediante la voz clonada de un ejecutivo o una transferencia inducida por una falsificación de identidad esté necesariamente cubierta.

En el ámbito de la prevención, Norton ofrece en su sitio para Chile funciones de protección contra estafas basadas en inteligencia artificial. Su solución Norton 360 con Protección contra estafas basada en IA incluye capacidades para detectar estafas en mensajes de texto y videos deepfake, mientras que Norton Genie funciona como un asistente que entrega orientación para reconocer posibles fraudes. La compañía también describe herramientas para analizar sitios web sospechosos y detectar señales de phishing. A diferencia de una póliza, estas herramientas buscan ayudar a identificar señales de engaño antes de que una persona entregue información, acceda a un enlace fraudulento o realice una operación. Norton es un ejemplo de tecnología preventiva, no de un seguro contra deepfakes ni de una garantía de que todas las falsificaciones serán detectadas.

Un marco regulatorio que también evoluciona

En Chile, los deepfakes han entrado en la discusión legislativa. El proyecto de ley contenido en el boletín 17.795-19, ingresado el 21 de agosto de 2025, busca regular la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, el cuerpo o la voz de personas mediante inteligencia artificial y otras tecnologías. La iniciativa plantea obligaciones, responsabilidades y mecanismos para responder ante el uso no autorizado de estos contenidos.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la iniciativa en general el 22 de julio de 2026, con 128 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones. El proyecto contempla que los tribunales puedan decretar medidas cautelares, como el retiro o bloqueo de contenido, para evitar un daño irreparable. Asimismo, propone multas que van desde las 5.000 hasta las 10.000 UTM, equivalentes a aproximadamente $358 millones y $716 millones, respectivamente.

Aunque la iniciativa no busca establecer un seguro contra deepfakes, el desarrollo de reglas sobre responsabilidad y reparación de daños resulta relevante para el mercado asegurador. La delimitación de obligaciones y consecuencias jurídicas puede influir en la evaluación de riesgos y en el diseño de futuras coberturas.

El marco regulatorio chileno también contempla normas que pueden ser relevantes ante incidentes relacionados con deepfakes. La Ley 21.663, Ley Marco de Ciberseguridad, establece obligaciones de gestión y reporte de incidentes para las entidades comprendidas en su ámbito; la Ley 21.459 tipifica delitos informáticos, incluido el fraude informático; y la Ley 21.719 moderniza las reglas sobre protección de datos personales, con entrada en vigor prevista para el 1 de diciembre de 2026. La aplicación de estas normas dependerá de las circunstancias de cada caso: el uso de un deepfake no constituye, por sí solo, una infracción a todas ellas.

De la detección a la respuesta: oportunidades para el ecosistema insurtech

Para el ecosistema insurtech, los deepfakes abren oportunidades en distintas etapas de la prevención y gestión del riesgo. Entre las soluciones posibles están las herramientas de detección de imágenes, videos y audios manipulados; la verificación biométrica y las pruebas de presencia real (liveness detection) para reforzar la autenticación de identidad; y los sistemas que identifican solicitudes inusuales o instrucciones sospechosas. Estas tecnologías pueden complementar los controles de seguridad de las empresas, aunque ninguna garantiza por sí sola la detección de todas las falsificaciones.

También hay espacio para soluciones orientadas a las aseguradoras, como herramientas de análisis forense digital y gestión de siniestros que permitan reconstruir los hechos y evaluar las pérdidas. Estas capacidades podrían contribuir al desarrollo de coberturas que combinen protección financiera con asistencia técnica y legal ante determinados incidentes. Su viabilidad dependerá de la posibilidad de evaluar las pérdidas y de definir con claridad qué eventos, servicios y límites contempla cada póliza.

Katherine Hellman, CPO & Co-Founder de Ceptinel, advierte que verificar la identidad no es suficiente para detectar todas las modalidades de fraude. “Desde Ceptinel, uno de los principales aprendizajes es que no basta con validar la identidad de una persona o la autenticidad de un documento. También es necesario analizar su comportamiento, la consistencia de las operaciones y las relaciones entre asegurados, beneficiarios y prestadores. Nuestra recomendación es combinar mecanismos de verificación de identidad con monitoreo inteligente basado en reglas, análisis de comportamiento e inteligencia artificial, para identificar patrones anómalos antes de concretar los pagos. El desafío es avanzar desde la detección de fraudes individuales hacia una prevención continua, capaz de identificar redes y comportamientos sospechosos, sin afectar la experiencia de los asegurados legítimos”.

La experiencia internacional muestra que el mercado ya explora respuestas aseguradoras específicas, aunque con diferencias según el proveedor, el territorio y el tipo de perjuicio. Para Chile y América Latina, el reto será adaptar estas soluciones a las necesidades de las empresas y a los marcos regulatorios locales.

A medida que las falsificaciones digitales se vuelvan más difíciles de reconocer, la discusión para la industria no será únicamente cuánto cuesta un ataque, sino qué daños está preparada para cubrir y cómo puede ayudar a sus asegurados a responder. La colaboración entre aseguradoras, corredores y empresas insurtech puede contribuir a desarrollar coberturas más claras, respaldadas por capacidades concretas de prevención y respuesta.

https://insurtechile.org/deepfakes-el-nuevo-riesgo-que-abre-espacio-a-aseguradoras-e-insurtechs-en-chile/

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