Actualmente las entidades federativas manejan reservas muy limitadas para hacer frente a la reconstrucción y apoyo a la población afectada por los desastres naturales. Incluso, se ha identificado que no hay liquidez para llevar a cabo acciones de prevención.
Debido a que no se han efectuado cambios para que los gobiernos locales cuenten con mayores recursos, Moody's considera que uno de los mayores riesgos que hay a corto plazo es el de los desastres naturales, ya que estos sucesos pueden agravar las presiones de liquidez en las finanzas subnacionales.
De acuerdo con el reporte, Estados con escasos recursos propios para atender desastres naturales, el riesgo obedece a que actualmente las entidades federativas manejan reservas muy limitadas para hacer frente a la reconstrucción y apoyo a la población afectada por los desastres naturales. Incluso, se ha identificado que no hay liquidez para llevar a cabo acciones de prevención.
Como muestra de esta insuficiencia de recursos está que entre el 2020 y el 2022, el saldo promedio de los fondos etiquetados para desastres naturales de los estados calificados por Moody’s fue equivalente a 0.15% de sus ingresos operativos.
“(Es) un margen muy limitado para responder a eventos de alto impacto. Por lo tanto, los estados y municipios tienen una alta dependencia de recursos federales para hacer frente a los desastres naturales”, ahonda la publicación.
Entre las causas por las que los estados presentan esta vulnerabilidad, es que los propios gobiernos locales han optado por aportar un monto anual mínimo y no se han generado cambios en la propia Ley de Disciplina Financiera.
Sobre ello, Moody´s recordó que en el 2016 la Ley de Disciplina Financiera estableció como obligación que los estados dediquen recursos anualmente para contar con una reserva que les permita afrontar futuros desastres naturales. Incluso se detalló constituir fideicomisos públicos con aportaciones anuales para atender a la población afectada y los daños a la infraestructura estatal.
En línea con esta normativa establecida, entre el 2017 y el 2019 los estados aportaron gradualmente ingresos para la reserva y desde el 2020 el monto anual mínimo es equivalente a 10% del gasto realizado para la reconstrucción promedio durante los últimos cinco años.
A la par, se ha identificado que la mayoría de los estados calificados están aportando a la reserva el mínimo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y estas reservas representan menos del 1% de sus ingresos operativos.
Sur, con mayor vulnerabilidad
De entre las regiones que integran el país, destaca el sur como la de mayor vulnerabilidad ante los desastres naturales, y pone sobre la mesa la necesidad de que se fortalezcan sus finanzas locales y se fortalezcan los fondos de atención y prevención ante estos sucesos.
“Los estados del sur del país y ubicados en las costas, históricamente han sufrido mayores costos relacionados con los desastres naturales, y algunos de los mismos se ubican entre las entidades con menores niveles de desarrollo económico y mayor rigidez financiera”, subraya la calificadora.
Y es que la limitada flexibilidad de varios estados, ahondó el documento, combinado con su alta exposición a desastres naturales pone en relieve la importancia de contar con seguros e invertir en proyectos de prevención para ser capaces de afrontar el apoyo a la población y la reconstrucción y a su vez amortiguar el impacto en las finanzas estatales.
Un ejemplo concreto de las presiones que se vienen en el corto plazo y que resalta la situación que vive el sur del país es Guerrero, ya que en octubre del 2023 el estado de Guerrero se vio “severamente” afectado por el Huracán Otis.
Guerrero, ahondó la agencia, actualmente no tiene cobertura por un seguro contra desastres naturales y en el momento del huracán contaba con apenas 50 millones de pesos disponibles en su fideicomiso estatal para desastres naturales. También tuvo una cantidad adicional por 50 millones disponible en un fondo estatal para contingencias naturales.
De hecho, es muy probable que Guerrero siga dependiendo de transferencias federales dada la magnitud del desastre natural, además de que tenga que tomar créditos de corto plazo adicionales en el cuarto trimestre del 2023 para cubrir el mayor gasto por el huracán.
“En Guerrero la deuda de corto plazo ha sido equivalente a 34% de la deuda directa en promedio en los últimos cinco años, un porcentaje alto que podría subir incluso más en el 2023 y el 2024”, recalca el análisis.
Situación
Sobre cuál es el estado del país con mayores reservas para atender las contingencias, destaca Oaxaca, con un saldo promedio equivalente a solamente 0.73% de sus ingresos operativos.
En tanto, el Estado de México es de los que cuenta con un seguro que cubre hasta 400 millones de pesos por cada evento sucedido en su territorio y sus municipios.
Fuente: El Economista
Proveemos información Técnica y Financiera del Mercado Asegurador