Fuente: Mi Bolsillo
Ante los altos costos y trabas en la atención médica privada, la Cámara de Diputados analiza cambios a seis leyes.
Contratar una póliza de salud en México representa, para muchas familias, un gasto inalcanzable o un trámite lleno de trabas. Frente a este escenario, en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados del 19 de noviembre de 2026, el legislador Héctor Jaime Ramírez Barba presentó, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, una iniciativa de reforma que busca transformar el funcionamiento de los seguros médicos privados. La propuesta pretende eliminar barreras económicas y administrativas para que la protección médica privada deje de ser un privilegio costoso y se convierta en una alternativa accesible, clara y justa.
Las personas que buscan proteger su salud mediante una compañía privada enfrentan dos grandes obstáculos. En primer lugar, el costo anual de las pólizas se incrementa constantemente debido a los impuestos. En segundo lugar, cuando una persona sufre una enfermedad o urgencia y requiere utilizar su póliza, suele encontrarse con clausulados confusos, letras pequeñas y negativas de pago injustificadas.
Menos impuestos para aliviar el bolsillo familiar
La propuesta presentada en el pleno de San Lázaro busca corregir estas fallas modificando seis leyes: la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley General de Salud y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. La iniciativa aborda el problema desde tres ángulos: economía familiar, claridad contractual y la libertad de cambiar de empresa aseguradora.
El primer eje de la reforma atiende el peso del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En la actualidad, una porción considerable del precio al contratar o renovar una cobertura corresponde a los impuestos. Asimismo, los beneficios fiscales que las personas aprovechan en sus declaraciones anuales son acotados.
Al modificar las leyes del ISR y del IVA, la iniciativa persigue dos metas directas. Por un lado, reducir el precio final que pagan los usuarios al adquirir su póliza. Por otro lado, permitir que los contribuyentes deduzcan con mayor amplitud los pagos de sus primas y los gastos en salud. Con esta medida, las familias recuperan recursos y el seguro médico se vuelve una alternativa alcanzable para la clase media.
Contratos transparentes y defensa del paciente
El segundo eje se enfoca en la transparencia de las pólizas. Con frecuencia, las compañías imponen condiciones opacas que el cliente descubre únicamente al enfrentar una urgencia médica. Trámites excesivos, demoras en autorizaciones hospitalarias o rechazos de reembolso fundados en criterios ambiguos generan indefensión en los usuarios.
La propuesta plantea modificar la Ley sobre el Contrato de Seguro y la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para obligar a las empresas a redactar contratos sencillos, sin términos engañosos y con plazos fijos para resolver las solicitudes. Además, se fortalecen las facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), brindándole atribuciones para sancionar a las aseguradoras que incumplan o actúen con negligencia.
Portabilidad real: conservar la antigüedad y los derechos
El tercer cambio responde a la portabilidad de los seguros de salud. En el esquema vigente, si un trabajador cambia de empleo o decide cambiar de aseguradora para conseguir una tarifa más favorable, pierde la antigüedad acumulada. Esto ocasiona que la nueva empresa rechace la cobertura de padecimientos diagnosticados con anterioridad, calificándolos como enfermedades preexistentes.
La iniciativa busca que la antigüedad acumulada pertenezca al usuario y no a la empresa. Así, la persona puede trasladar su historial y sus años de cobertura a otra institución sin perder el respaldo para sus padecimientos vigentes. Esta medida estimula la competencia entre las aseguradoras y evita que los clientes queden atrapados en servicios deficientes por temor a perder sus derechos.
Como consta en los registros oficiales de la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados del 19 de noviembre de 2026, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Salud para su estudio y dictamen. El proyecto busca reordenar el mercado asegurador en México, colocando la protección económica de las familias en el centro y asegurando que el acceso a la atención médica privada responda a una alternativa justa antes que a un privilegio inalcanzable.
Fuente: Mi Bolsillo
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