Legisladores buscan crear un esquema de indemnización agrícola más justo ante fenómenos extremos, luego de que las actuales coberturas solo cubren entre 3% y 6.8% de los costos reales de producción
Establecer un fondo de contingencia estatal para incrementar la cobertura en eventos extremos declarados por las autoridades competentes, es la propuesta de los diputados priístas para obligar al gobierno a que apoye frente a desastres agroclimáticos.
La estrategia es complementar el seguro agropecuario vigente y que la Secretaría del Campo, incorpore un esquema escalonado de indemnización agrícola para que el seguro catastrófico agrícola sea más justo, proporcional y técnico considerando las diferencias reales entre cultivos, costos productivos y vulnerabilidad climática.
Así lo explicó la diputada Rocío Cervantes Barba quien enfatizó que el campo ha sido uno de los sectores más vulnerables frente al cambio climático en los últimos años, donde las principales problemáticas han sido el aumento de las temperaturas extremas, las sequías prolongadas, fenómenos meteorológicos extremos, la reducción en el rendimiento de cultivos, la proliferación de plagas y enfermedades, así como la vulnerabilidad socioeconómica.
Recordó que en los últimos 30 años se ha observado un aumento gradual en las temperaturas máximas, especialmente en los meses de mayo y abril en los que se han registrado temperaturas por arriba de los 28ºC y que la cuenca del río Guanajuato ha evidenciado una disminución en la precipitación acumulada y una evaporación más intensa en zonas de cerros altos, que ha generado conflictos por el uso del agua.
“La temporada de lluvias de este año 2025 ha sido intensa y contradictoria para el campo guanajuatense. Aunque muchos productores celebran la recuperación hídrica tras años de sequía, otros enfrentan pérdidas significativas que han encendido el debate sobre la capacidad institucional de respuesta”, describió.
Sostuvo que la Secretaría del Campo contempla el seguro agropecuario pero que de todos modos existe una gran brecha estructural en la política de aseguramiento agropecuario en Guanajuato, especialmente en el análisis de los costos reales de producción.
La legisladora apuntó que el monto del apoyo otorgado representa entre el 3% y 6.8% del costo productivo real, lo cual es, subrayó, insuficiente para restablecer la actividad agropecuaria en los municipios afectados, además de que la política pública cumple un papel de amortiguador social, pero no garantiza la continuidad productiva ni la resiliencia del sistema agroalimentario.
La propuesta ahora será analizada por la comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario, que ella misma preside.
Fuente: Periódico Correo
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