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¿Ecuador necesita un sistema de salud mixto con participación pública y privada?
Ecuador, Diciembre 17 , 2025
El ecuatoriano gasta, en promedio, más de $600 al año en salud. Mientras la mitad de la población depende solo de un sistema público colapsado; fortalecer un modelo mixto público–privado es clave para avanzar hacia la salud universal.
La salud en Ecuador se ha convertido en un gasto cada vez más pesado. Según el análisis citado por Julio Tarré, gerente general de Plan Vital y miembro de la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada, el ecuatoriano promedio ya desembolsa $600 al año en costos de atención, es decir, al menos $50 mensuales.
“Eso para un alto porcentaje de la población es muchísimo dinero”, advierte Tarré. En un país donde la inflación médica aumenta entre 12% y 15% anual, muy por encima de la inflación general, este gasto representa una carga creciente que amenaza la estabilidad de millones de hogares.
Pero lo más preocupante es que la mitad de la población no tiene ni seguro privado ni cobertura del IESS, y depende por completo del Ministerio de Salud Pública (MSP). Dicho sistema, según Tarré, atraviesa una crisis evidente: falta de insumos, falta de medicamentos, retrasos de 60, 90 o hasta 120 días para exámenes, y miles de procedimientos represados. “No puede ser posible que un ecuatoriano tenga que esperar tres meses para hacerse una endoscopía. Esas cosas no pueden pasar”, afirmó.
Este colapso ha provocado que miles de ciudadanos, que antes se atendían en el sector público, aun teniendo plan privado, migren ahora a las clínicas y centros privados. El resultado es un aumento de la frecuencia de uso y un alza de costos que amenaza la sostenibilidad del sistema privado.
La meta del Ecuador debe ser ir hacia un sistema de salud universal
Para Tarré, la salida no está en que el Estado asuma todo, ni en que el sector privado avance solo. “El sueño es la universalidad de la salud, es decir, que llegue a la última persona del país. Hacia allá debemos empujar absolutamente todos.”, aseveró.
Ese sueño, sin embargo, depende de una verdad estructural: la capacidad pública no alcanza y la privada está subutilizada, según Roberto Andrade, economista e investigador en economía de la salud.
La ecuación es evidente: un sistema público saturado intentando atender al doble de su capacidad, y un sector privado con infraestructura disponible que podría aliviar la carga de inmediato. “Por eso debemos juntarnos y trabajar de la mano”, puntualizó Andrade.
No se trata de entregar la salud al sector privado, ni de incrementar el gasto estatal sin control: se trata de diseñar un sistema mixto, funcional y colaborativo, que aproveche la capacidad instalada de todo el país para llevar servicios efectivos, oportunos y financiables a más ecuatorianos.
El costo real para las familias: un sistema roto que obliga a pagar más
El gasto de bolsillo de $600 anuales surge de una combinación peligrosa:
Tecnología más cara.
Medicamentos más costosos.
Mayor uso de servicios privados.
Inflación médica que duplica o triplica a la general.
Débil cultura preventiva.
Estado que no logra atender la demanda.
Según Tarré, estos costos no solo afectan el presente, sino el futuro financiero de los hogares. “He visto la cantidad de familias que pierden todo su patrimonio por la enfermedad de un familiar”.
Este deterioro del bolsillo no es abstracto: significa menos ahorro, más deuda, renunciar a atención preventiva y exponerse a riesgos médicos graves que podrían haberse evitado.
¿Por qué la solución debe ser un sistema mixto de salud en Ecuador?
El sistema privado de salud ya atiende aproximadamente $600 millones anuales, cerca del 20% del gasto total en salud del país. Su rol, por tanto, no es marginal: es complementario y estratégico.
Al mismo tiempo, las aseguradoras están sentadas en mesas de trabajo con el Estado para repensar coberturas, movilidad de afiliados, carencias, manejo de preexistencias, redes integradas y sostenibilidad financiera. Tarré confirma: “Estamos en una misma mesa analizando todas las opciones. Todos debemos empujar hacia un mismo lado”.
La hoja de ruta concreta para un sistema mixto pasa por varios pasos:
1.- Formalizar y ampliar los mecanismos de derivación del sistema público al privado, como política estructural. Esto permitiría reducir listas de espera, evitar el represamiento de cirugías y garantizar atención oportuna cuando la red pública no tiene capacidad instalada.
2.- Articular financiamiento y prestación, reconociendo que el sector privado ya absorbe cerca de $600 millones anuales en costos de atención (alrededor del 20% del gasto total en salud del país). Integrar ese esfuerzo dentro de una planificación conjunta permitiría usar mejor los recursos disponibles, sin duplicaciones ni cuellos de botella
3.- El sistema mixto requiere reglas claras y mesas técnicas permanentes entre Estado, reguladores y aseguradoras privadas para definir qué cubre cada actor, cómo se pagan los servicios y cómo se gestionan riesgos extraordinarios (pandemias, picos de demanda, crisis sanitarias)
4.- El objetivo central es la universalidad con acceso oportuno, usando herramientas como telemedicina, redes privadas disponibles, tecnología médica y capacidad hospitalaria existente. El sistema mixto no busca reemplazar al Estado, sino sumar capacidades para que ningún ecuatoriano espere meses por un diagnóstico, un medicamento o una cirugía. (JS)
Entre 12% y 15% es el rango estimado de la inflación médica en Ecuador.
8% de la población cuenta con planes privados de salud, lo que equivale a aproximadamente 1,4 millones de personas.
50% de la población depende exclusivamente del Ministerio de Salud Pública, sin seguro privado ni cobertura en el IESS.
¿Cómo están cambiando las aseguradoras privadas para hacer sostenible el aseguramiento de salud?
Frente a una inflación médica que crece entre 12% y 15% anual, muy por encima del aumento de ingresos del sector (cerca del 7%), las aseguradoras privadas están ajustando su modelo para seguir siendo viables sin expulsar afiliados.
El principal cambio es el rediseño de los planes de salud. Los esquemas de libre elección, donde el afiliado podía atenderse en cualquier prestador, están siendo reemplazados por planes con redes cerradas o direccionadas, que permiten negociar mejores tarifas con clínicas y médicos, y así contener costos sin sacrificar calidad.
A esto se suma una revisión técnica de coberturas, copagos y deducibles, buscando planes más flexibles y escalonados, ajustados a la capacidad real de pago de las familias. El objetivo es evitar incrementos bruscos y mantener aumentos anuales moderados, generalmente entre 5% y 7%, salvo en cambios de rango de edad.
Las compañías también están apostando por gestión del riesgo y volumen, conscientes de que subir precios en exceso reduce afiliados y rompe el equilibrio del sistema. Menos afiliados significa menos capacidad de negociación con prestadores y mayor presión financiera, especialmente porque quienes permanecen suelen ser personas con enfermedades crónicas.
Además, el sector de la salud privada ha entrado en una fase de trabajo técnico y regulatorio mucho más activa, en coordinación con los organismos de control, para ajustar las reglas del mercado sin poner en riesgo su sostenibilidad. Actualmente existen mesas de trabajo formales en las que participan la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, representantes del sector asegurador y gremios como las empresas de medicina prepagada.
En estos espacios se analizan propuestas como la portabilidad entre compañías, que permitiría a un afiliado cambiar de aseguradora sin volver a cumplir carencias ya superadas. La idea es mejorar la competencia y empoderar al usuario, pero evaluando cuidadosamente su impacto técnico, ya que una aplicación sin reglas claras podría incentivar la migración selectiva de afiliados de alto riesgo, elevando de forma abrupta la siniestralidad en ciertas compañías.
Otro punto sensible es el debate sobre las carencias y la cobertura de enfermedades preexistentes. Aunque existe presión para eliminarlas o reducirlas, las aseguradoras han puesto sobre la mesa cálculos actuariales que muestran que una cobertura inmediata de preexistencias podría incrementar la siniestralidad del mercado en alrededor de nueve puntos, lo que llevaría a pérdidas generalizadas, considerando que la utilidad promedio del sector bordea apenas el 4% sobre ingresos.
También se discuten ajustes en el uso de reaseguros, diferenciando claramente su rol para eventos extraordinarios, como pandemias o picos inesperados de demanda, y no como una solución para el gasto cotidiano en salud, que se concentra mayoritariamente en siniestros pequeños pero muy frecuentes.
El enfoque común en estas discusiones es avanzar en mejoras graduales, técnicamente sustentadas y financieramente viables, que fortalezcan la protección del afiliado sin provocar desbalances que terminen encareciendo aún más los planes o reduciendo la oferta. La premisa es clara: cualquier cambio normativo debe partir de números reales, comportamiento histórico del riesgo y una visión de largo plazo, para que el sistema privado pueda seguir siendo parte de la solución dentro de un futuro sistema mixto de salud en Ecuador.
Fuente: La Hora