El calentamiento global desestabiliza el negocio de los seguros de vivienda en Estados Unidos y la seguridad económica de millones de familias
El mercado asegurador de vivienda en Estados Unidos atraviesa una transformación radical. Impulsado por la creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales asociados al cambio climático. Huracanes, incendios forestales, inundaciones y tormentas severas han dejado de ser eventos excepcionales para convertirse en una amenaza constante.
La situación modifica de raíz la percepción de riesgo y la viabilidad financiera de asegurar propiedades en vastas regiones del país. Las cifras más recientes revelan un incremento alarmante en el costo de las primas. También hay una tendencia de las aseguradoras a reducir o cancelar coberturas, incluso en zonas que se consideraban seguras.
El impacto de la crisis se extiende mucho más allá de los propietarios afectados por desastres. El aumento de las primas y la dificultad para acceder a una póliza adecuada están poniendo en jaque la estabilidad financiera de millones de familias, en especial entre quienes poseen viviendas de menor valor o viven en áreas menos expuestas.
La inseguridad se agrava cuando las aseguradoras abandonan mercados enteros. Obligan a los propietarios a recurrir a planes estatales más costosos y limitados, o incluso a quedarse desprotegidos.
El encarecimiento del seguro de vivienda repercute en el mercado inmobiliario, lo que dificulta la compra y venta de propiedades y amenaza con depreciar el valor de los inmuebles. La industria aseguradora presiona por regulaciones más flexibles que le permitan sobrevivir en un entorno cada vez más incierto.
Seguro de vivienda bajo presión
El sector de seguros de vivienda en Estados Unidos enfrenta una presión sin precedentes debido a la multiplicación de eventos climáticos extremos. Las compañías aseguradoras basaban sus cálculos en estadísticas históricas. Ahora se ven obligadas a revisar sus modelos ante la evidencia de que los patrones del pasado ya no predicen el futuro.
Los incendios forestales, huracanes y tormentas severas han elevado el costo de las reclamaciones a niveles récord. Han erosionado la rentabilidad del sector y forzado a las empresas a tomar decisiones drásticas sobre sus carteras de clientes.
El retiro de aseguradoras de mercados completos, como ha ocurrido en California y Florida, constituye una señal inequívoca del nivel de riesgo que perciben las compañías. Los propietarios que logran mantener su cobertura enfrentan aumentos de primas que superan el 30% anual. Mientras, quienes pierden su seguro deben recurrir a alternativas estatales que suelen ser menos completas y mucho más costosas.
La situación se agrava en regiones que no figuraban entre las más vulnerables. Estados del medio oeste y el noreste, como Nebraska y Ohio, han experimentado aumentos en las primas y en las tasas de no renovación de pólizas, impulsados por tormentas, inundaciones y vientos intensos.
El cambio climático ha extendido el riesgo a casi todo el territorio. Ha desdibujado las fronteras entre zonas seguras y peligrosas y complicado la gestión del riesgo tanto para aseguradoras como para consumidores.
La incertidumbre sobre el futuro del mercado de seguros de vivienda plantea serias dudas sobre la capacidad de la sociedad para adaptarse a un entorno cada vez más hostil.
La falta de una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades amenaza con dejar a millones de personas sin la protección financiera necesaria para reconstruir sus vidas tras un desastre.
El cambio climático como detonante de la crisis aseguradora
La intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos ha convertido al cambio climático en el principal factor de desestabilización del negocio de las aseguradoras de vivienda. En 2024, Estados Unidos registró 27 desastres climáticos.
Los daños superaron los 1.000 millones de dólares cada uno. La cifra duplica el promedio histórico y evidencia la magnitud del problema. El costo anual promedio de los eventos superó los 149.000 millones de dólares entre 2020 y 2024, frente a los 65.000 millones de las 4 décadas anteriores.
Los incendios forestales en California, las inundaciones en Texas y los huracanes en Florida han puesto en jaque a las aseguradoras. Deben hacer frente a reclamaciones multimillonarias en lapsos cada vez más cortos. El caso de los incendios en Los Ángeles, con pérdidas económicas estimadas en 250.000 millones de dólares, ilustra la escala de los daños y la dificultad de prever y cubrir riesgos tan elevados. Ante la imposibilidad de trasladar todo el costo a los consumidores, optan por restringir la cobertura o abandonar regiones enteras.
La presión sobre el sector asegurador se ve agravada por la falta de políticas públicas eficaces para mitigar el impacto del cambio climático. La reducción de la regulación en algunos estados, lejos de aliviar la situación, ha facilitado la retirada de las grandes compañías.
Los propietarios han quedado en manos de aseguradoras pequeñas y menos solventes. La ausencia de una estrategia nacional para compartir el riesgo y proteger a los más vulnerables refuerza la sensación de inseguridad y desamparo entre los ciudadanos.
Expertos advierten que el colapso del seguro de vivienda por la crisis climática anticipa problemas mayores en otros sectores. Pone de manifiesto la urgencia de actuar para frenar el calentamiento global y adaptar las infraestructuras a la nueva realidad.
El peso económico sobre los propietarios
El incremento de las primas de vivienda que las aseguradoras han puesto en marcha se ha convertido en una de las consecuencias más tangibles del cambio climático para millones de familias estadounidenses.
Entre 2020 y 2023, el costo promedio de las pólizas aumentó un 33%, pasando de 1.902 a 2.530 dólares anuales. La inflación general, por su parte, fue del 18% en ese período. En estados como Florida y California, los incrementos han alcanzado el 50% en solo 3 años, situando el seguro fuera del alcance de muchos propietarios.
El impacto es aún mayor en regiones consideradas de bajo riesgo, como Nebraska y Oklahoma. Las primas promedio han escalado hasta 5.700 y 4.800 dólares respectivamente, cifras equivalentes a las de los estados más vulnerables. La tendencia refleja la expansión del riesgo climático a todo el país. También la incapacidad de las aseguradoras para segmentar eficazmente el mercado según criterios geográficos.
El aumento de los costos obliga a muchas familias a replantear su presupuesto. En casos extremos, hasta a prescindir de la cobertura, lo que las expone a la ruina financiera ante un desastre. La carga económica se agrava cuando las aseguradoras imponen deducibles más altos o excluyen ciertos riesgos, como inundaciones o incendios, de las pólizas estándar.
La falta de alternativas asequibles y la creciente dificultad para acceder a un seguro adecuado amenazan con profundizar las desigualdades sociales y regionales. Los propietarios de viviendas de menor valor o ubicadas en zonas rurales son los más afectados. Disponen de menos recursos para afrontar los aumentos y menos opciones para negociar con las aseguradoras.
La respuesta de las compañías de seguros a la escalada de riesgos ha sido restringir la oferta y endurecer las condiciones de las pólizas con el alza de primas. En California, tras los devastadores incendios de Los Ángeles, State Farm incrementó sus tarifas un 17% en 2025, después de un alza del 20% el año anterior.
Miles de propietarios han visto sus pólizas no renovadas, mientras las aseguradoras se retiran de mercados considerados demasiado peligrosos o poco rentables.
El fenómeno no se limita a las zonas más expuestas a desastres. Incluso en estados del Medio Oeste, como Kansas y Ohio, las tasas de no renovación han aumentado, y los propietarios se ven obligados a buscar alternativas estatales más caras y menos completas.
Los planes FAIR, diseñados como último recurso, ofrecen coberturas limitadas y primas elevadas, lo que incrementa la vulnerabilidad de quienes dependen de ellos.
La fragmentación del mercado asegurador genera incertidumbre y dificulta la planificación financiera de las familias. La imposibilidad de acceder a una póliza adecuada puede impedir la compra o venta de viviendas, afectar el valor de los inmuebles y limitar el acceso al crédito hipotecario.
El riesgo de que amplias zonas del país se vuelvan “no asegurables” plantea un desafío de gran envergadura para el sistema financiero y la estabilidad social.
Las aseguradoras, por su parte, argumentan que la magnitud de los riesgos por los fenómenos naturales asociados al cambio climático supera su capacidad de absorción y reclaman una mayor flexibilidad regulatoria para ajustar precios y condiciones de los seguros de vivienda. Sin embargo, la experiencia de estados como Florida demuestra que la desregulación no garantiza la estabilidad del mercado ni la protección de los consumidores.
Estrategias para mitigar el riesgo
Ante la magnitud de la crisis, la adaptación se presenta como una vía imprescindible para reducir la vulnerabilidad de las comunidades y garantizar la viabilidad del seguro de vivienda. La construcción de viviendas más resistentes a huracanes, incendios y otros desastres, así como el uso de materiales ignífugos y la implementación de paisajismo defensivo, son algunas de las medidas recomendadas por expertos.
Las comunidades pueden limitar el impacto de los fenómenos extremos mediante prácticas de gestión forestal más eficaces. También con la restauración de hábitats naturales, como marismas y bosques, que actúan como barreras naturales contra inundaciones y marejadas. Igualmente, la inversión en infraestructuras resilientes y en sistemas de alerta temprana contribuye a reducir el costo de los desastres y a facilitar la recuperación.
Sin embargo, las medidas de adaptación, aunque necesarias, resultan insuficientes en un contexto de calentamiento global acelerado. El riesgo sistémico asociado al cambio climático supera la capacidad de respuesta individual o local. Exige una acción coordinada a nivel nacional e internacional para frenar el aumento de las temperaturas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
La resiliencia de las comunidades dependerá de la capacidad de combinar inversiones en adaptación con políticas de mitigación y mecanismos de solidaridad que permitan repartir el costo de los desastres entre toda la sociedad. Sin una estrategia integral, el seguro de vivienda corre el riesgo de convertirse en un bien inaccesible para la mayoría.
Seguro de vivienda: ¿hacia un nuevo modelo?
La crisis actual obliga a repensar el modelo de seguro de vivienda y su función social en un mundo marcado por el cambio climático. La viabilidad del sistema depende de la capacidad de las aseguradoras para gestionar riesgos crecientes y de la voluntad de los gobiernos para intervenir y garantizar la protección de los ciudadanos más vulnerables.
Los expertos coinciden en que solo una reducción drástica de las emisiones y una transición acelerada hacia energías limpias permitirán estabilizar el mercado a largo plazo. Mientras tanto, será necesario desarrollar mecanismos innovadores de reparto del riesgo, como fondos de catástrofes, seguros paramétricos y alianzas público-privadas, que permitan absorber el impacto de los desastres y mantener la accesibilidad del seguro de vivienda.
La adaptación de los modelos de negocio y la regulación del sector serán claves para garantizar la sostenibilidad del sistema. La transparencia en la fijación de primas, la promoción de la prevención y la educación de los consumidores son elementos fundamentales para reconstruir la confianza y asegurar la protección de las familias ante los desafíos del futuro.
El seguro de vivienda, concebido como un instrumento de estabilidad y seguridad, enfrenta el reto de reinventarse para seguir cumpliendo su función en un entorno cada vez más incierto y hostil.
Fuente: Cambio 16
Enlace: https://www.cambio16.com/el-cambio-climatico-hace-inviables-los-seguros-de-viviendas/
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