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El proyecto que modificaría las pericias en juicios contra ART
Argentina, Julio 11 , 2026
Un proyecto presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires busca modificar un punto sensible dentro de los juicios laborales contra las ART: el modo en que se realizan y se pagan las pericias médicas. La iniciativa fue impulsada por el senador bonaerense Carlos Kikuchi, de Unión y Libertad, y propone cambios en la Ley de Procedimiento Laboral N° 15.057.
El texto apunta a desvincular los honorarios de los peritos médicos del resultado económico del juicio. En concreto, plantea que los profesionales no puedan cobrar en función del monto de la demanda, del porcentaje de incapacidad dictaminado ni de la indemnización final que se fije en el expediente. En su lugar, establece un honorario fijo y único equivalente a 10 Jus.
La propuesta busca intervenir sobre uno de los engranajes centrales de la llamada industria de los juicios laborales. En este tipo de causas, el dictamen del perito médico suele ser determinante para establecer si existe incapacidad, cuál es su porcentaje y cuánto debe pagar la aseguradora o el empleador. Por eso, el proyecto intenta fijar reglas más previsibles para la prueba médica y reducir posibles incentivos económicos asociados al resultado del pleito.
El proyecto es de Carlos Kikuchi.
La iniciativa incorpora el artículo 44 ter, que prohíbe expresamente regular los honorarios periciales según la cuantía del juicio, el porcentaje de incapacidad o el monto indemnizatorio. También suma el artículo 44 bis, que acota la labor del perito a los puntos estrictamente discutidos en la instancia administrativa previa.
Otro punto clave es la aplicación obligatoria de los baremos nacionales oficiales, previstos en los decretos 658/96 y 659/96. Esas tablas técnicas son las que establecen criterios para determinar porcentajes de incapacidad laboral según lesiones o enfermedades profesionales. Con esa modificación, el proyecto busca que las evaluaciones médicas se realicen bajo parámetros uniformes.
La reforma también propone que las pericias sean realizadas exclusivamente por las Asesorías Periciales de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La designación de profesionales externos quedaría como una excepción. Para esos casos, el texto fija un régimen de incompatibilidades: los peritos no podrían tener vínculos con Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, asesorar a trabajadores ni actuar como consultores técnicos de parte.
El proyecto aparece en un contexto de fuerte crecimiento de la litigiosidad contra las ART. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo citados por Infobae, durante los primeros cuatro meses de 2026 ingresaron 39.687 nuevas demandas judiciales contra las aseguradoras. Solo en abril se registraron 12.727 juicios, y el acumulado del cuatrimestre quedó por encima del mismo período de 2025.
El dato contrasta con la evolución de los accidentes laborales. De acuerdo con la misma información, el sistema cubría en marzo de 2026 a 10.116.346 trabajadores y 984.973 empleadores. En 2025 se notificaron 536.140 casos globales y 358.573 accidentes y enfermedades profesionales, sin contar los accidentes in itinere. Para el sector asegurador, la paradoja es que los indicadores de accidentabilidad y mortalidad mejoraron, pero los juicios continuaron en aumento.
Desde la UART advierten que la judicialización creciente tensiona el financiamiento del sistema porque absorbe recursos que deberían destinarse a prevención, atención médica, prestaciones e indemnizaciones. La entidad sostiene que el problema no está solo en la cantidad de demandas, sino también en los incentivos que empujan los conflictos hacia el litigio judicial en lugar de resolverlos por vías técnicas o administrativas.
El debate ya tuvo avances en otras provincias. En Santa Fe, una de las jurisdicciones con mayor volumen de causas, la litigiosidad volvió a crecer durante 2026. En abril registró un aumento interanual del 24,9% y en el primer cuatrimestre acumuló 6.535 causas, un 19,5% más que en igual período del año anterior. En ese contexto, la provincia aprobó una reforma procesal laboral que redujo plazos para iniciar acciones, limitó honorarios periciales y creó cuerpos médicos forenses.
Fuente: Mendoza Post