Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, gremio de las aseguradoras, analizó el desempeño del sector, los retos de la regulación prudencial y el potencial de los seguros paramétricos.
En entrevista con EL TIEMPO, el directivo explicó que hay un sector asegurador sólido, con crecimiento estable y mayor participación de los hogares en pólizas de salud y vida. Pero que también enfrenta retos: la penetración, que está lejos de los niveles internacionales; la propuesta de reforma tributaria, que genera preocupación, y el envejecimiento poblacional, que plantea nuevos desafíos.
¿Cómo le ha ido a esta industria en e l 2025?
En términos de primas emitidas, que es nuestro indicador más importante, crecimos 8 por ciento anual hasta julio. Los siniestros pagados lo hicieron al 5,7 por ciento, lo que significa que hemos desembolsado unos 15 billones de pesos frente a primas recaudadas, unos 34 billones. Por su parte, las utilidades crecieron 10 por ciento, que contrastan con una inflación del 5,2 por ciento. Pero, más allá de esas cifras, vemos algo clave: el número de pólizas en el mercado también ha crecido, lo que nos dice que no es solo un tema de precios altos, sino de mayor demanda real de seguros. Hoy la penetración está en 3,3 por ciento del PIB, mientras que el promedio de la Ocde es 8,7 por ciento. Tenemos un largo camino, pero venimos de menos del 3 por ciento hace apenas unos años.
Usted dice que el 2023 fue extraordinario. ¿Qué lo explicó?
Lo que vimos en 2023 fue un efecto rebote. La pandemia dejó decisiones represadas en inversión y aseguramiento. Cuando la economía retomó su ritmo, muchas de esas decisiones se materializaron. Ese impulso marcó un crecimiento excepcional y hoy lo tomamos como una nueva línea base.
¿Dónde está la mayor demanda de seguros?
Hay fenómenos interesantes. El ramo que más crece es el de pólizas privadas de salud, con un aumento del 23 por ciento anual. Es un cambio estructural que no se veía en décadas. Creemos que hay dos factores: la incertidumbre frente al sistema de salud y, al mismo tiempo, una mejor cultura aseguradora en los hogares. Muchas familias están priorizando invertir en salud privada por encima de otros gastos de consumo. El segundo ramo es el de vida individual, que crece 11 por ciento. A diferencia de los seguros colectivos, que suelen adquirir las empresas, el seguro de vida individual refleja una decisión personal. Cuando una familia decide protegerse con este producto, es porque ha interiorizado la importancia del seguro y es una señal alentadora de cambio cultural.
El Soat ha tenido años turbulentos. ¿Cuál es la situación actual?
Sin duda, pero hoy podemos hablar de relativa estabilidad gracias a medidas del Gobierno y de la Superintendencia Financiera, como ajustes en las tarifas y mayor control en la pertinencia de los servicios facturados por clínicas y hospitales. También hemos visto una leve reducción en la accidentalidad vial, aunque todavía es temprano para hablar de una tendencia consolidada. Lo esencial es mantener el principio de suficiencia de la prima: como es un seguro obligatorio y la tarifa la fija la autoridad, debe cubrir los riesgos para garantizar su sostenibilidad.
¿Qué tanto les impacta el envejecimiento poblacional?
Colombia ha alcanzado tasas de natalidad propias de países desarrollados, pero con niveles de ingreso todavía bajos. Es un triunfo en términos de derechos sexuales y reproductivos, pero genera un escenario complejo. Una población más envejecida implica mayores riesgos de enfermedades crónicas, cuidados de largo plazo y cambios en la seguridad social, pues al mismo tiempo puede haber más personas dispuestas a permanecer activas laboralmente o como cuidadores. Para el sector asegurador, esto significa un desafío de innovación. Tenemos que diseñar productos adaptados a esta nueva realidad demográfica que estamos viviendo en Colombia.
¿Cuáles son los retos del sector asegurador?
Diría que son tres. El primero es la implementación de la nueva regulación prudencial, que busca garantizar que las aseguradoras cuenten con reservas y solvencia adecuadas. Es un proceso exigente en lo técnico, porque implica ajustes en sistemas, contabilidad y reservas, pero necesario para la estabilidad del sector. El segundo es aumentar la penetración en poblaciones vulnerables. Estamos trabajando con el Pnud y con Banca de Oportunidades en proyectos que acerquen seguros a segmentos que no han tenido acceso. Aquí destaco productos como seguros para tenderos, turismo rural o economía popular, que responden a realidades específicas. Y el tercer reto es consolidar esa cultura aseguradora en un entorno económico todavía frágil, donde factores como inflación, empleo e inversión juegan un papel central.
En ese escenario ¿cómo evalúa el papel de la Superfinanciera y la Unidad de Regulación Financiera (URF)?
Hemos visto rigor técnico y disposición a escuchar. La URF trabaja con una pregunta central: cómo la regulación puede ayudar a aumentar la penetración del seguro. Y la Superintendencia ha avanzado en supervisión digital, finanzas abiertas y depuración normativa. Las discusiones con estas entidades pueden ser intensas, pero siempre han estado sustentadas en evidencia, lo cual genera confianza.
¿Qué papel ha jugado la inversión extranjera en el sector y cómo impacta la propuesta de reforma tributaria?
En los últimos años han llegado nuevos actores extranjeros a ramos como salud, autos y seguros de propiedad. Eso es positivo porque eleva la competencia y mejora la oferta. Sin embargo, la reforma tributaria plantea una sobretasa del 15 por ciento al impuesto de renta de las aseguradoras, lo que llevaría la tarifa total al 50 por ciento, lo cual es muy negativo. Las sobretasas deberían aplicarse a sectores que se quieren desincentivar (cigarrillos, casinos), no a una industria que protege a los ciudadanos. Lo contradictorio es que el mismo Gobierno ha impulsado medidas para promover los seguros, como los paramétricos o los de economía popular. Pedimos que no solo se retire la sobretasa, sino que incluso se reduzca la actual tarifa de 35 por ciento, que está por encima de estándares internacionales. Enviar la señal de un impuesto confiscatorio va en contravía de esos avances.
¿Qué medidas recientes han fortalecido al sector asegurador?
Destaco tres. Primero, los seguros paramétricos, que hoy se aplican en sectores como el turismo en San Andrés, donde se protegen arrecifes de coral. Segundo, las pólizas de la economía popular, que respaldan contratos de bajo monto con juntas de acción comunal, con una siniestralidad sorprendentemente baja. Y tercero, la expansión del seguro decenal, que protege proyectos de construcción y se ha convertido en un argumento de venta para los constructores. Además, la reforma pensional amplió el rol asegurador en la protección de riesgos de invalidez y sobrevivencia para afiliados a Colpensiones.
Pedimos que no solo se retire (de la reforma tributaria) la sobretasa, sino que incluso se reduzca la actual tarifa de 35 %, que está por encima de estándares internacionales.
¿Cómo funcionan los seguros paramétricos?
Son seguros que se pagan no cuando se verifica el daño, sino cuando ocurre con un indicador definido. Son muy útiles para los riesgos de catástrofes naturales, ya que miden el daño. Más del 70 por ciento de las pólizas del agro son paramétricas en el país. Además, desde 2023 esta modalidad puede aplicarse en otros ramos como el turismo, lo que está atrayendo el interés de entidades territoriales y empresas.
¿Qué propuestas plantean para el próximo gobierno?
Hay dos grandes temas. El primero, los riesgos catastróficos derivados del cambio climático. Ningún Estado puede afrontarlos solo. Necesitamos esquemas de colaboración público-privada, como reaseguros estatales o consorcios entre aseguradoras. El segundo, extender la protección de riesgos laborales a los trabajadores informales. Hoy el sistema ha tenido gran éxito en reducir la accidentalidad y enfermedad laboral entre los formales, pero la mitad del país no cuenta con esa cobertura. Debemos explorar fórmulas innovadoras, con apoyo de banca multilateral para llegar a esa población.
¿Qué temas incluye la agenda del Congreso?
Este año pondremos el énfasis en cómo mejorar la capacidad del seguro para proteger a las personas y a las empresas. Debatiremos sobre riesgos catastróficos derivados del cambio climático, un fenómeno que exige colaboración público-privada; y sobre cómo extender la protección de riesgos laborales a los trabajadores informales.
Fuente: El Tiempo
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