En el Perú, el Seguro de Vida Ley sigue siendo una deuda pendiente en términos de información y cumplimiento efectivo. Aunque desde 2020 este beneficio es obligatorio desde el primer día de labores para todo trabajador del sector privado, la realidad demuestra que muchos empleados y sus familias solo toman conciencia de su importancia cuando ocurre una tragedia. Este desconocimiento no es casual: responde a una cultura laboral donde la prevención y la transparencia suelen quedar relegadas frente a la informalidad y la falta de fiscalización.

Los alcances del Seguro de Vida Ley son claros y contundentes. Protege al trabajador las 24 horas del día y garantiza indemnizaciones significativas en casos de muerte natural, muerte accidental o invalidez total y permanente. Además, establece una orden legal de beneficiarios que busca proteger primero al núcleo familiar más cercano. Sin embargo, estos derechos se vuelven letra muerta cuando los acuerdos incumplen sus obligaciones, pese a que la ley es explícita: el costo es asumido íntegramente por la empresa y la responsabilidad económica recae directamente sobre ella si no contrata el seguro.

El choque múltiple ocurrido el 14 de enero de 2026 en la Panamericana Sur, en Villa El Salvador, evidencia con crudeza estas falencias. Más allá del impacto vial —con dos fallecidos y varios heridos—, las denuncias sobre trabajadores de EMAPE que laboraban sin contrato formal y sin cobertura adecuada revelan un problema estructural. No se trata solo de un accidente de tránsito, sino de una muestra de cómo la precariedad laboral y la deficiente supervisión estatal pueden convertir el trabajo cotidiano en una actividad de alto riesgo sin respaldo legal ni humano.

Este contexto exige una reflexión urgente y acciones concretas. Las de control vial, como el Plan Verano 2026, la fiscalización de la Sutran y la atención de emergencias de la Policía de Carreteras, son necesarias, pero insuficientes si no se acompañan de un cumplimiento riguroso de las normas laborales. Garantizar el Seguro de Vida Ley no es un trámite administrativo: es una obligación ética y legal que puede marcar la diferencia entre el abandono y la protección digna de las familias peruanas frente a la pérdida y la tragedia.

 

Fuente: Stereovilla

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