La industria del seguro se beneficia con la baja de la inflación, pero reclama que se aborde el tema de la carga tributaria.

La enorme judicialización de los siniestros, junto con la excesiva carga tributaria se convierten en dos de los principales obstáculos que dificultan que el sector de seguros pueda despegar. Sobre estos temas y también sobre las estrategias para crecer se debatirá la próxima semana en la Segunda Cumbre Aseguradora.

El encuentro se realizará 22 de octubre en la Bolsa de Comercio bajo el lema "Confianza que protege, inversión que transforma", donde disertarán los referentes del sector junto al Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, y el economista Ricardo Arriazu.

Clarín convocó a los presidentes de las asociaciones que nuclean al sector para debatir cuáles son los desafíos que enfrentan. De la charla participaron Gustavo Trías, de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (ACCS); Irene Capuselli, de Aseguradoras de Vida y Retiro de Argentina (AVIRA); Eduardo Felizia, de la Asociación de Aseguradores de Argentina (ADEERA); Mara Bettiol, de la Union de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) y Diego Guaita, de la Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA).

"El contexto macroeconómico ha sido bueno para nuestro sector porque el impacto de la inflación es muy nocivo para nuestra actividad. También teníamos un problema de desabastecimiento en todos lo que era la reposición en automóviles, siniestros a empresas, maquinarias. La apertura de la importación ha generado que en términos de precios relativos haya una cierta calma. Esto a varias ramas les ha permitido reconstruir precios bajos", explica Trías.

"En el caso de los seguros de personas ahora estamos en una situación muy diferente, donde realmente se les puede ofrecer un producto que le sirva al cliente y con la expectativa de poder cubrirlo en el largo plazo", menciona Capuselli.

Bettiol completa que "de la mano de este ordenamiento macroeconómico se pone mucho más de manifiesto la necesidad de la puesta en marcha de reformas estructurales. En el tema particular de litigiosidad, en el caso del sistema de riesgos de trabajo es algo de mucha incidencia por el mal uso de la vía judicial. Solo en este año se sumaron 130.000 juicios. Y eso ocurre pese a que en materia de servicios la misión está más que cumplida, tanto sea para proteger a las empresas como a los trabajadores".

Para Felizia, "la baja sostenida de la inflación, aun cuando sigue siendo altísima, ha sido imprescindible para poder mirar hacia adelante. Pero para que las cosas cambien realmente se requiere una transformación de Argentina en materia laboral, tributaria y previsional. Esas modificaciones permitirían una baja de costos, crecimiento del empleo y de la producción".

"Hoy el mercado está cumpliendo con su rol social", destaca Guaita. "En una Argentina convulsionada seguimos estando a la altura de las circunstancias, a pesar de la judicialidad. Pero entre las cosas que se pueden mejorar, Argentina tiene la penetración más baja de seguros de Latinoamérica en relación al PBI. Tenemos que fomentar una cultura aseguradora". Los ejecutivos explican que en Chile el seguro como porcentaje del PBI llega casi a los cinco puntos, mientras que en Argentina no pasa de los tres puntos. Eso se debe en parte a que aquí el sector se concentra en los seguros obligatorios, como los de autos, mientras los seguros personales explican solo el 15% de la torta.

"El gran diferencial es de tener una economía ordenada es lograr que la gente se anime a ahorrar en su propia moneda", dice Capuselli.

Frías apunta a uno de los problemas centrales: la carga impositiva. "El 33% de lo que pagamos con la póliza son impuestos y además tenemos impuestos específicos, como el del 1% de la prima de seguro de automóvil. Desde que se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el 2008 para acá, el sector le aportó aproximadamente al Estado 1.000 millones de dólares, supuestamente para trabajar en la mejora de la seguridad vial. Hoy por hoy los índices de seguridad vial son peores; nunca sabemos adónde van esas inversiones".

Bettiol agrega que "la litigiosidad también impacta en la recuperación del empleo asalariado. Es muy importante el acompañamiento del gobierno nacional en esa agenda, pero el caso particular de la litigiosidad depende que cada provincia, de que constituyan los cuerpos médico forenses que establecen parámetros claros que sean parejos para todos. Porque el funcionamiento deficiente de la justicia se apalanca en un sistema pericial judicial viciado y con intereses contrapuestos. Los peritos cobran un porcentaje de la sentencia, y nadie controla esa pericia".

Por su parte, Guaita apunta que también "es necesario que las primas sean más accesibles".

"Es momento de que las autoridades nacionales tomen el toro por las astas", apunta Felizia. "Hoy nadie se puede dar el lujo de que haya sobrecostos. La Justicia tiene un rol muy importante en la determinación de la competitividad de cada una de las provincias y también tiene las herramientas para resolver el tema del tema litigiosidad".

Frías destaca que el IVA no debería ser aplicado al sector y que debería reducirse o eliminarse el impuesto de débito y crédito. "Hay un sobrecosto, como en todas las áreas de la economía argentina, pero en la nuestra es un sobrecosto enorme".

"Lo más triste es que de todo lo que paga el sector en términos judiciales, solo el 40% de la sentencia llega al ciudadano. El resto se queda en el camino", señala Guaita. "El sistema paga una cantidad importantísima de siniestros al año, cerca de 4.200.000", dice Capuselli.

"El mercado cumple muy adecuadamente. Pero podría mejorar muchísimo y habría una mejor protección. Además, habría que ingentes cantidades de dinero volcadas al mercado financiero. Entonces, el costo de crédito bajaría estrepitosamente y habría crédito para los argentinos", completan.

 

Fuente: Clarín

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