La industria de seguros en Puerto Rico ha sido reconocida por el Tribunal Supremo como una pieza fundamental del andamiaje económico del País. Sin embargo, la percepción pública y, en ocasiones, las decisiones legislativas y judiciales tienden a inclinarse en contra de las aseguradoras, a juicio del licenciado Luis Sánchez Betances, del bufete Sánchez Betances, Sifre & Muñoz Noya.

“Existe una noción generalizada de que estas compañías poseen recursos ilimitados y que sus decisiones buscan evadir responsabilidades contractuales. Esta percepción, aunque comprensible desde el punto de vista del asegurado común, distorsiona la realidad operativa y económica del sistema asegurador”, resaltó Sánchez Betances.

El rol redistributivo del seguro

A juicio del abogado, es esencial entender que el propósito central de una póliza de seguros es redistribuir las pérdidas dentro de la sociedad. “Ante eventos catastróficos, como huracanes o incendios masivos, la compensación proviene del fondo común de primas recolectadas, y su sostenibilidad depende de una evaluación rigurosa de riesgos. Si los tribunales o legisladores fuerzan compensaciones desproporcionadas o no contempladas contractualmente, eso inevitablemente impacta en el aumento de primas o en la retirada de aseguradoras del mercado”, subrayó.

Como ejemplo, mencionó el estado de Florida, donde tras una serie de cambios legislativos y catástrofes naturales, muchas aseguradoras abandonaron el mercado, dejando a miles de propiedades sin cobertura.

“En Puerto Rico, especialmente tras el huracán María, se vivió un escenario similar, con aseguradoras colapsando por no tener el capital suficiente para cubrir las pérdidas reclamadas”, acotó.

Actualmente, se discute el Proyecto de la Cámara 363, que contempla la imposición obligatoria de honorarios legales del 33%, aplicación retroactiva a casos judiciales ya radicados, lo que podría representar una alteración directa de contratos previamente establecidos y la eliminación del requisito de los 60 días que tienen hoy las aseguradoras para corregir o resolver controversias extrajudicialmente antes de que un asegurado recurra al tribunal.

“Estas medidas no solo crean inseguridad jurídica al alterar retroactivamente contratos existentes, sino que debilitan la capacidad de respuesta de las aseguradoras, disuadiendo nuevas inversiones en el sector y elevando la incertidumbre para los asegurados”, sentenció el licenciado.

Necesidad de balance y educación

Acorde con Sánchez Betances, una de las principales recomendaciones para mitigar estos conflictos es promover una mayor educación sobre el contrato de seguro. Enfatizó que muchos asegurados no comprenden las limitaciones y condiciones de su póliza, lo que genera expectativas erróneas al momento de una reclamación.

“Por ejemplo, asegurar una propiedad por debajo de su valor real implica una penalización contractual que muchos desconocen. A su vez, los procesos de ajuste de pérdidas, que son esenciales para validar reclamaciones, suelen ser malinterpretados como intentos de las aseguradoras por no pagar. El contrato de seguro es, por naturaleza, un acuerdo condicionado. Solo cubre los eventos estipulados y hasta los límites acordados. Pretender que cubra más allá de eso, o imponerle condiciones nuevas con efecto retroactivo, no solo atenta contra principios constitucionales de seguridad jurídica y no retroactividad, sino que compromete la viabilidad misma del sistema asegurador”, afirmó el licenciado.

En su óptica, la sostenibilidad del sistema requiere un balance entre los derechos del asegurado y la estabilidad financiera del asegurador.

“Cualquier desequilibrio que imponga cargas irrazonables a las aseguradoras se traducirá, inevitablemente, en mayores primas para todos o, en el peor de los casos, en la ausencia total de seguros disponibles para ciertos sectores o tipos de propiedad. La industria de seguros, lejos de ser un enemigo del pueblo, es un instrumento esencial para proteger a la sociedad en momentos de crisis. Su función redistributiva y de amortiguación del riesgo es indispensable para el desarrollo económico y la paz financiera de los individuos y empresas. Cuidar su solidez y evitar legislaciones punitivas y retroactivas no es un favor a las aseguradoras, es una inversión en la seguridad colectiva de Puerto Rico”, puntualizó Sánchez.

https://www.elvocero.com/economia/en-riesgo-la-industria-de-seguros-en-puerto-rico/article_f4a751f4-a0fe-428d-8bef-504a7164a561.html

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