Fuente: Gente Seguradora
Un estudio de la Confederación Nacional de Aseguradoras (CNseg) revela que las pérdidas en 2026 ya superan el total de pérdidas registradas en 2025, mientras que la sequía sigue siendo el principal riesgo para la economía y el sector agropecuario.
Los fenómenos climáticos han provocado pérdidas económicas por valor de 51 900 millones de reales en Brasil solo en el primer semestre de 2026. Esta cifra ya supera los 46 700 millones de reales registrados durante todo el año pasado. El principal problema es la sequía, que afecta sobre todo al sector agrícola y ganadero y pone en peligro la producción, los ingresos y la estabilidad económica en diferentes regiones del país.
Los datos forman parte del «Radar de Fenómenos Climáticos y Seguros en Brasil», elaborado por la Confederación Nacional de Aseguradoras (CNseg) y presentado durante la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía.
Entre enero y junio de este año, el estudio identificó 24 fenómenos climáticos considerados significativos. En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron diez fenómenos y unas pérdidas estimadas en 31 000 millones de reales, los daños aumentaron en torno a un 67 %.
El problema, según la CNseg, va más allá de la magnitud de las pérdidas. Gran parte de los daños siguen siendo sufragados directamente por los agricultores, las familias, las empresas y los gobiernos, sin una protección financiera suficiente para mitigar el impacto de estos sucesos.
Uno de los principales indicadores de esta falta de protección se refleja en los seguros. En 2025, solo el 13,1 % de las pérdidas económicas provocadas por desastres climáticos, sin tener en cuenta la sequía, estaban cubiertas por seguros en Brasil.
En América Latina, el porcentaje fue del 23 %, mientras que a nivel mundial alcanzó el 51 %. En la práctica, esto significa que la mayor parte de las pérdidas sigue pagándose con recursos propios o con dinero público, lo que puede ralentizar la recuperación tras un fenómeno extremo.
La diferencia también se aprecia entre las regiones brasileñas. El Sur presentó el mayor nivel de protección en 2025: el 18 % de las pérdidas económicas estaban cubiertas por seguros. Este porcentaje se situó 4,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional. En el Nordeste, la cobertura fue del 11,9 %; en el Sudeste, del 9,2 %; y en el Norte, de tan solo el 0,1 %. Las cifras no tienen en cuenta los perjuicios provocados por la sequía.
La sequía prolongada es el principal riesgo climático identificado por el Radar. Entre enero de 2025 y junio de 2026, se registraron 65 fenómenos significativos relacionados con el clima, con pérdidas estimadas en 98 600 millones de reales.
De este total, el 93 % fue provocado por la sequía, que afecta principalmente al campo y puede reducir la producción agrícola, los ingresos de los productores y la actividad económica de las regiones afectadas.
A pesar de la magnitud de estas pérdidas, la protección mediante seguros sigue siendo muy baja. Solo el 0,6 % de los perjuicios causados por la sequía fueron indemnizados entre enero de 2025 y junio de 2026. En 2025, la cobertura había sido del 0,8 %. En el primer semestre de 2026, descendió al 0,4 %.
La situación es especialmente preocupante para el sector agroindustrial. Las pérdidas provocadas por la sequía se triplicaron, pasando de aproximadamente 14 000 millones de reales en 2024 a 42 100 millones de reales en 2025. En el mismo periodo, las indemnizaciones pagadas por fenómenos climáticos en el seguro rural cayeron cerca de un 60 %. La superficie de cultivos de cereales protegida por un seguro también se redujo, pasando del 6 % al 3 %.
Para la CNseg, la combinación de mayores pérdidas y menor protección aumenta el riesgo financiero de los productores. El Radar señala la necesidad de una política de subvenciones al seguro rural con recursos más previsibles.
La subvención es el dinero público que se utiliza para ayudar al productor a pagar parte del coste del seguro. El estudio también aboga por una mayor integración entre los seguros, el crédito rural y el mercado de capitales para ampliar la capacidad de protección de la actividad agrícola.
El tema se debatió en la mesa redonda «From Risk to Resilience: Financing Agribusiness Adaptation to Climate Change», celebrada el 9 de noviembre en la Zona Azul de la COP31. Representantes de los sectores de los seguros, el crédito, los mercados de capitales y el cooperativismo debatieron cómo combinar instrumentos financieros, políticas públicas y asistencia técnica para ayudar a los productores a prepararse mejor ante los efectos del cambio climático.
La directora de Sostenibilidad de CNseg, Cláudia Prates, llamó la atención sobre la escasa cobertura del seguro rural en Brasil, sobre todo ante el aumento de las pérdidas provocadas por la sequía. Según ella, la reducción de los recursos destinados a las subvenciones dificulta el acceso de los productores a la protección. Cláudia defendió la continuidad del Programa de Subvención a la Prima del Seguro Rural (PSR) y la aplicación de los cambios legislativos aprobados en 2026.
También destacó la importancia de los datos climáticos para orientar las decisiones. El Centro de Inteligencia Climática de la CNseg recopila información sobre riesgos, como el de inundaciones, y puede ayudar a definir inversiones, a conceder créditos y a elegir estrategias de protección.
Según la Asociación Brasileña de Entidades de los Mercados Financieros y de Capitales (ANBIMA), es necesario acercar el sector agroindustrial al mercado de capitales, que ofrece alternativas de financiación para empresas y productores.
La responsable de Desarrollo de Cooperativas del Sistema de Organización de Cooperativas Brasileñas (OCB), Débora Ingrisano, destacó el papel de las cooperativas en la difusión de información y en la oferta de servicios financieros. Las cooperativas de crédito están presentes en más de 3.600 municipios brasileños y, en 1.072 de ellos, son la única entidad de crédito disponible.
Según Débora, esta presencia puede ayudar a los pequeños y medianos productores a conocer mejor herramientas como los seguros, el crédito y las alternativas de financiación. «Las cooperativas mantienen una relación de cercanía y confianza con los productores, especialmente en los municipios pequeños. Esta capilaridad nos permite llevar información sobre seguros, crédito y el mercado de capitales a quienes, a menudo, aún no conocen estos instrumentos», afirmó.
Para la CNseg, hacer frente al cambio climático exige algo más que reducir la exposición de la población y las empresas a los fenómenos extremos. También es necesario crear mecanismos financieros capaces de absorber parte de las pérdidas y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.
Entre las propuestas presentadas por la entidad se encuentran la creación de una Estrategia Nacional de Protección Financiera y de Seguros contra Catástrofes, el reparto de riesgos entre diferentes sectores de la economía y la ampliación de los microseguros y los seguros inclusivos, especialmente para la población con bajos ingresos. Es importante destacar que los pequeños productores necesitan asistencia técnica y formación para poder utilizar el crédito, al que acceden a través de la financiación.
La preocupación aumenta ante las previsiones para 2026 y 2027. Los escenarios analizados por el Radar indican la posibilidad de un fenómeno de El Niño excepcionalmente intenso, un fenómeno climático que puede provocar cambios importantes en el régimen de lluvias.
Entre los efectos previstos se encuentran el agravamiento de la sequía en el norte y el noreste y el aumento de las lluvias en el sur y en partes del sureste. De aquí a 2030, alrededor del 70 % de los municipios brasileños expuestos a la sequía podrían enfrentarse a un alto riesgo de estrés hídrico, es decir, a dificultades para garantizar agua suficiente para la población y las actividades económicas.
El estudio también señala la necesidad de mejorar las bases de datos sobre los daños provocados por los fenómenos climáticos. Con información más completa, los gobiernos, las empresas y las aseguradoras podrán evaluar con mayor precisión qué municipios, actividades económicas y comunidades están más expuestos a los riesgos.
Fuente: Gente Seguradora
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