El proyecto de ley y la derogación de las resoluciones del CMN son acciones consideradas prioritarias por las organizaciones
La modernización del seguro rural y la adaptación de los programas de garantía agrícola del país al cambio climático están promoviendo la unión de las organizaciones del agronegocio en al menos dos de las principales regiones productoras del país: el Sur y el Sudeste. Estos temas fueron considerados prioritarios en las reuniones organizadas por la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería (CNA) para recoger propuestas para el Plan de Cosechas 2025/2026.
"Si tuviéramos mejores seguros, no estaríamos enfrentando las dificultades de este momento", dice el vicepresidente de Farsul, Elmar Konrad, que también es coordinador de la Comisión de Política Agrícola, Seguros y Crédito Rural de la organización.
Konrad participó en la primera de las cuatro reuniones celebradas hasta ahora por la confederación nacional, el día 17, en Florianópolis, en la sede de la Federación de Agricultura y Ganadería del Estado de Santa Catarina (Faesc), con representantes de los tres estados del sur.
Él y el director de Farsul y presidente de la Cámara Sectorial de Trigo y Cultivos de Invierno del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA), Hamilton Jardim, señalaron que las cosechas de granos de Rio Grande do Sul continúan con rendimientos muy bajos, tanto por la inundación de 2024 como por la sequía que afecta a Rio Grande do Sul desde mediados de diciembre, con muchos productores enfrentando restricciones de crédito por no poder prorrogar el pago de deudas originadas en cosechas anteriores.
Ante este escenario, los programas de Subsidio a la Prima del Seguro Rural (PSR) y de Garantía a la Actividad Agropecuaria (Proagro) han cobrado aún más importancia para apoyar a los productores en caso de problemas climáticos, como también señaló el presidente de la Faesc, José Zeferino Pedrozo. Al mismo tiempo que crece la necesidad de cobertura de seguros, los altos costos y las insuficientes indemnizaciones ofrecidas están reduciendo el número de contratos suscritos por los empresarios rurales. Según la CNA, el área cubierta con recursos del PSR en el ciclo 2024/2025 totalizó 7,3 millones de hectáreas. En 2020, esta cifra era de 13,69 millones de hectáreas, casi el doble de la cobertura actual.
Presentado por el consultor de la CNA José Ângelo Mazzillo, el Proyecto de Ley 2.951/2024, de autoría de la senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex ministra de Agricultura del gobierno del ex presidente Jair Bolsonaro, recibió apoyo general durante la reunión de los líderes de las federaciones. La propuesta, respaldada también por la Confederación Nacional de Empresas de Seguros (CNSeg), está en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado desde mediados de julio de 2024 y se considera un nuevo hito para el seguro rural en Brasil.
El texto corrige la inconsistencia de los recursos presupuestarios del PSR, uno de los problemas que más afecta a su capacidad para atender la demanda. También mejora el fondo privado previsto en la Ley Complementaria 137/2010, destinado a cubrir riesgos extraordinarios. La propuesta también elimina barreras para el funcionamiento del llamado Fondo Catastrófico y amplía las fuentes de recursos, incluyendo aportaciones del Gobierno Federal y de entidades privadas.
La Federación de Trabajadores Agrícolas de Rio Grande do Sul (Fetag/RS) también está a favor del proyecto de ley del senador y ex ministro, pero, como viene haciendo desde principios de 2025, sigue movilizándose para reforzar el Proagro, el sistema de seguros destinado a los pequeños productores. Fetag/RS espera que, antes del 15 de abril, el Gobierno derogue siete resoluciones del Consejo Monetario Nacional (CMN) que, según la organización, han hecho inviable el programa.
Las decisiones del máximo órgano del Sistema Financiero Nacional, responsable de formular la política de crédito y moneda en Brasil, fueron adoptadas entre junio de 2023 y diciembre de 2024, y cuatro de ellas fueron publicadas el 8 de abril de 2024. Según la central obrera, las medidas reducen las indemnizaciones del Proagro hasta en un 85%. Para la administración federal, se trata de medidas para simplificar el proceso y reducir costes. La Resolución 5.126, una de las cuatro de abril de 2024, redujo el límite del Proagro de R$335.000 a R$270.000, por año agrícola y por beneficiario, independientemente del número de empresas cubiertas. Para el CMN, la iniciativa aumenta la atención del programa a la agricultura familiar y a los pequeños productores. Al mismo tiempo, supondrá un ahorro estimado de 1.200 millones de reales hasta finales de 2025.
Fuente: Correio do Povo
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