Según un análisis, más de 20.000 colombianos han sido víctimas de fraude en la compra de seguros en línea.
Más de 20.000 colombianos han sido víctimas de fraude en la compra de seguros vehiculares en línea, pero detrás de esta cifra emerge un fenómeno más estructural: una operación organizada que lleva al menos tres años activa y que ha evolucionado hacia productos de mayor valor.
Así lo revela un informe de Seguro Canguro, basado en evidencia recopilada entre 2024 y principios de 2026.
De acuerdo con el análisis de la empresa, el fraude dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un esquema sistemático. Los delincuentes contactan a los conductores justo antes del vencimiento de sus pólizas, utilizando información precisa como nombre, placa, aseguradora e incluso la fecha de renovación.
“Ya no hablamos de casos oportunistas. Es una modalidad organizada que se repite con patrones claros”, advierte Martín Alvemo, CEO de Seguro Canguro.
La evolución del esquema explica su crecimiento. En sus inicios, durante 2022 y 2023, el fraude se concentró en el SOAT, en medio de las dificultades del mercado. Sin embargo, desde 2024 la operación migró hacia pólizas todo riesgo, donde el impacto económico es mayor y las pérdidas por víctima pueden superar los $3 millones.
El mecanismo, según el informe, sigue una estructura definida. Primero, los estafadores acceden a datos del conductor a través de fuentes públicas como el RUNT o consultas de vigencia del seguro. Luego, establecen contacto por llamada o WhatsApp, presentando ofertas que simulan renovaciones legítimas con descuentos cercanos al 15%. Posteriormente, envían documentos falsificados que replican cotizaciones reales y, finalmente, solicitan el pago por canales no oficiales.
En este último punto se concentra el mayor riesgo. Desde la compañía advierten que ninguna aseguradora formal solicita pagos a través de transferencias a cuentas personales, códigos QR o billeteras digitales. Las transacciones deben realizarse exclusivamente en portales oficiales o plataformas autorizadas.
Otro de los elementos que genera preocupación es el nivel de precisión en la información utilizada. Aunque parte de los datos puede obtenerse de sistemas abiertos, aún no está claro cómo los delincuentes acceden a los datos de contacto ni cómo consolidan la información para hacer creíble la estafa.
El análisis también identifica coincidencias geográficas en los casos reportados, con patrones similares en llamadas, audios y cuentas bancarias vinculadas a una misma ciudad. No obstante, la firma aclara que se trata de comportamientos reiterados y no de una conclusión definitiva.
Desde el sector asegurador, el fenómeno ha encendido las alertas. Fasecolda ha advertido sobre el aumento de este tipo de delitos y, junto con compañías y autoridades, ha impulsado campañas de prevención. Sin embargo, reconoce que desarticular estas redes resulta complejo, especialmente porque muchas víctimas no denuncian y las pérdidas individuales suelen ser relativamente bajas.
En este contexto, el informe insiste en que el criterio clave para evitar el fraude no es la información que tenga quien contacta al usuario, sino el canal de pago. “Que alguien conozca datos como la placa o la fecha de vencimiento no lo hace legítimo. La única forma segura es verificar directamente con la aseguradora antes de realizar cualquier pago”, subraya la compañía.
Las proyecciones apuntan a un escenario de mayor sofisticación. Con acceso a datos y la capacidad de adaptar el esquema a distintas aseguradoras, los delincuentes podrían seguir migrando hacia productos de mayor valor, lo que incrementaría el impacto económico por caso y refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación en el mercado.
Fuente: Portafolio
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