Las pólizas de garantía, que durante años fueron un elemento técnico más dentro de las licitaciones públicas, hoy están en el centro de la conversación. En 2026, el aumento en su ejecución refleja un escenario más exigente para las empresas que trabajan con el Estado y un uso más activo de los mecanismos de resguardo fiscal.
En términos simples, una póliza de garantía es un seguro que respalda el cumplimiento de un contrato. Cuando una empresa se adjudica una obra o un servicio público, debe presentar esta garantía para asegurar que cumplirá con lo prometido. Si no lo hace, el organismo público puede cobrar el monto asegurado. Es una herramienta diseñada para proteger los recursos fiscales y dar certezas al Estado.
Sin embargo, en el último año su uso ha dejado de ser meramente preventivo. Diversos actores del sector construcción e infraestructura coinciden en que las ejecuciones han aumentado, especialmente en proyectos con retrasos importantes, incumplimientos técnicos o dificultades financieras de las empresas contratistas.
El contexto económico ayuda a explicar parte del fenómeno. Muchas compañías asumieron contratos en condiciones de mercado distintas a las actuales. El alza en costos de materiales, ajustes salariales y mayores exigencias operativas han reducido márgenes y tensionado flujos de caja. En ese escenario, cumplir con plazos y estándares se vuelve más complejo.
Las pólizas están cumpliendo su función: proteger al mandante frente a incumplimientos. El problema es que hoy estamos viendo más casos en que las empresas simplemente no logran sostener financieramente los proyectos”, explica Álvaro Domínguez, gerente general de Finservice, empresa especializada en la gestión de obtención de pólizas de garantía.
A esto se suma un cambio en la forma en que el Estado enfrenta los incumplimientos. Especialistas en derecho administrativo observan que los organismos públicos están aplicando los contratos con mayor rigor. Si antes existía más margen para renegociar plazos o buscar soluciones intermedias, hoy la tendencia es ejecutar la garantía cuando se configuran las causales establecidas.
Este endurecimiento también responde a un mayor escrutinio sobre el uso de los recursos públicos. Proyectos paralizados o con sobrecostos han generado presión política y ciudadana, lo que lleva a las autoridades a reforzar los controles y hacer uso de todas las herramientas disponibles para proteger el erario.
Para las aseguradoras, el aumento en las ejecuciones implica revisar sus propios procesos. Emitir una póliza no es un trámite automático. Requiere evaluar la solvencia financiera de la empresa, su experiencia técnica y su capacidad de gestión. Con más siniestros en el mercado, es natural que los criterios se vuelvan más estrictos y que las condiciones cambien.
El impacto puede sentirse con mayor fuerza en las pequeñas y medianas empresas. En los últimos años, muchas pymes optaron por la póliza de garantía, también llamada seguro de caución, como alternativa a la boleta bancaria, que suele inmovilizar líneas de crédito. La póliza les permitía mantener liquidez y competir en licitaciones públicas. Sin embargo, una ejecución puede afectar su historial y limitar futuras oportunidades.
Desde el mundo gremial existe preocupación por el equilibrio entre control y sostenibilidad empresarial. Algunos plantean que los contratos de largo plazo deberían incorporar mecanismos más flexibles frente a cambios económicos relevantes. La discusión no apunta a eliminar las garantías, sino a revisar cómo se distribuyen los riesgos en un entorno más volátil.
En el sector público, en tanto, la postura es clara: las garantías existen para ser utilizadas cuando corresponde. No ejecutarlas, sostienen, debilitaría el sistema y enviaría señales equivocadas al mercado. El desafío está en aplicarlas con criterios técnicos y consistentes, evitando arbitrariedades.
Otro factor que influye es la digitalización. La emisión electrónica de pólizas y su integración con plataformas de licitación han simplificado procesos y aumentado la trazabilidad. Hoy la activación de una garantía puede realizarse con mayor rapidez y transparencia que hace algunos años.
De cara al futuro, el mercado de pólizas de garantía en Chile enfrenta un período de ajuste. Si las ejecuciones continúan en aumento, es probable que las primas suban y que el acceso al instrumento sea más selectivo. Eso podría afectar la competencia en ciertas licitaciones y concentrar el mercado en empresas con mayor respaldo financiero.
En un país donde la inversión pública sigue siendo clave para el crecimiento y el empleo, el debate sobre las garantías no es menor. Más que un tema técnico, se trata de cómo se gestionan los riesgos en proyectos que impactan directamente en la vida de las personas. Las pólizas, que alguna vez pasaron desapercibidas, hoy se han convertido en un termómetro de la salud del sistema de contratación pública.
Fuente: El Desconcierto
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