En días recientes se puso sobre la mesa de la discusión pública fijar un límite máximo a los aumentos anuales en las pólizas de seguros de gastos médicos y de salud, con base en la inflación general.

La propuesta, sin duda, a muchos les habrá parecido atractiva, frente a los elevados costos que representan para los individuos y las familias los seguros de gastos médicos.

Sin embargo, más valdría que tanto quienes promueven la iniciativa como los participantes en el parlamento abierto, no se dejen llevar por el canto de las sirenas, porque éste, tiene al mismo tiempo algo de salvador, como de mortífero.

Primero hay que observar el contexto general. Van algunos datos oficiales, tanto del sector asegurador, como del propio gobierno.

En la última década, el número de asegurados de gastos médicos creció 56%, pasando de 8.38 millones en 2013, a 13 millones en 2023; aumentó su cobertura del 7.5% al 10 por ciento.

Con tales cifras es claro que el seguro de gastos médicos representa un aliado estratégico para el gobierno de México, porque alivia la carga financiera del Estado y ofrece soluciones para mejorar la cobertura y atención médica en el país.

Por otra parte, debe considerarse el aumento en los costos de salud privada. En los últimos diez años, el costo promedio total de reclamación para el ramo de gastos médicos ha aumentado un 196 por ciento.

Pasó de 13,500 a 40,000 pesos, con un repunte significativo en 2020 y 2021 debido a la pandemia de Covid-19. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los principales factores del incremento en costos de seguros de gastos médicos son: costos hospitalarios 49%, honorarios médicos 15%, medicamentos 15% y siniestralidad y otros 20 por ciento. Es claro que la inflación médica se explica por los elevados costos hospitalarios, fundamentalmente.

Aplicar un precio tope a las primas de los seguros de gastos médicos iría en contra del artículo 200, fracción II de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas que señala que las primas de deben determinar sobre bases técnicas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con los asegurados.

La experiencia internacional, específicamente el caso de Los Ángeles, California, demuestra que cuando se imponen topes de precios sin sustento técnico, las aseguradoras reducen su presencia en el mercado.

Un tope a las primas generaría una distorsión en la evaluación y distribución del riesgo y repercutirá negativamente en los asegurados.

Afectaría a la mayoría de los 13 millones de personas con polizas de seguros de gastos médicos.

Es decir afectará negativamente al 84% de los asegurados totales; las personas menores de 60 años de edad, quienes enfrentarían aumentos anuales en sus primas y en un plazo de 7 años se acumularía un aumento del 75%.

La probable salida del mercado de compañías de seguros provocaría un impacto negativo en las finanzas públicas de los gobiernos, al tener que absorber los gastos médicos de las personas aseguradas, que hoy corren por cuenta de las aseguradoras.

Ojalá que se tomen en cuenta todos los elementos y los promoventes de la iniciativa que busca congelar las primas de los seguros de gastos médicos, no caigan en soluciones aparentemente fáciles.

Fuente: El Economista

Enlace: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/gastos-medicos-tope-maximo-riesgos-20250317-750904.html