La nueva directriz exige pólizas que garanticen hasta el 30% del valor de la obra e incluye una cláusula de recuperación.

El gobierno federal está reglamentando nuevas directrices para el seguro de garantía, mecanismo que obligará a las empresas que ganen licitaciones de obras públicas con inversiones superiores a 200 millones de reales a contratar pólizas que garanticen hasta el 30% del valor total de la obra.

Una de las principales novedades de este seguro será la inclusión de una "cláusula de reanudación", que responsabiliza a la aseguradora de la conclusión del proyecto si el contratista no puede finalizar la obra por cualquier motivo.

Este requisito se propuso en la nueva Ley de Licitaciones (14.133/2021), pero aún está a la espera de un acto normativo que permita su aplicación en los contratos federales.

Actualmente, el escenario en el sector de infraestructuras está marcado por la escasez de seguros, una realidad que ha repercutido negativamente en las obras, muchas de las cuales han quedado paralizadas. Dyogo Oliveira, presidente de la CNseg (Confederación Nacional de las Compañías de Seguros Generales), señala que "las infraestructuras brasileñas carecen de seguros. Este requisito no se presenta claramente en las licitaciones públicas, a diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos y Europa. La regulación podría transformar significativamente esta situación en Brasil".

Algunos estados, como Mato Grosso, Pernambuco y Paraná, ya han empezado a implantar este tipo de contratación a nivel local. Según Oliveira, actualmente el volumen de seguros en infraestructuras es prácticamente inexistente.

Informaciones obtenidas por Folha indican que la reglamentación del seguro de garantía fue discutida en reuniones entre miembros del Ministerio de Hacienda y el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

El MGI (Ministerio de Gestión e Innovación de los Servicios Públicos) también ha estado siguiendo este asunto, publicando reglamentos relacionados con la nueva ley desde su promulgación. En un comunicado, el MGI destacó que priorizó normas que inicialmente se consideraron más urgentes y que la reglamentación del seguro de garantía es un tema innovador que requiere diálogo con diversos sectores, entre ellos el Tesoro y la CNSeg, además de la Susep (Superintendencia de Seguros Privados), la AGU (Abogacía General de la Unión) y el Dnit (Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes), principal contratista de obras públicas federales.

Actualmente, las pólizas contratadas por las empresas sólo garantizan hasta el 5% del valor total de la obra y no ofrecen ninguna seguridad en cuanto a su finalización. Esta falta de garantías contribuye al aumento de las obras paralizadas: los datos del TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) muestran que en 2024 se identificaron 11.941 obras sin ejecutar en Brasil, lo que representa el 52% de los contratos vigentes.

Los sectores de educación y salud son los más afectados, con 8.674 proyectos paralizados en estas áreas, correspondientes al 72,6% del total. En la mayoría de los casos, no existe ningún seguro que garantice la continuidad de estos proyectos.

El subsecretario de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, Vinicius Brandi, cree que la nueva norma proporcionará mayor agilidad y eficacia en la finalización de las obras públicas interrumpidas por incumplimiento de los contratistas originales. Anunció que se están realizando nuevos estudios para perfeccionar el texto legal, con vistas a aumentar la participación de las aseguradoras en las licitaciones públicas y fomentar una competencia sana, que redunde en menores costes de contratación.

Entre los temas debatidos figura la definición de las circunstancias en las que las aseguradoras se harán cargo de las obras. Según Brandi, se espera que el coste de los seguros disminuya porque la legislación ofrece incentivos para que las aseguradoras se hagan cargo de estos proyectos. El objetivo es que el coste de reanudación de las obras sea inferior al 30% estipulado como indemnización.

Roque Melo, presidente del Comité de Crédito y Garantía de la FenSeg (Federación Nacional de Seguros Generales), destaca que la nueva reglamentación federal será fundamental para facilitar la contratación de este tipo de seguro para obras públicas. "Tendremos directrices más claras para los agentes públicos", dice Melo.

La revisión de las normas también está influyendo en la estructuración de las aseguradoras; hay cerca de 40 empresas con el perfil adecuado para operar en este segmento, tres de las cuales ya prestan servicios en contratos específicos.

La CNseg informa que actualmente hay cerca de 2 mil millones de reales en contratos previstos para ser ejecutados con base en el seguro de garantía. Algunos ejemplos son las licitaciones en Belém (PA) para las estructuras de la COP30 (30ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático), que prevén una póliza del 30%, así como las licitaciones en Pernambuco y São Paulo para grandes proyectos de viviendas.

Mato Grosso destaca por la aplicación de una ley estatal que exige este criterio para las licitaciones superiores a 50 millones de reales, y por ser pionero en la introducción de la cláusula de recuperación en sus contratos. Hasta la fecha, se han firmado en el Estado cinco contratos por un total de 454 millones de reales.

 

Fuente: ABC do ABC

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