Este grupo ha estado involucrado en la gestión de varias aseguradoras que, tras promesas de expansión y solidez, terminaron en procesos de liquidación forzada o con fuertes sanciones.
Durante los últimos años, el mercado asegurador argentino enfrentó desafíos estructurales que no solo provienen del contexto económico, sino también de prácticas recurrentes por parte de algunos grupos empresarios.
Un caso que llama la atención es el del Grupo Campici. Este grupo ha estado involucrado en la gestión de varias aseguradoras que, tras promesas de expansión y solidez, terminaron en procesos de liquidación forzada o con fuertes sanciones por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Boston Seguros, Escudo, TPC y Caledonia son solo algunos de los nombres que forman parte de este historial.
Hoy, ese mismo grupo vuelve al mercado con una nueva compañía: NRE Compañía de Seguros S.A., cuya estructura societaria está controlada en un 80% por TPC Compañía de Seguros S.A., otra firma del mismo grupo económico. En distintas entrevistas —como las publicadas por Informe Operadores— Gonzalo Campici ha admitido su vinculación con estas operaciones. Los directivos formales de NRE son Fernando Jorge López Peña, Gabriel Iván Osatinsky y Raúl Eduardo Carignano.
El modelo de operación parece repetirse: adquisición de carteras, promesas de respaldo, fuerte promoción en redes, y una relación endeble con el cumplimiento a largo plazo. Las publicaciones recientes desde cuentas vinculadas a NRE intentan posicionarse como alternativa en momentos de crisis de otras compañías, pero lo hacen atacando a colegas del mercado, apelando a mensajes anónimos y de baja calidad profesional. Esto no solo genera preocupación por la falta de ética comercial, sino también por el impacto que estas conductas tienen en la reputación general del sector. ¿Qué garantías puede ofrecer una compañía cuyo grupo empresario ha abandonado sistemáticamente compañías previas, dejando trabajadores sin indemnización y asegurados sin cobertura efectiva?
La Superintendencia, los productores y la sociedad en su conjunto deben comenzar a reflexionar con mayor profundidad: ¿estamos dispuestos a seguir naturalizando estos ciclos destructivos que debilitan al sistema asegurador en su conjunto? Porque en un mercado que se construye sobre la confianza, no podemos permitir que los mismos actores vuelvan a operar con distinto nombre, pero con la misma lógica.
Una estrategia conocida, un nuevo nombre
En el mercado asegurador argentino persisten modelos de negocio que, bajo nuevas razones sociales, reproducen lógicas conocidas por su impacto negativo. El caso del Grupo Campici es uno de los más representativos: vinculado históricamente a compañías como Escudo Seguros, TPC Compañía de Seguros y Boston Seguros, todas con antecedentes de sanciones, intervenciones o liquidaciones, hoy regresa al mercado con una nueva firma: NRE Compañía de Seguros S.A. La nueva aseguradora tiene una estructura accionaria que fue controlada en un 80% por TPC, otra empresa del mismo grupo y que hoy de acuerdo a la página de la SSN pertenece a Inversora Local S.A. Pese a la formalidad de nuevos nombres en su directorio, la operación responde a una lógica repetida: promesas de respaldo, captación acelerada de cartera, fuerte promoción en redes sociales y señales de bajo compromiso con el cumplimiento a largo plazo. Desde canales vinculados a NRE se ha promovido contenido que descalifica a colegas del sector, sin firma profesional y con escasa rigurosidad técnica, lo que refuerza las dudas sobre la política comercial adoptada.
El esquema que estas compañías han replicado en distintas etapas sigue patrones comunes fácilmente identificables. Todo comienza con la obtención de la autorización operativa de una aseguradora pequeña, muchas veces sin antecedentes relevantes ni respaldo técnico evidente. Luego, se lanza una estrategia de expansión agresiva basada en captar grandes volúmenes de primas mediante convenios masivos con productores y propuestas de precios por debajo del promedio de mercado, sacrificando rentabilidad técnica en favor de participación. Esta dinámica suele estar acompañada por un discurso orientado a la modernización del seguro, con fuerte presencia en redes sociales, campañas de marketing orientadas al canal digital y promesas de transformación cultural del sector. En paralelo, el objetivo financiero de estas estructuras se concentra en el ingreso rápido de fondos para cubrir obligaciones inmediatas, lo que permite sostener operaciones en el muy corto plazo.
Sin embargo, este flujo se revela insuficiente cuando aparece el pasivo judicial acumulado, compuesto por un stock de juicios que no cuentan con cobertura efectiva y cuyos costos se ajustan a tasas diferenciadas y crecientes. Esta asimetría entre ingresos corrientes y pasivos contingentes termina desbordando la capacidad operativa de la compañía.
La estrategia, entonces, resulta funcional para cubrir pasivos inmediatos, pero es ineficiente —e insostenible— frente al pasivo judicial de largo plazo, que crece por efecto de intereses y costas, y que no es acompañado por una política de reservas adecuadas. Este patrón no es nuevo, y tuvo recientemente un caso paradigmático en Orbis Compañía de Seguros, actualmente en proceso de liquidación voluntaria, que reconoció en su último balance la imposibilidad de enfrentar los costos judiciales acumulados, pese a haber mantenido durante años un nivel operativo formalmente activo. Ese desenlace refleja con claridad los límites estructurales de este tipo de esquemas y anticipa los riesgos que implican cuando no existe una planificación técnica ni financiera a largo plazo.
Este tipo de prácticas no solo compromete a los asegurados y productores que confían en la empresa, sino que también debilita la imagen institucional del mercado. La reiteración de estos ciclos empresariales —con los mismos actores, nuevas marcas y resultados previsibles— exige una revisión más firme por parte de los organismos de control. La sostenibilidad del sistema no puede construirse sobre estructuras que ya han fracasado reiteradamente, ni sobre la naturalización de operadores que reinciden en estrategias que afectan de forma directa la confianza, la transparencia y el equilibrio.
Fuente: Ámbito
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