Boletín Nº 6359
Jujuy registró una fuerte caída de los juicios laborales y quedó entre las provincias con mayor descenso
Argentina, Noviembre 12 , 2026
Fuente: Jujuy al Día
Los accidentes y las muertes en el trabajo bajan desde hace casi tres décadas en la Argentina, pero los juicios que genera el sistema de riesgos del trabajo no siguen esa tendencia. Entre enero y julio de 2026 se acumularon 64.808 demandas, según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) relevados por Infobae. La cifra es 4,7% inferior a la del mismo periodo de 2025, pero el volumen sigue siendo alto y se distribuye de forma muy despareja entre provincias y actividades.
Esa desigualdad ordena un debate que involucra a las aseguradoras, a las pyme y a quienes deciden dónde invertir. Las ART reclaman criterios médicos uniformes en la Justicia, los empresarios describen juicios que ponen en riesgo la continuidad de sus fábricas y los economistas advierten que la incertidumbre judicial encarece el capital.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) resume el fenómeno como una paradoja. Entre 1997 y 2025, los siniestros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cayeron 54% y los fallecimientos, 79 por ciento. Los juicios, en cambio, aumentaron 91% desde 2019. Según la entidad, la Argentina tiene una siniestralidad similar a la de Chile y España, pero 23 veces los juicios de Chile y 14 veces los de España.
En términos generales, la SRT registra 6,8 juicios cada 1.000 trabajadores cubiertos, sobre un universo de 9,5 millones de personas. Ese promedio esconde diferencias muy marcadas.
Cuatro jurisdicciones muy por encima del promedio
Según los datos publicados por la SRT, la provincia de San Luis encabeza el ranking con 45,61 juicios cada 1.000 trabajadores en los primeros siete meses de este año, seguida por Córdoba (34,87), Santa Fe (26,15) y Mendoza (14,61). Buenos Aires, con 8,20, queda algo por encima de la media nacional, y CABA, con 6,08, algo por debajo.
La imagen cambia al mirar el volumen: la provincia de Buenos Aires acumuló 25.408 juicios en siete meses y la Ciudad, 12.530. Según la UART, esas dos jurisdicciones concentran cerca de 39% y 19% de los juicios del país, respectivamente, y junto con Santa Fe, Córdoba y Mendoza explican 86% del total.
En San Luis hay un promedio de 0,77 juicios por empleador, en Santa Fe 0,55 y en Córdoba 0,45, frente a 0,12 en el promedio del país.
La evolución reciente tampoco es pareja. Santa Fe pasó de 9.566 juicios iniciados entre enero y julio de 2025 a 11.122 juicios en igual período de este año, un aumento de 16,3%, mientras que Córdoba bajó 20,1%, Mendoza 15% y San Luis 7,3%. Hubo caídas más pronunciadas en Neuquén (60,7% de baja de juicios) y Jujuy (-77,9 por ciento).
Mara Bettiol, presidente de la UART, explicó que las diferencias de judicialidad entre provincias se explican fundamentalmente “por el funcionamiento de la justicia laboral y los distintos criterios con los que se determinan las incapacidades y las indemnizaciones”.
La entidad ubica el problema en la distancia entre la instancia administrativa y la judicial. Según sus datos, 87% de los juicios llega sin incapacidad reconocida por la Comisión Médica oficial y 82% corresponde a dolencias leves, como esguinces, lumbalgias o contusiones. Además, solo en el 22% de los juicios ingresados en 2025 los tribunales inferiores, la Corte provincial y la Corte Suprema aplicaron el mismo criterio sobre intereses.
“La clave es cerrar la brecha entre las evaluaciones médicas oficiales de las Comisiones Médicas (sede administrativa) y las pericias de la justicia laboral. No puede ser que un mismo daño reciba valoraciones tan diferentes según dónde se judicialice. Mientras persistan esas diferencias, seguirán existiendo incentivos para litigar”, agregó Bettiol.
Qué actividades concentran los reclamos
Los índices más altos de judicialización se registran en el sector de suministro de agua y cloacas (17,64 juicios cada 1.000 trabajadores), transporte y almacenamiento (15,36), industria manufacturera (14,27) y construcción (13,20). En cantidad de casos, la industria es la que más acumula, algo lógico, teniendo en cuenta que emplea a más de 1,1 millones de personas.
En el extremo opuesto están la enseñanza (1,03 juicios cada 1.000 trabajadores) y la intermediación financiera y los seguros (1,41).
Los sectores más condicionados son los que demandan más trabajo físico, mientras que aquellos que se desarrollan en aulas u oficinas presentan una cantidad de juicios sustancialmente más baja.
Según la SRT, los accidentes de trabajo explican 30.041 juicios de los 64.808 iniciados en los primeros siete meses de este año, las enfermedades profesionales 22.084 y los accidentes in itinere 12.649. Otros 35 fueron por enfermedades fuera del listado.
El peso sobre las pequeñas y medianas empresas
Para las empresas chicas, el litigio puede ser una cuestión de supervivencia, tanto en los casos de accidentes laborales como en los juicios por informalidad.
Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), dijo a Infobae: “Las pyme que tienen un juicio que vienen arrastrando hace cinco, seis u ocho años, se terminan destruyendo económicamente”. En otras palabras, “no pueden hacerle frente a los juicios que pierden”.
Rosato describió además cómo suelen desarrollarse los casos: “Una empresa que tiene 100 operarios, tiene en promedio un conflicto una vez por mes”, aseguró.
El dirigente asegura que ese escenario condiciona las decisiones productivas: “Hay empresas que han tenido que pagar más de $300 millones en juicios o arreglos”.
“En vez de invertir en una máquina o invertir en algo para mejorar la productividad, se debe destinar el dinero a pagar juicios o arreglos”, apuntó. Sobre la reforma laboral, fue tajante: “La industria del juicio sigue y los juzgados te destrozan”.
El costo que no figura en el balance
El economista Daniel Garro, director de Value International Group, analizó el efecto de los juicios laborales desde el costado de las finanzas: “El problema central es que resulta imposible calcular lo que suele llamarse el ‘costo de salida’. En cualquier proyecto se evalúan los costos de entrada, pero al existir una elevada litigiosidad laboral, la salida se vuelve impredecible”.
“Las empresas se ven obligadas a constituir un resguardo o ‘colchón financiero’. A mayor colchón, el costo financiero del proyecto o de la empresa se eleva significativamente, ya sea porque hay que endeudarse para constituir esa reserva o porque debe aportarse con capital propio, lo cual es todavía más costoso”, continuó Garro.
Según el economista, eso eleva el capital necesario para obtener el mismo flujo de fondos y reduce el rendimiento sobre el capital invertido.
Garro vincula también la litigiosidad con el empleo en negro. “La formalidad no le resulta conveniente a ninguna de las dos partes, y por eso la informalidad ha crecido tanto en la Argentina”, afirmó. Para el especialista, esto ocurre sobre todo en las pymes, porque las grandes compañías están auditadas de manera permanente por ARCA.
La UART calcula que las demandas de los juicios ingresados en 2025 equivalen a unos 7 millones de salarios mínimos y que, si no se corrige la judicialidad, la necesidad técnica de aumento de las alícuotas será de 69 por ciento.
Señales de cambio
Para la UART, hay señales que abren una salida a la industria del juicio:
Santa Fe pondrá en marcha un Cuerpo Médico Forense, integrado por concurso y con criterios uniformes
Mendoza anunció que ampliará su cuerpo de peritos
Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte fijó en el fallo “Galarza” que los créditos judiciales se actualicen con la tasa activa sin capitalizar
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avanza el traspaso del fuero laboral nacional
Córdoba sigue pendiente la integración plena del cuerpo forense.
Mara Bettiol insiste: “Es indispensable que la justicia laboral aplique obligatoriamente el Baremo vigente, cuente con cuerpos médicos especializados e independientes, elimine los incentivos económicos que distorsionan las pericias y respete los mecanismos legales de actualización de las indemnizaciones”.
Daniel Rosato propone otra salida: “Debe haber una ley que garantice al empleador que lo cubra el seguro. Si la ART no cumple o se funde, el juicio va contra el empleador. En ese caso, debería responder el Gobierno a través de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo”.
“El trabajador que sufrió un daño debe recibir una reparación justa, rápida y conforme a la ley y para ello la judicialidad debe ser la excepción. no la regla”, concluyó Mara Bettiol.
Fuente: Jujuy al Día