La Comisión de Legislación del Senado inició el análisis del proyecto de nueva Ley de Seguros enviado por el Poder Ejecutivo. El BCP y la SIS defendieron la necesidad de modernizar una normativa con tres décadas de vigencia y avanzar hacia una supervisión basada en riesgos, mientras que la APCS y legisladores plantearon reparos sobre el tratamiento de caución y fianzas, el alcance del régimen sancionatorio y la necesidad de limitar la discrecionalidad administrativa.
Tal como adelantamos días atrás (ver nota), la Comisión de Legislación del Senado inició el análisis del proyecto de nueva Ley de Seguros remitido por el Poder Ejecutivo. Durante la reunión, el Banco Central del Paraguay presentó los ejes centrales de la propuesta, orientada a modernizar un marco normativo con casi 30 años de vigencia.
Desde el sector asegurador, en tanto, se plantearon observaciones sobre el tratamiento del seguro de caución, la figura de la fianza y el régimen sancionatorio, mientras que legisladores y asesores advirtieron sobre la necesidad de reducir los márgenes de discrecionalidad y reforzar las garantías legales.
La reunión comenzó con la presentación del primer punto del orden del día, correspondiente al mensaje del Poder Ejecutivo, canalizado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual se remite el proyecto de reforma de la Ley de Seguros.
Desde la Comisión se explicó que, aunque el proyecto aún no estaba incorporado formalmente al orden del día de la siguiente sesión, se resolvió avanzar con un análisis preliminar. En ese marco, se propuso que la presentación inicial estuviera a cargo del Banco Central del Paraguay.
A continuación, desde 100% SEGURO compartimos todo lo que sucedió durante una sesión que se extendió por más de una hora:
El Banco Central expuso las bases de la reforma
Miguel Mora, miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), inició la presentación con una introducción general del proyecto, al que calificó como una iniciativa relevante para el sistema financiero. Explicó que la normativa vigente tiene 30 años y que el objetivo es adecuarla a estándares internacionales y mejores prácticas de supervisión.
Entre los principales ejes, detalló la modernización del marco legal, el fortalecimiento de la supervisión y la incorporación de un esquema basado en riesgos.
“Otorga mayores herramientas al BCP para supervisar a las aseguradoras y gestionar los riesgos del sector de manera más preventiva”, afirmó.
También mencionó la protección al asegurado, los requisitos prudenciales, el gobierno corporativo y la estabilidad del sector como aspectos centrales de la propuesta.
En su cierre, sostuvo: “En síntesis, el proyecto apunta a consolidar un sector asegurador moderno, solvente, transparente, centrado en la protección de los asegurados”. Agregó, además, que la iniciativa se alinea con la “etapa de integración internacional del país”.
A su turno, Jazmín Bernal, Superintendenta de Seguros, retomó la presentación destacando el rol del sector asegurador en la economía. “El seguro transforma incertidumbre en inversión, crédito y continuidad productiva”, afirmó.
Explicó que el mercado ha crecido de manera sostenida, con un aumento de primas directas desde 2,44 billones en 2018 hasta 4,25 billones en el último cierre. Sin embargo, aclaró que la penetración del seguro sigue siendo baja en relación al PIB.
En cuanto a la necesidad de la reforma, recordó que la Ley 827/96 está próxima a cumplir tres décadas de vigencia y sostuvo que los riesgos del mercado cambiaron de manera significativa desde su sanción.
“La reforma no implica sobrerregulación, sino pasar de un control retrospectivo a una supervisión preventiva”, señaló.
Bernal añadió que el nuevo modelo exigirá capital acorde al riesgo y reforzará el gobierno corporativo de las compañías, en línea con una mirada más preventiva de la supervisión.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, Liz Coronel, Gerente de Desarrollo Económico, respaldó el proyecto y remarcó la necesidad de actualizar la normativa vigente.
“El mercado de seguros ha evolucionado en ese tiempo, existen nuevos productos, nuevos riesgos y nuevas formas de comercialización”, afirmó.
También destacó la importancia del período de transición previsto en el proyecto para permitir la adaptación gradual del sector.
APCS, con cuestionamientos a caución y sanciones
Juan Francisco Pérez Saldívar, presidente de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS), señaló que el texto remitido al Congreso difiere del proyecto trabajado previamente con la Superintendencia.
“Logramos llegar a un consenso bastante interesante… pero cuando se presenta el proyecto al Congreso vimos que no era el que habíamos consensuado”, afirmó.
Uno de los principales puntos de conflicto fue la incorporación de la fianza en el tratamiento jurídico de las pólizas de caución.
“La póliza de caución es muy diferente a la fianza… esto va a perjudicar enormemente al mercado”, advirtió.
También alertó sobre el impacto del régimen sancionatorio previsto en la iniciativa. “Nos preocupa bastante el tema de las faltas y las sanciones… se aumentaron muchísimo”, sostuvo.
Legalidad, proporcionalidad y discrecionalidad sancionatoria
A su turno, Eduardo Nakayama, senador nacional, planteó observaciones técnicas sobre el proyecto, centradas en el principio de legalidad y en el diseño del régimen de sanciones.
El legislador señaló que la normativa debe evitar márgenes excesivos de discrecionalidad administrativa. “La pena tiene que ser objetiva, no puede ser discrecional”, sostuvo.
También cuestionó la estructura de las faltas y advirtió sobre la falta de proporcionalidad entre infracciones leves y graves. “Es como que todo es grave”, afirmó al analizar el articulado.
Nakayama expresó, además, dudas sobre la aplicación de sanciones directas sin sumario previo en determinados casos, un punto que consideró necesario revisar para reforzar las garantías del procedimiento.
Por su parte, Luis Pettengill, senador nacional, centró su intervención en el impacto que podría tener la equiparación entre fianza y póliza de caución.
Advirtió que ese cambio podría afectar especialmente a empresas pequeñas. “Vamos a dejar sin participar a todas esas pequeñas empresas”, sostuvo.
Según explicó, la fianza bancaria requiere respaldo financiero, una condición que no todas las empresas están en condiciones de cumplir.
Alerta sobre discrecionalidad y diseño del régimen sancionatorio
Luego, Sebastián Villarejo, asesor de la APCS, cuestionó el nivel de discrecionalidad del proyecto y su posible impacto institucional en el largo plazo.
Afirmó que, si bien el BCP tiene facultades para presentar la propuesta, el proceso previo de trabajo conjunto debería haberse respetado en su totalidad. “Como mínimo, eso es una descortesía”, señaló.
Villarejo -próximo a ser designado Director Ejecutivo de la Asociación advirtió, además, sobre la necesidad de analizar el impacto económico y jurídico del cambio de régimen.
También cuestionó la amplitud de las sanciones y la tipificación de faltas, poniendo como ejemplo la calificación como falta grave de la presentación fuera de plazo de determinados informes. “¿Presentarte al día siguiente también es falta grave?”, cuestionó.
Remarcó que la discrecionalidad sancionatoria puede generar incertidumbre para el mercado y para los inversores.
Ante este planteo, la Superintendencia de Seguros respondió que el objetivo del régimen no es recaudatorio, sino preventivo y disuasivo. “Hoy es mucho más conveniente seguir infringiendo que corregir la conducta”, señalaron.
Desde la SIS explicaron que el sistema actual genera reincidencia de infracciones debido a la baja efectividad de las sanciones vigentes. Indicaron, además, que el nuevo modelo prioriza advertencias, medidas correctivas y procesos preventivos antes de llegar a un sumario.
Desde el BCP sostuvieron que las sanciones serán graduadas según el tamaño de la empresa, la reincidencia y la gravedad de la infracción. “Para una empresa pequeña no se va a aplicar el mismo monto”, aclararon.
El análisis continuará con observaciones formales del mercado
Al cierre de la reunión, las autoridades del BCP y la Comisión del Senado acordaron continuar el análisis del proyecto y recibir observaciones formales del sector asegurador.
Mora señaló que se trabajará en la revisión de los planteos para buscar consensos en la redacción final. “Vamos a tomar nota de todas las observaciones”, afirmó.
La Comisión anunció que el tratamiento seguirá en instancias técnicas antes de la emisión de dictámenes.
La reunión concluyó con el compromiso de continuar el debate y con la advertencia de que varios puntos centrales —especialmente el régimen sancionatorio, la delimitación entre caución y fianza, y el alcance de las facultades del regulador— seguirán bajo revisión.
Fuente: 100% Seguro
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