Fuente: Conjur
La publicación de la Ley n.º 15.040/2024 ha modificado profundamente las bases contractuales de las operaciones de seguros en Brasil. Al derogar las disposiciones del Código Civil que regulaban la materia desde hacía más de dos décadas, así como las disposiciones del Decreto-Ley n.º 73/1966, la nueva Ley del Contrato de Seguro no solo sustituyó las normas anteriores, sino que también modificó el perfil regulador de la legislación en materia de seguros. A partir de la nueva ley, diversas cuestiones pasaron a ser definidas directamente por el legislador.
Nueva Ley del Contrato de Seguro
Anteriormente, el capítulo XV del título V de la parte especial del Código Civil regulaba el contrato de seguro mediante normas generales, dejando a la normativa sublegislativa un amplio margen para detallar sus aspectos técnicos y operativos. La Ley n.º 15.040/2024 rompió, en parte, con esta lógica al abordar directamente algunos temas que antes se regulaban predominantemente mediante actos reglamentarios, como los procedimientos de tramitación y liquidación de siniestros, los mecanismos de suspensión y resolución del contrato por incumplimiento y la cobertura provisional.
Con ello, diversos aspectos técnicos del contrato de seguro pasaron a formar parte de la ley formal. La consecuencia práctica es relevante: los contratos de seguro han pasado a tener un marco jurídico más rígido, al tiempo que el margen de actuación del regulador se ha visto sometido a límites más estrictos.
Necesidad de revisar el marco normativo vigente
La entrada en vigor de la nueva Ley del Contrato de Seguros ha impuesto al regulador de seguros una especie de prueba de compatibilidad del marco normativo vigente.
Las normas promulgadas bajo la lógica anterior, en la que el Código Civil establecía pautas amplias y dejaba un mayor margen de actuación a la SUSEP (Superintendencia de Seguros Privados) y al CNSP (Consejo Nacional de Seguros Privados), ahora exigen una revisión a la luz de los nuevos parámetros legales. Esto se debe a que el mantenimiento de circulares y resoluciones incompatibles con la Ley n.º 15.040/2024 genera inseguridad jurídica, sobre todo cuando establecen requisitos, limitaciones, plazos o condiciones que carecen de fundamento en el nuevo texto legal.
No obstante, es importante destacar que, siempre que las disposiciones sublegales se mantengan en consonancia con los institutos, conceptos y directrices previstos en la nueva ley, será posible reconocer su vigencia.
No obstante, la revisión normativa de determinados temas resulta esencial para preservar la previsibilidad normativa, la seguridad jurídica y la estabilidad de los contratos de seguro, evitando que las aseguradoras, los asegurados y los intermediarios tengan que lidiar con disposiciones reglamentarias desalineadas con el nuevo marco legal.
Es en este contexto donde se inscribe uno de los principales retos de la SUSEP y del CNSP, a saber, el de identificar las normas y disposiciones que requieren mejoras o complementos, adaptando la reglamentación a la nueva legislación.
El papel de la SUSEP, del CNSP y del mercado asegurador
En el Plan de Regulación de la SUSEP para 2025, la adaptación a la Ley n.º 15.040/2024 ya figuraba entre las prioridades estratégicas. A partir de ahí, se inició una planificación estructurada en etapas, con el análisis de las normas afectadas y la elaboración de borradores normativos para su adaptación a la ley, que fueron objeto de cinco consultas públicas en 2025 y dos en 2026.
Ante el alcance de los cambios introducidos por la ley, el mercado asegurador también se movilizó para contribuir al proceso de revisión normativa. En el marco de la CNseg (Confederación Nacional de Aseguradoras), junto con la FenSeg (Federación Nacional de Seguros Generales) y la FenaPrevi (Federación Nacional de Previsión Privada y Vida), se han identificado unas 20 normas, entre circulares y resoluciones que requerirían ajustes, que abarcan temas como la contratación a distancia, la estipulación y la representación de seguros, la regulación de siniestros, las obligaciones de información, las operaciones de reaseguro y la estructuración de productos.
Entre los aspectos que requerirán mayor atención y cautela por parte del regulador a la hora de adaptar las normas infralegales, la confederación y las federaciones señalaron la necesidad de reconocer que, a la luz de la buena fe objetiva, el cuestionario de evaluación de riesgos elaborado por la aseguradora no puede considerarse absolutamente exhaustivo, hasta el punto de eximir por completo al asegurado de su obligación de declarar correctamente el riesgo. También señalaron la necesidad de prestar atención a la distinción entre los criterios técnicos y actuariales de fijación de precios, que forman parte de la equidad tarifaria de las primas, y la práctica discriminatoria debidamente prohibida por la Ley n.º 15.040/2024. Asimismo, destacaron la importancia de que la ley se aplique únicamente a los contratos celebrados a partir de la fecha de su entrada en vigor, el 11 de diciembre de 2025, respetando las normas de derecho intertemporal.
En consonancia con el análisis del mercado, el plan de regulación de la SUSEP de 2026 intensificó el proceso de revisión, al dar prioridad a la revisión de las normas sobre conducta, registro de productos, seguro de garantía, cobertura por supervivencia y oferta preferencial en reaseguro.
Además, las recientes consultas públicas, principalmente sobre seguros de daños y sobre las operaciones de cobertura de riesgos de los seguros de personas, revelan que la SUSEP ya ha iniciado este esfuerzo de adaptación y de materialización de las revisiones normativas previstas para 2025 y 2026.
El riesgo del exceso regulatorio
El punto central, sin embargo, no radica únicamente en la cantidad de normas revisadas o en proceso de revisión, sino en el criterio jurídico de dicha revisión. En este proceso, es fundamental evitar que la actualización normativa introduzca, por vía infralegal, condiciones que la nueva ley no haya adoptado.
Es cierto que el mercado de seguros exige una regulación coherente, dada la elevada complejidad técnica, la diversidad de productos y la constante innovación del sector. No obstante, la actuación de la SUSEP y del CNSP debe centrarse principalmente en la complementación técnica y operativa del marco legal.
Cabe señalar que el artículo 5, apartado II, de la Constitución establece que nadie estará obligado a hacer o dejar de hacer algo salvo en virtud de la ley. Por su parte, en el ámbito de la Administración Pública, el artículo 37 impone al Poder Público la obligación de actuar dentro de los límites definidos por la ley y por los demás valores, principios y normas constitucionales, incluso en el ejercicio de su poder normativo.
Cabe recordar que el poder reglamentario tiene un carácter secundario e instrumental. Su función es únicamente hacer posible la «fiel ejecución de la ley», en los términos del artículo 84, apartado IV, de la Constitución, y no crear obligaciones, restricciones o condiciones autónomas sin respaldo legal.
Por lo tanto, para el cumplimiento adecuado de los mandatos constitucionales, no basta con que se revise formalmente el marco normativo infralegal del sector asegurador. También es esencial que dicha revisión se base en la interpretación sistemática de la Ley n.º 15.040/2024 y preserve la coherencia técnica de las disposiciones legales que rigen la actividad, evitando que la normativa sublegal produzca efectos incompatibles con las decisiones adoptadas por el legislador.
En este contexto, la prevalencia del texto legal debe servir de referencia para la validez y la legitimidad de la actuación reguladora. Es decir, en la elaboración y revisión de resoluciones y circulares, la actuación reguladora debe ceñirse a los márgenes de complementación técnica que el texto de la Ley n.º 15.040/2024 pone efectivamente a disposición, so pena de comprometer la validez de la norma sublegal.
Así pues, para cumplir su misión institucional de promover el desarrollo sostenible, sólido y eficiente del mercado de seguros, con protección para los asegurados y los beneficiarios, la SUSEP debe llevar a cabo esta labor de revisión basándose en la compatibilidad sustantiva con la Ley n.º 15.040/2024. El reto, por lo tanto, no consiste en regular más o menos, sino en regular bien y dentro de los límites que la propia ley ha establecido.
Fuente: Conjur
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