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Liquidar las EPS intervenidas dejaría al sistema sin capacidad para recibir a millones de afiliados, según FrontierView
Colombia, Septiembre 17 , 2026
Fuente: El Heraldo
Durante la Cumbre de Gobernadores, realizada el pasado 4 de septiembre, el presidente De la Espriella aseguró que las EPS que demuestren ser viables y puedan garantizar una atención adecuada y tendrán la posibilidad de recuperarse.
El sistema de salud colombiano tendría serias dificultades para asumir una eventual liquidación masiva de las EPS que permanecen intervenidas por el Estado. La principal limitación estaría en la falta de aseguradoras con suficiente músculo financiero y capacidad operativa para recibir a millones de afiliados, incluso si se trata de la Nueva EPS, que concentra la mayor cantidad de usuarios del país.
Esa es una de las conclusiones de un análisis elaborado por FrontierView, en el que se advierte que una operación de esta magnitud podría incrementar la presión sobre las EPS receptoras y, al mismo tiempo, sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).
El panorama pone sobre la mesa uno de los principales retos para el Gobierno de Abelardo De la Espriella frente al futuro de las entidades intervenidas. Durante la Cumbre de Gobernadores, realizada el pasado 4 de septiembre, el mandatario aseguró que las EPS que demuestren ser viables y puedan garantizar una atención adecuada y tendrán la posibilidad de recuperarse. En contraste, las que no logren cumplir esas condiciones deberán avanzar hacia una liquidación ordenada.
En esa misma jornada, la ministra de Salud, Ana María Vesga, manifestó que la prioridad del Ejecutivo en el corto plazo es estabilizar el sistema y no proceder a una liquidación generalizada.
El estudio de FrontierView apunta en esa misma dirección al advertir que la situación financiera de las aseguradoras limita considerablemente la posibilidad de trasladar grandes grupos de afiliados sin generar nuevos riesgos para las entidades que los reciban.
Pocas EPS cumplen los requisitos financieros
Para llegar a esta conclusión, FrontierView examinó el estado financiero de las ocho EPS no intervenidas más grandes del país. El resultado muestra un panorama de capacidad limitada.
Sanitas, Mutual Ser y Savia Salud no cumplen ninguno de los tres requisitos financieros establecidos por la Superintendencia de Salud: capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas.
En el caso de Compensar, Capital Salud y Familiar de Colombia, el análisis encontró que cada una cumple solamente uno de los tres indicadores.
Incluso las EPS que aparecen con una situación financiera relativamente más favorable presentan restricciones. Sura y Salud Total, consideradas por el informe como las entidades no intervenidas con mejores condiciones para recibir eventualmente afiliados de Nueva EPS, cumplen dos de los tres criterios, pero registran incumplimientos relacionados con el patrimonio adecuado.
El diagnóstico también guarda relación con el informe financiero más reciente de la Contraloría General de la República. Según ese documento, de las 23 aseguradoras activas en Colombia, solamente Aliansalud, Salud Total, Salud Mía y Sura cumplen las condiciones financieras y de solvencia establecidas.
Santiago González Barrera, analista de FrontierView para la Región Andina, explicó que las cifras reducen el margen de maniobra para utilizar los traslados de afiliados como una salida frente a la situación de las EPS intervenidas.
“Hoy no existe una sola EPS —intervenida o no— con capacidad de sobra para absorber una migración masiva de afiliados sin poner en riesgo su propia solvencia. Eso convierte cualquier liquidación en un ejercicio de altísimo riesgo para los afiliados, para la EPS receptora y para las IPS. Está lejos de ser una solución”, afirmó.
Nueva EPS permanecen bajo intervención
El escenario adquiere mayor complejidad al revisar las nueve EPS que actualmente están bajo intervención estatal: Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud, EPS S.O.S., Capresoca, Proteger/Cajacopi y Dusawaki.
De acuerdo con FrontierView, estas entidades presentan incumplimientos prácticamente generalizados en los indicadores de capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas. La excepción identificada por el análisis es Proteger/Cajacopi, que sí alcanza el requisito de capital mínimo.
El informe sostiene que ninguna de estas nueve aseguradoras estaría en condiciones de lograr por sí sola una recuperación financiera ni de garantizar en el corto y mediano plazo una atención de calidad, por lo que su permanencia dependería del apoyo del Estado.
Pero el problema no es únicamente financiero. También existe una dificultad relacionada con la distribución geográfica de los afiliados.
EPS como Coosalud, Emssanar, Asmet Salud, Capresoca y Dusawaki tienen presencia en territorios donde las alternativas de aseguramiento son reducidas. El estudio señala particularmente zonas del suroccidente colombiano, sectores apartados de Casanare y territorios ubicados en la frontera indígena entre La Guajira y Cesar.
En esos lugares, una liquidación podría dejar a miles de usuarios con pocas alternativas para trasladarse a otra EPS que realmente tenga presencia y capacidad de atención en sus municipios.
El reto de trasladar los afiliados de Nueva EPS
Uno de los mayores desafíos sería la situación de Nueva EPS, que registra 11,39 millones de afiliados.
El análisis de FrontierView señala que trasladar parte de esta población hacia las EPS que actualmente presentan mejores indicadores financieros no necesariamente permitiría reducir de forma considerable la presión que existe sobre la entidad.
Entre las posibles receptoras aparecen Sura y Salud Total, debido a que cumplen los requisitos de capital mínimo y reservas técnicas y cuentan con operación en diferentes zonas del norte y centro-occidente del país.
Sin embargo, FrontierView advierte que la capacidad operativa de ambas es limitada y que sus posibilidades de expansión “segura” estarían concentradas en determinados territorios.
El problema es que una proporción importante de los afiliados de Nueva EPS se encuentra en regiones donde las EPS no intervenidas no cuentan con una presencia efectiva.
Por ello, el estudio considera que los traslados tendrían que realizarse principalmente dentro del régimen subsidiado y en determinados clústeres geográficos. Esto limitaría el número de afiliados que podrían ser reasignados y, por consiguiente, el impacto que tendría la medida sobre la situación financiera de Nueva EPS.
El escenario abriría una situación particular para el Gobierno: si se quisiera disminuir la cantidad de afiliados de Nueva EPS mediante traslados, también sería necesario mantener operativas algunas EPS intervenidas que pudieran funcionar como entidades receptoras en las zonas más alejadas.
En otras palabras, una estrategia destinada a disminuir la presión sobre Nueva EPS podría terminar haciendo necesario que otras entidades intervenidas continúen prestando el servicio para recibir parte de esa población.
Un déficit que supera los $58 billones
A este panorama se suma el tamaño de las obligaciones acumuladas del sistema de salud.
En mayo de este año, Acemi planteó distribuir durante cuatro años un faltante de $34 billones correspondiente a obligaciones generadas entre 2021 y 2025. La propuesta contemplaba porcentajes de 40%, 30%, 20% y 10%.
Sin embargo, el comunicado citado en el análisis señala que cálculos posteriores llevaron el déficit a más de $58 billones.
Para FrontierView, una cifra de esta magnitud implicaría ampliar también los plazos necesarios para financiar las obligaciones, especialmente si se busca evitar una presión fiscal excesiva.
El Gobierno, por su parte, ha descartado llevar una nueva reforma a la salud al Congreso y ha mencionado el recálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) como una de las herramientas para mejorar el flujo de recursos hacia el sistema.
No obstante, permanece sin claridad la forma en que se financiarían los $10 billones correspondientes al plan de choque anunciado por De la Espriella.
Los analistas de FrontierView consideran que una solución de fondo también requeriría una reforma tributaria y un acuerdo político que permita mantener las medidas durante varios años.
Liquidar una EPS no significa cerrar el problema
El proceso de liquidación también tiene implicaciones jurídicas y financieras que impedirían una salida inmediata.
Según el análisis, cuando una EPS es liquidada no simplemente deja de operar. La legislación contempla un proceso para establecer la forma en que serán atendidas las obligaciones financieras pendientes.
FrontierView señala que este tipo de procesos históricamente puede extenderse durante años. Además, si la entidad no cuenta con recursos suficientes para responder por sus deudas, las consecuencias podrían trasladarse a las IPS que han mantenido la prestación de servicios a crédito mientras esperan el pago de los recursos adeudados.
El riesgo, según el informe, es que una cadena de incumplimientos termine provocando problemas de insolvencia y cierre de servicios médicos, aumentando las dificultades de atención para los usuarios.
“Liquidar una EPS no resuelve nada, solo traslada el problema a otra que tampoco tiene con qué recibirlo; además, el país no puede darse el lujo de liquidar nada: no hay dónde reasignar a los afiliados ni con qué pagar lo que ya se debe. Con una deuda de $58 billones, este no es un problema que se resuelva liquidando, sino financiando”, expresó González.
Y agregó: “Un plan financiero real, dada la capacidad fiscal del país, se mide en años, no en meses”.
El análisis de FrontierView plantea así dos grandes obstáculos frente a una eventual liquidación de las EPS intervenidas. Por un lado, el país no tendría suficientes aseguradoras con capacidad financiera y operativa para recibir a millones de afiliados. Por otro, las obligaciones acumuladas del sistema exigirían recursos y plazos importantes para ser atendidas.
A esto se suman las dificultades territoriales y los procedimientos legales asociados a la liquidación. En consecuencia, cualquier decisión sobre el futuro de las EPS intervenidas tendría que considerar no solo el estado financiero de cada entidad, sino también la capacidad real de otras aseguradoras para asumir a sus afiliados y garantizarles la continuidad de los servicios de salud.
Fuente: El Heraldo