El gobierno federal ha presentado la incorporación de más de un millón y medio de trabajadores de plataformas digitales —repartidores de Rappi, DiDi Food y Uber Eats; conductores de Uber, inDrive y Cabify— al padrón del Instituto Mexicano del Seguro Social como un logro histórico. La narrativa oficial suena atractiva y políticamente rentable: por primera vez, quienes trabajan en la economía de plataformas tendrían acceso a la seguridad social. La reforma a la Ley Federal del Trabajo y la prueba piloto del IMSS, iniciada en julio de 2025, serían la prueba de que México avanza hacia un modelo laboral más justo.

El problema es que esa cifra solo cuenta una parte de la historia. Y en materia de salud, las verdades a medias no son simples imprecisiones: pueden convertirse en abandono, sufrimiento y, en los casos más graves, en riesgo de muerte. Los datos del propio IMSS muestran el tamaño real del supuesto logro. Al cierre de mayo de 2026, 1.554.053 personas fueron reportadas como “beneficiadas” por la reforma. Sin embargo, sólo 197,131 —el 12.7%— superaron el umbral de ingreso neto mensual equivalente a un salario mínimo, requisito indispensable para acceder efectivamente a los cinco seguros que ofrece el Instituto.

El 87.3% restante —1.356.922 personas— tiene Número de Seguridad Social activo, pero permanece en una condición que el propio sistema clasifica como “vigente sin derecho a servicio”. En palabras llanas: están registradas, pero no las atienden.

Ese limbo no parece un accidente administrativo; es una falla de diseño. Las plataformas digitales cumplen formalmente con dar de alta a sus colaboradores y así se blindan frente a inspecciones y multas. El IMSS, por su parte, contabiliza cada alta como si fuera una incorporación plena a la seguridad social. Los indicadores institucionales se cumplen. Pero el repartidor que circula todos los días en motocicleta descubre la verdad cuando intenta concertar una consulta, recibir atención médica o surtir una receta: el sistema lo bloquea. La alta existe; la atención, no.

Ahí es donde la verdad a medias se convierte en una trampa kafkiana. Cuando ese trabajador —excluido del IMSS por no alcanzar el ingreso mensual requerido— intenta acudir a los servicios estatales de salud, al IMSS-Bienestar, a los Institutos Nacionales de Salud o a cualquier otro esquema público destinado a la población sin seguridad social, se enfrenta a un segundo rechazo.

La razón es tan burocrática como injusta: esos sistemas suelen exigir una Constancia de No Derechohabiencia del IMSS, es decir, un documento que acredite que la persona no cuenta con seguridad social vigente. Pero el servidor del IMSS registra al trabajador con un patrón activo. Por lo tanto, la constancia no puede expedirse. El trabajador no puede acreditar que carece de derechohabiencia real porque, en el papel, figura como si la tuviera.

El resultado es un bloqueo simultáneo en todos los niveles del sistema público de salud. Es rechazado en el IMSS porque no cotizó lo suficiente, pero también queda impedido de acceder a las alternativas públicas porque su registro nominal le impide obtener el documento que acredita su desprotección. No está ni dentro ni fuera del sistema. Está atrapado en una zona administrativa gris.

Para una persona sana, esto puede parecer una molestia burocrática. Para quien vive con diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, cáncer u otra enfermedad crónica, puede significar la interrupción de un tratamiento vital.

Pensemos en un paciente que recibía hemodiálisis o quimioterapia en un hospital público como parte de la atención a la población abierta. Al quedar registrado con alta patronal en el IMSS, su atención puede verse paralizada. El hospital no puede justificar el uso de recursos destinados a personas sin seguridad social si el sistema indica que el paciente tiene cobertura. Pero el IMSS tampoco lo atiende porque no alcanzó el umbral exigido. Ninguna puerta se abre. Y el anunciado “Sistema Universal de Salud” tampoco resuelve el problema conforme a las reglas vigentes.

Ese trabajador queda ante dos opciones inaceptables: pagar de su bolsillo un tratamiento que antes recibía sin costo —con ingresos variables, sin prestaciones y sin estabilidad— o interrumpirlo. En ambos escenarios, el Estado incumple su obligación constitucional de garantizar el derecho a la protección de la salud.

La reforma laboral en materia de plataformas digitales partió de una intención legítima y necesaria: reconocer derechos a un sector que durante años ha operado en una informalidad encubierta. Nadie discute la importancia de avanzar hacia un piso mínimo de protección social para repartidores y conductores. Lo que debe discutirse es la ejecución y, sobre todo, la manera en que el gobierno comunica sus resultados.

Presumir de más de 1,5 millones de personas “afiliadas”, sin explicar que casi nueve de cada diez no tienen acceso efectivo a los servicios, es una omisión grave. En el mejor de los casos, es una lectura incompleta de la realidad. En el peor de los casos, es una narrativa diseñada para cumplir indicadores políticos a costa de quienes más necesitan protección. Una afiliación que no da acceso a una clínica no es seguridad social. Es burocracia con número de folio.

El gobierno federal cuenta con 180 días, a partir del cierre de la prueba piloto en diciembre de 2025, para presentar reformas que corrijan estas reglas de operación. Al momento de escribir estas líneas, quedan apenas seis días y no hay señales claras de una solución. La urgencia no es política: es clínica.

Cada día que el candado digital permanece activo, hay repartidores y conductores que van de una ventanilla a otra sin recibir atención. Hay enfermos crónicos que interrumpen sus tratamientos por falta de recursos. Hay personas accidentadas en la vía pública que generan gastos catastróficos para sus familias y para los sistemas locales de salud, que terminan absorbiendo esos costos sin posibilidad de recuperar dichos recursos ante ninguna institución federal.

La reforma para los trabajadores de plataformas digitales puede ser un avance histórico. Pero para serlo de verdad debe funcionar en la vida real: en la ventanilla, en la clínica, en la receta, en la ambulancia, en el expediente y en la cama de hospital. No basta con aparecer en un comunicado de prensa.

Por ello, esta semana presentaremos un exhorto al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Salud y al IMSS para que, mientras se procesan las reformas definitivas, se adopte una solución inmediata, interoperable y verificable. El algoritmo del IMSS debe permitir que, en tiempo real, se expida una constancia que reconozca la situación real de estas personas: registro vigente, pero sin derecho efectivo a servicio médico.

Sólo así podrán acceder, sin bloqueos indebidos, al sistema público que atiende a las personas sin seguridad social, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud.

El Estado mexicano no puede presumir de cobertura mientras sus ciudadanos siguen tocando puertas cerradas. La seguridad social no se mide por el número de registros en una base de datos, sino por la capacidad real de proteger a una persona cuando enferma, se accidenta o necesita tratamiento. Lo demás es propaganda administrativa. Y en salud, la propaganda no cura.

Nota. Agradezco al Dip. Rolando Fortino Alcántara Rojas y a Charly Arrieta, trabajador de plataforma, sus valiosos comentarios para visibilizar esta grave afrenta al acceso efectivo a la salud en nuestro país.

 

Fuente: El Economista

Enlace: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/1-350-millones-asegurados-seguro-20260624-819993.html