Boletín Nº 6299
Los afectados del terremoto ponen su fe en las aseguradoras: “Esperamos que nos digan qué va a pasar”
Colombia, Agosto 20 , 2026
Los dos relojes que tiene Hebert Sánchez (Cali, 83 años) en su apartamento marcan las 7.35 desde el lunes. El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Cali les suspendió el tiempo, y desprendió también parte del techo de su vivienda. Un reguero de escombros hace que entrar al inmueble se sienta como un milagro al que hay que temer. “Yo no sé por qué, pero me siento tranquilo”, dice mientras observa las paredes entre las que habitó durante 24 años, ahora agrietadas. Duerme desde el lunes en casa de su hija Liliana (Cali, 56 años), en Ciudad Jardín, un barrio acomodado al sur de la tercera ciudad más poblada de Colombia.
Allí, lejos de los escombros, Hebert espera a que “los del seguro digan qué va a pasar”. Liliana completa el panorama: el edificio está asegurado, pero no saben si el apartamento en sí lo está, y con la pensión modesta de su padre, repararlo por cuenta propia “sería imposible”. Los ingenieros de la aseguradora ya visitaron el conjunto y no hallaron señales de debilidad estructural. “Pero yo entro al apartamento y me siento insegura”, dice ella. El inmueble queda en el primer piso de la Torre B del conjunto Torres de Alcalá, cerca del Centro Comercial Palmetto. Enfrente, un edificio de 10 pisos se derrumbó por completo; otro, cerca, quedó tan ladeado que da la impresión de que el aterrizaje de una mariposa bastaría para tumbarlo.
Según la Alcaldía, Cali tiene 46 edificios en colapso total, 35 con colapso parcial y 1.408 con daños estructurales. “Las aseguradoras deben estar sin abasto”, dice Liliana. Y esta vez, el sentido común acierta. “Las líneas están saturadas”, confirma a este diario Andrés Felipe Cifuentes, fundador de Acca Arquitectos, dedicados a diseñar y construir inmuebles en la ciudad. “Ahora mismo tengo a una persona contratada solo para llamar a la aseguradora. Están reventados”, comenta en inmediaciones del barrio Pampalinda, también muy afectado en la ciudad.
Desde el otro lado de la línea corroboran el embudo. Juan Manuel Pinzón, director general de la agencia de seguros Protección de Riesgos, lo comenta. “Si lo normal es tener cinco o seis llamadas al día, las líneas estallan cuando llaman 30.000 personas al mismo tiempo”, dice por teléfono. Más allá del cuello de botella, para él “la plata está y las aseguradoras van a responder”. Por eso es clave que la gente se arme de paciencia, explica Lina Sánchez Landazábal, profesora de la Maestría en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana y socia de Vélez Gutiérrez Abogados.
Por ley, una vez formalizada la reclamación —con las pruebas de la ocurrencia y de la cuantía del daño—, la aseguradora tiene un mes para responder. Pero ese plazo choca con la nueva realidad. Hay que designar a un ajustador que calcule el valor del siniestro, y eso toma tiempo, más con miles de reclamaciones. Sánchez cree, de todos modos, que el gremio va a priorizar estos casos por su magnitud y calcula que buena parte de los siniestros podría empezar a “resolverse en seis meses”.
No dejar vencer los plazos es relevante. La confusión sobre un límite de tres días para reclamar corrió fuerte los primeros días, pero tiene una explicación, según Sánchez: el Código de Comercio exige avisar del siniestro en los tres días siguientes, un trámite informal que no exige pruebas. La reclamación formal sí las exige, y tiene un plazo mucho más largo, de hasta dos años desde que el asegurado conoce el hecho, y hasta cinco desde que ocurrió.
Tratándose de un desastre nacional, avisar que ocurrió deja de ser el problema, y ya Fasecolda, el gremio asegurador, dijo en sus redes sociales que ese plazo de tres días no aplica en este caso porque es un hecho notorio. En medio de esa maraña, también se han abierto puertas gratuitas. Desde Washington (Estados Unidos), Izquierdo PLLC, la firma del abogado colombiano Andrés Izquierdo, creó y coordina Colombia Earthquake Legal Response, una iniciativa que en pocos días ha reunido una red pro bono de 50 abogados y profesionales voluntarios en Colombia y otros países. La red brinda orientación jurídica gratuita a las personas afectadas y trabaja con instituciones colombianas para ayudar a quienes no saben qué hacer, qué trámites seguir o dónde acudir.
Esa red puede resolver el trámite.
Pero la pregunta de fondo —si hay plata suficiente— tiene una explicación de mercado. Pinzón la resume: “Las aseguradoras colombianas retienen entre el 10% y el 20% del riesgo que suscriben”. El resto lo venden a inversores internacionales dedicados a comprar, en cualquier parte del mundo, el riesgo de que tiemble. De 1.000 millones de dólares en siniestros, dice, una aseguradora local solo pondría 100 o 200 millones de su bolsillo. El resto sale de afuera.
Ese afuera tiene nombre: reaseguradoras.
Lorenzo Volpi es director ejecutivo adjunto de Leadenhall Capital Partners, una gestora londinense que administra más de 5.700 millones de dólares en bonos catastróficos y otros instrumentos con los que fondos de pensiones e inversionistas se cubren frente a terremotos y huracanes en todo el planeta. Su firma calcula que Colombia tiene una penetración de seguro de terremoto relativamente alta para la región, lo que significa que buena parte del golpe del 10 de agosto ya lo está absorbiendo ese circuito internacional. Es una forma de amortiguar el golpe a través de los mercados internacionales, redistribuyendo riesgos globalmente.
Pero el amortiguador es disparejo.
Volpi, citando datos de la agencia de calificación crediticia AM Best, ubica a Bogotá, Medellín y Cali como responsables de más del 80% de las primas de seguro del país. “Cali sola representaba, a marzo de 2026, cerca del 9,5% de las primas de terremoto de Colombia”, señala en un intercambio de mensajes. “El volumen final de pérdidas aseguradas dependerá mucho más de cuánto daño haya habido en las zonas con mayor penetración de seguros que del daño producido directamente alrededor del epicentro”, advierte.
Fuente: El País