Boletín Nº 5976
Los pros y contras de la nueva aseguradora que creó Rocío Nahle García
Mexico, Mayo 21 , 2025
Con un decreto emitido el pasado 07 de mayo, la gobernadora Rocío Nahle creó la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI) como un organismo público descentralizado (OPD) para dar servicios de aseguramiento a trabajadores del gobierno
Por 36 horas maestros jubilados y pensionados en Veracruz, pertenecientes al ISSSTE y a educación básica federal, bloquearon la circulación en el centro de Xalapa. La movilización inició el 15 de mayo y se mantuvieron en plantón hasta la noche del viernes 16, cuando, tras un acuerdo con el gobierno, abrieron a la circulación la calle Enríquez.
La protesta se generó porque el gobierno de Veracruz no hace frente al pago de seguros de vida, luego de que se canceló la póliza desde el 2021, y pese a ello les siguen haciendo descuentos. Además, está pendiente aclarar dónde están 648 millones de pesos que se han acumulado de aportaciones de los trabajadores.
Son más de 45 mil maestros jubilados de preescolar, primaria y secundaria en sus tres modalidades y aunque ante de irse del gobierno Cuitláhuac García ofreció pagarles, se emitieron cheques con nombres erróneos por lo que los jubilados no lograron cobrarlos, se cancelaron, y la actual administración no ha atendido su demanda.
La gobernadora Rocío Nahle García emitió un decreto el pasado 7 de mayo, por el que creó la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI) como un organismo público descentralizado (OPD), con patrimonio propio.
La OPD otorgará servicios de aseguramiento a los trabajadores del gobierno del estado, que tengan derecho a prestaciones como seguro de vida, salud, invalidez, riesgo laboral o cualquier otra prestación. El nuevo organismo podría dar solución a la demanda de los jubilados que constantemente salen a las calles a exigir el pago de sus seguros que están pendientes desde el gobierno de Javier Duarte.
El economista y académico de la Universidad Veracruzana (UV), Rafael Arias Hernández, planteó que la creación de la aseguradora es positiva, sin embargo, es necesario que la fiscalización y el manejo de los recursos que concentrará se haga de manera transparente, apoyado de una contraloría social o ciudadana, para que haya certeza en el manejo de los fondos públicos.
En 1964, en el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, se creó la aseguradora Hidalgo, una institución mexicana de seguros que, siendo parte del Financiero Inbursa, ofrecía servicios de seguros de vida, accidentes, enfermedades y daños. Desde su creación se enfocó en la administración y prestación de seguros colectivos para servidores públicos, dando seguros de vida, accidentes, enfermedades y daños.
Un año después, en 1965, amplió sus servicios a los empleados de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, para el 2002, en el gobierno de Vicente Fox, se entregó a la iniciativa privada, fue la empresa estadounidense MetLife, la ganadora de la puja para adquirir la aseguradora del gobierno. La privatización se justificó con la necesidad del gobierno de liberar recursos y aumentar la competencia en el sector asegurador, además, para mejorar la calidad de los servicios a los asegurados.
Para 2003, el panista Vicente Fox, creó la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), con el objetivo de crear un sistema financiero rural eficiente que reemplazara al Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) que se extinguió por falta de solvencia económica.
El 29 de mayo de 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó su desaparición y la liquidación de sus activos, con el argumento de que era un organismo “ineficaz” y “atrofiado”.
En 1990, también con el priista Carlos Salinas de Gortari se creó la Aseguradora Agropecuaria y de Bienes Patrimoniales del Gobierno Federal "AGROASEMEX", Sociedad Anónima, con un capital de 3 mil 400 millones de pesos.
Su creación respondió a la necesidad de brindar un instrumento de protección moderna y eficiente para los productores agropecuarios, disminuyendo el impacto de las pérdidas por eventos fortuitos y estabilizando sus ingresos. Es la única financiera que sigue en operación.
Nahle crea su propio organismo para asegurar a los trabajadores
Según el decreto que se emitió en la gaceta oficial del Estado el 7 de mayo en su número extraordinario 182, crea la AVSI como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio para: Otorgar servicios de aseguramiento a las y los trabajadores del Gobierno que, en virtud de sus contratos, tengan derecho a prestaciones en materia de seguros de vida, salud, invalidez, riesgos laborales.
La OPD brindará cobertura de seguros patrimoniales y financieros a las dependencias del gobierno del estado y las paraestatales, ante desastres naturales, fenómenos hidrometeorológicos y cualquier otro riesgo que afecte sus bienes, infraestructura o servicios
La aseguradora proveerá de alternativas eficientes y económicamente sustantivas, en materia de aseguramiento públicos; y deberá establecer esquemas de prevención, administración y transparencia de riesgo que fortalezcan la seguridad financiera del sector público estatal. A partir de la publicación del decreto, en 90 días se tendrá que emitir el estatuto para la operación del organismo que dependerá de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Para fondear la OPD, la Sefiplan integrará recursos autorizados en el presupuesto de egresos y podrá celebrar contratos, convenios de colaboración o aquellos acuerdos legales con entidades públicas y privadas, estatales, nacionales o internacionales, que contribuyan a mejorar sus capacidades técnicas, tecnológicas y financieras.
En la publicación de la gaceta no se expone el monto que se usará para crear la OPD, no obstante, como parte del gasto de servicios generales, que para este 2025 cuentan con una asignación de 3 mil 546 millones 887 mil pesos- se etiquetan recursos para otorgar seguros de vida, contra siniestros, fenómenos meteorológicos, entre otros.
La aseguradora debe ser auditada por una contraloría social
El economista Rafael Arias Hernández comentó que la OPD debe estar en un permanente escrutinio del propio gobierno, y órganos de fiscalización como la Contraloría General y el Congreso de Veracruz -a través del Órgano de Fiscalización Superior- con la idea de que el manejo de los recursos públicos sea eficiente. Además, se debe apostar a que la ciudadanía, a través de una contraloría social, tenga acceso a la información, para evitar que los fondos se usen como caja chica o se manejen de manera discrecional.
“Se tendría que hacer una convocatoria a los grupos ciudadanos y sociales, que se integren como un órgano que represente los intereses de los veracruzanos. La fiscalización no puede depender únicamente del ejecutivo”.
El modelo de la aseguradora dijo, es parte de la tradición bancaria y financiera que podría dar agilidad al momento de atender alguna contingencia climática, como un desastre natural, pues el dinero estaría a disposición de la propia Sefiplan.
La experiencia del pasado -que llevó al mal uso de recursos de financieras o fideicomisos- debe obligar a que haya una presencia ciudadana, para fiscalizar el manejo de los recursos y se tengan fondos suficientes para atender las necesidades de los trabajadores y de las propias dependencias del gobierno.
Fuente: La Silla Rota