Surgen alertas a raíz del decreto que les daría facultades para captar dinero sin vigilancia de la Superfinanciera.
El ecosistema fintech prendió las alertas frente al proyecto de decreto que permitiría a operadores postales prestar servicios propios del sector financiero, al considerar que la iniciativa abre la puerta a la captación de recursos del público sin controles para proteger a los ciudadanos.
La iniciativa del Ministerio del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), que busca adicionar un capítulo al Decreto 1078 de 2015, habilitaría a los operadores de servicios postales para ofrecer servicios como depósitos y transferencias, sin la supervisión de la Superintendencia Financiera (Superfinanciera), como ocurre con bancos y fintech reguladas.
El debate ha generado un fuerte choque entre el ecosistema fintech, el sector financiero tradicional, así como los operadores postales, que defienden la propuesta como un mecanismo para ampliar la inclusión financiera en zonas donde la banca no tiene presencia suficiente.
Preocupación del sector fintech por la captación de recursos sin control financiero
Desde Colombia Fintech, su presidente Gabriel Santos fue enfático en señalar que el proyecto no responde a criterios técnicos. Santos aseguró que el decreto permitiría a estas empresas captar recursos del público sin cumplir con los estándares regulatorios exigidos a cualquier entidad financiera. “Lo que se está proponiendo en este decreto es que cojan la platica de la gente, pero no cumplan con ningún requisito. No los supervisa la Superfinanciera, sino del Ministerio de las TIC, que no tiene ni la gente ni el conocimiento ni la tecnología para hacer este tipo de supervisión”, señaló.
“Esto sería desastroso para el país. Se está tratando de permitir que estas empresas capten recursos del público sin toda la vigilancia, supervisión y normatividad que se deriva de esta actividad”, agregó Santos. Según explicó, la captación de ahorro está rodeada de exigencias como seguros de depósito, encajes, monitoreo patrimonial y estrictos sistemas de prevención de lavado de activos.
Santos también cuestionó que la supervisión recaiga en el MinTic. “Es un exabrupto completo pasar de una supervisión de más de 1.300 personas en la Superintendencia Financiera a una oficina de unas 20 personas sin conocimiento técnico en el MinTic”, advirtió.
Para Santos, el argumento de inclusión financiera que se quiere dar con el proyecto de decreto no se sostiene. Para él “hoy existe un compromiso del ecosistema fintech, bancario y solidario para llegar al 100% de los municipios, algo que ya se cumple por vías físicas y digitales”
Banca tradicional advierte arbitraje regulatorio
La preocupación de Colombia Fintech es compartida por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), que en un pronunciamiento público alertó que el proyecto de decreto permitiría a los operadores postales realizar actividades propias del sector financiero sin el rigor regulatorio correspondiente.
Según Asobancaria, la adición del capítulo al Decreto 1078 de 2015 ocasionaría que los operadores postales puedan captar dinero, sin estar supervisados por la Superfinanciera, generando un vacío legal relevante. Algo que para la entidad produciría “un arbitraje regulatorio, pues los requerimientos para esta nueva actividad serían más laxos en materia de gestión de riesgos, adopción de medidas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo e intervención oportuna ante eventuales contingencias”.
Asobancaria también recordó que el Banco de la República ha advertido que el proyecto podría afectar el desarrollo de los pagos inmediatos en el país, en especial el avance de Bre-B, al fragmentar el ecosistema y fomentar el uso del efectivo.
Operadores postales defienden el proyecto de decreto
Desde el sector postal, la visión es distinta. En entrevista con Blu Radio, Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostales, explicó que el decreto tiene origen en la Ley 1369 de 2009 y en el Tratado de Ginebra de 2008, los cuales contemplan los servicios postales de pago. Según señaló, además del giro en efectivo —que ya se presta—, el tratado reconoce otros tres servicios: el depósito postal, la transferencia postal y el giro de pago, que estaban pendientes de reglamentación.
Carreño sostuvo que el sector postal no busca reemplazar al sistema financiero, sino actuar como un complemento. “Nosotros lo que vamos a hacer es permitir que los colombianos del estrato 1, 2 y 3, que no los atiende la red bancaria bancaria, puedan tener ese servicio, y consignar esos recursos en las entidades financieras”.
El presidente de Asopostales aseguró que los operadores postales cuentan con sistemas de administración de riesgos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, basados en los del sector financiero, y que están sujetos a múltiples controles, “Nosotros tenemos un sistema muy robusto y lo que esperamos con ese depósito postal cubra todas las regiones periféricas”.
Carreño aseguró que el proyecto del decreto está a disposición para observaciones. Sin embargo, en la página web del MinTic se informa que los comentarios al borrador de la norma se recibieron hasta el 16 de enero de 2026
Fuente: Portafolio
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