La Ley 15.040, conocida como Marco Legal del Seguro, pretende unificar la normativa del sector asegurador, aportando mayor seguridad a los consumidores, modernizando las normas contractuales y estimulando el crecimiento económico del sector.
La ley, que entra en vigor el 11 de diciembre de 2025, ha desencadenado una carrera entre aseguradoras y reaseguradoras para adaptarse a las nuevas directrices establecidas por la legislación. Además de los cambios ya previstos en la ley, se espera que surjan nuevos reglamentos a medida que la SUSEP y el CNSP revisen las normas fundamentales del sector.
¿Cuáles son los principales efectos de la nueva ley?
En la práctica, adaptarse es mucho más que actualizar cláusulas: un primer estudio de Peers Consulting + Technology identificó más de 150 cambios en diez procesos de la cadena de valor, desde el análisis de riesgos hasta la indemnización. Algunos puntos son más críticos.
El primero es el proceso de siniestros: el plazo de treinta días sólo empieza a correr cuando la aseguradora recibe toda la documentación, lo que exige separar, en los sistemas y en el día a día, el "aviso" de la "comunicación" del siniestro y revisar los plazos de regulación, peritación y liquidación.
Además, todos los mensajes entre aseguradora, corredor y asegurado deben ser trazables, un reto importante, sobre todo en los canales digitales que no garantizan la entrega de los mensajes.
También hay cambios importantes en el análisis de riesgos: las nuevas normas sobre agravación y omisión obligan a revisar los cuestionarios para garantizar que los datos esenciales se recogen con claridad, evitando rechazos injustos y pagos indebidos.
A ello se añade la nueva obligación de justificar formalmente cada denegación, requisito que afecta a sistemas, modelos y formación, y la mayor responsabilidad del asegurado de comunicar cualquier aumento del riesgo, lo que exige capacidad para registrar y procesar estos cambios.
Ante esto, aseguradoras y corredores deben responder a cuestiones estratégicas que van más allá del cumplimiento de la ley:
¿Qué procesos deben priorizarse para evitar sanciones?
¿Son compatibles los sistemas actuales con todos los nuevos requisitos legales?
¿Apoyan los equipos estos nuevos requisitos de procedimiento?
¿Cómo podemos convertir estos nuevos requisitos, que solo parecen costosos, en una ventaja y en una mejor experiencia para el cliente?
Para responder a estas preguntas en el poco tiempo que nos queda, destaca un plan de cuatro acciones complementarias.
En primer lugar, hay que crear una sólida estructura de gestión y gobernanza, con el apoyo de la alta dirección. Una oficina de proyectos normativos con brigadas multidisciplinares que incluyan áreas como jurídica, siniestros, informática, análisis de riesgos y atención al cliente.
A continuación, realizar una evaluación de impacto detallada, relacionando cada requisito de la ley con los procesos de la empresa, para estimar con precisión el trabajo necesario, los riesgos que conlleva y el presupuesto.
Además, es esencial reformular las etapas cruciales de los procesos: empezando por la distinción entre notificación y comunicación de un siniestro, normalizando las denegaciones y confirmando el envío de mensajes, definiendo objetivos y responsabilidades claros.
Por último, invertir en formación constante y en tecnologías específicas (flujos de trabajo de siniestros, herramientas de firma digital, análisis de datos para la suscripción) garantiza que los equipos conozcan las nuevas normas y que la operación disponga de los medios para seguirlas eficazmente.
A menos de doce meses del cambio de normativa, adelantarse no significa sólo cumplir la Ley 15.040; significa aprovechar el cambio para mejorar los controles, agilizar procesos importantes y reforzar la confianza del mercado, convirtiendo una obligación en un recurso estratégico que distingue a quienes se preparan del resto.
Fuente: Revista Apólice
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