México vive en constante riesgo de sufrir desastres ambientales que destruyen sus pueblos y ciudades y dejan a su población en estado de emergencia. Así como las personas pueden prevenir una muerte financiera tras alguna catástrofe eventual gracias a los seguros, los países también tienen herramientas financieras que los ayudan a enfrentar estas situaciones.

Largas temporadas de lluvias intensas, las tormentas tropicales recurrentes y huracanes de diversas magnitudes, así como una actividad sísmica importante en varias partes de su territorio, son el pan de cada día en México que, desde hace años, gestiona sus riesgos con el llamado Bono Catastrófico (Catbond), que se complementa con un seguro para catástrofe, además de otras herramientas de prevención para temas particulares como las inundaciones por lluvias en exceso.

La diversidad de herramientas en la cartera de prevención antidesastres del país se ha ido construyendo poco a poco, en tanto cada instrumento tiene sus pros y contras en función de su esquema de previsión, su cobertura y las políticas de pago, factores a evaluar sobre todo luego desde la desaparición del Fonden (Fondo de Desastres Naturales), en 2020.

¿Bono o seguro?

Si bien comparten algunas características, el bono y el seguro son instrumentos completamente distintos. Ambos tienen una cobertura, un plazo y “letras chiquitas” a las que se sujetan los pagos en caso de siniestro, pero mientras uno es una herramienta de previsión otro es una apuesta contra el clima. En términos simples, los bonos financieros son emitidos por una empresa o un gobierno cuando requieren contar con capital y recurren a inversionistas que, a cambio del pago de un interés o rentabilidad, “prestan” el dinero requerido y, al terminar el plazo establecido, los inversionistas reciben el capital prestado junto con los intereses prometidos.

En el caso de los bonos de riesgo catastrófico, la estructura es similar, con la diferencia de que el capital (“préstamo”) no se traspasa al emisor del bono —un país o grupo de ellos— , sino que se mantiene en un fideicomiso y se entrega al emisor en caso de que se reúnan las condiciones estipuladas en el contrato, que este caso es cuando ocurre un desastre natural como un sismo o un huracán de características determinadas.

Particularmente, México siempre ha optado por contratar bonos paramétricos, es decir, que no son pagados por los daños ocasionados por el evento telúrico o hidrometeorológico ocurrido, sino por las características que tuvo: los grados en escala Richter de los sismos y el nivel que se atribuye al ciclón o huracán según la escala Saffir-Simpson, así como el territorio específico estipulado en el bono.

Es una apuesta “todo o nada”, en la que si el evento ocurrido cumple los parámetros determinados en el prospecto del bono, los inversores solo obtienen el interés estipulado; de lo contrario, recuperan el capital y ganan la rentabilidad, mientras el país se queda con su daño.

Por su parte, el seguro es la forma más conocida de transferencia de riesgos y en él, una aseguradora proporciona una garantía de indemnización por pérdida, daño, enfermedad o muerte específicos a cambio de un pago determinado, que es la prima; así como de un deducible, tras el siniestro.

Si hablamos de un seguro de riesgo catastrófico para un país, en caso de ocurrir un desastre natural, el seguro indemnizará por los daños registrados y el asegurado se hará cargo del deducible. La prima, el monto a pagar, el riesgo y el deducible se pactan en el contrato.

Los sismos del 2017 y el huracán Otis causaron muchas perdidas humanas

 

Fuente: Milenio

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