A finales de este trimestre, el Ministerio de Agricultura pretende sacar adelante un nuevo modelo de seguro rural en el país. La base para cambiar la política de subvención de las primas de las pólizas son los cambios previstos en el Proyecto de Ley 2.951/2024, de la senadora -y ex titular del ministerio- Tereza Cristina (PP-MS), así como ajustes en la normativa para reforzar, sobre todo, la aplicación del presupuesto destinado a la gestión de riesgos climáticos en el campo.
La propuesta ya ha sido aprobada por el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y está siendo objeto de ajustes por parte del equipo técnico de la agencia antes de ser presentada al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según explicó el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, en una reciente rueda de prensa. El sector de los seguros ya ha conocido la idea y, según fuentes citadas por el diario "O Estado de S. Paulo", aún considera los términos "superficiales".
Guilherme Campos, Secretario de Política Agraria del Ministerio de Agricultura, afirma que existe consenso en el gobierno federal en que los instrumentos de gestión de riesgos, tal como están, son insuficientes para garantizar la actividad agraria.
La principal propuesta es hacer obligatoria la contratación del seguro rural para quien quiera contratar financiaciones del Plan Safra a tasas de interés controladas, con o sin subsidios. La medida contribuiría a ampliar la base de cobertura del Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Rural (PSR) y a diversificar el riesgo, ya que suscribirían pólizas productores de todo el país, de zonas con más y menos riesgo.
El Ministerio también aboga por blindar el presupuesto frente a recortes y bloqueos, algo que ya está previsto en la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) de 2026, pero que aún puede ser vetada. Y en el proyecto de Tereza Cristina, que necesita la aprobación de la Cámara de Diputados y la sanción presidencial para tener validez.
Presupuesto
"Con esto, podremos dar una visión nacional y tener mutualismo en el seguro, con regiones de bajo y alto riesgo, con subsidios cruzados", dice el ministro Guilherme Campos. "La aprobación del proyecto de ley sería una contribución gigante de la legislatura a la propuesta para el nuevo modelo de prima de seguro rural."
La estrategia incluye la presentación de una solicitud urgente para que el proyecto de ley 2.951/2024 sea votado directamente por el pleno de la Cámara de Diputados a principios de 2026. Otros cambios podrían hacerse en las normas internas y las resoluciones del Consejo Monetario Nacional (CMN).
En abril, Fávaro y Campos dejarán el Ministerio de Agricultura para presentarse a las elecciones de octubre y pretenden dejar el nuevo modelo como legado: "Queremos poner en marcha este modelo a principios de año. O sale o sale. Si no, volvemos a lo de siempre".
En otro orden de cosas, la intención es quitar riesgos al Tesoro Nacional. Una de las estrategias es acelerar la migración del público atendido por el Programa de Garantía de la Actividad Agropecuaria (Proagro) y parte de su presupuesto al PSR. Gestionado por el Banco Central, el programa es un gasto obligatorio y hasta ahora ha funcionado como un "cheque en blanco" para cubrir las pérdidas de las cosechas. En años de mal tiempo, la factura sube más de lo previsto y hay que recortar fondos de otras áreas para pagar las indemnizaciones.
El Gobierno ya ha empezado a cerrar el grifo siguiendo las recomendaciones del Tribunal Federal de Cuentas (TCU). Una ley aprobada a finales de 2024 establecía que la planificación anual de los contratos del Proagro estaría sujeta a la disponibilidad de presupuesto para pagar las indemnizaciones, lo que en la práctica fijaba un techo de gasto.
Recién a mediados de diciembre, el Consejo Monetario Nacional (CMN) reglamentó la medida. El Banco Central también modificó las reglas para los productores, como la reducción de los límites de facturación para el acceso y el cálculo del coste de la cobertura para reducir la factura.
Desde 2020, los montos pagados en indemnizaciones del Proagro superaron los 26.800 millones de reales, con un pico en 2023, cuando se gastaron 9.400 millones de reales. En 2025, el presupuesto previsto era de 5.700 millones de reales y se pagaron 3.300 millones de reales en indemnizaciones.
La propuesta del Ministerio de Agricultura es que parte del presupuesto del Proagro, que es más de seis veces superior al del Programa de Subsidio al Seguro Rural, se destine a subsidiar el seguro privado, en el que las aseguradoras asumen el riesgo y pagan la factura de la cobertura en caso de extremos climáticos. La ley presupuestaria de 2026 prevé 6.600 millones de reales para el Proagro y 1.010 millones de reales para el PSR.
Fuente: Radio Pampa
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