Fuente: Valor
La Superintendencia de Seguros Privados (Susep) dispondrá, a partir de 2027, de instrumentos más amplios para supervisar y sancionar las irregularidades en los mercados de seguros, capitalización, reaseguros y previsión privada. Este lunes (16) se publicó una resolución del Consejo Nacional de Seguros Privados (CNSP) que establece un nuevo régimen administrativo sancionador. Uno de los puntos principales de la actualización es el aumento del límite de referencia de las multas, que pasa a ser de 35 millones de reales. El plazo máximo de inhabilitación también se ha ampliado, de diez a veinte años.
Según la normativa anterior, las sanciones se fijaban en función del tipo de infracción y, por regla general, no podían superar el millón de reales por caso. Había excepciones para los casos de ejercicio de una actividad sin autorización y para las infracciones de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales.
Con la nueva resolución, la multa se calculará en función del mayor de estos cuatro parámetros: 35 millones de reales, el doble del valor de la operación irregular, el doble del perjuicio causado a los consumidores o el triple de la ventaja económica obtenida o de la pérdida evitada con la infracción.
La Resolución del CNSP n.º 498/2026, que sustituye a una norma de 2020, incorpora también los cambios introducidos por la Ley Complementaria n.º 213/2025, incluidas las normas aplicables a las operaciones de protección patrimonial mutualista y a las cooperativas de seguros.
El texto, según el organismo autónomo, establece criterios más objetivos para la fijación de las sanciones, teniendo en cuenta factores como la capacidad económica del infractor, la gravedad de la infracción, el grado de perjuicio o riesgo, la duración de la irregularidad y los antecedentes de conducta, además de las circunstancias agravantes y atenuantes.
El nuevo régimen amplía además los instrumentos de actuación de la SUSEP, con la previsión de medidas cautelares para situaciones que exijan medidas urgentes y del «termo de compromiso», que permite establecer condiciones para la corrección de irregularidades.
El conjunto de sanciones incluye la amonestación, la multa, la suspensión de actividades, la inhabilitación temporal y la cancelación de registros o autorizaciones.
Fuente: Valor
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