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El nuevo marco del seguro rural protege las subvenciones y establece incentivos relacionados con el crédito
Brasil, Octubre 03 , 2026
Fuente: O Presente Rural
La Ley 15.526/2026 exime los gastos del PSR de las medidas de recorte presupuestario y establece condiciones de financiación diferenciadas para las operaciones con seguro.
El seguro rural cuenta con nuevas normas tras la publicación de la Ley 15.526/2026 en el Boletín Oficial de la Unión, el miércoles (30). La legislación modifica las normas del seguro rural, del Programa de Subvención a la Prima del Seguro Rural (PSR) y del fondo de cobertura suplementaria de riesgos. Entre los cambios se encuentra la protección de los recursos destinados a la subvención frente a las restricciones de compromiso y de movimientos financieros.
En la práctica, la medida pretende aportar una mayor previsibilidad a la disponibilidad de los recursos utilizados por el Gobierno federal para subvencionar parte de la prima que paga el productor al contratar las pólizas. A partir de 2027, la gestión presupuestaria del PSR también deberá ajustarse al calendario agrícola, de modo que la subvención esté disponible durante el período de contratación de los seguros.
El Sistema Faep participó en la elaboración de la nueva legislación, que es fruto del proyecto de ley 2.951/2024. Para el presidente de la entidad, Ágide Eduardo Meneguette, la protección presupuestaria puede facilitar la planificación de la contratación del seguro antes de la siembra. «La protección presupuestaria ofrece más seguridad al productor a la hora de planificar la contratación antes de la siembra. Por lo tanto, la nueva ley responde a nuestra reivindicación de que el seguro rural es fundamental para la sostenibilidad en el campo y debe valorarse y fomentarse para evitar que, ante los riesgos, sobre todo los climáticos, la producción de alimentos quede totalmente desprotegida», valora.
Cobertura en descenso
El cambio se produce mientras que la contratación de seguros rurales ha perdido terreno en Paraná en los últimos años. Los datos de la Confederación Nacional de Aseguradoras (CNseg), difundidos por el Sistema Faep, indican que la recaudación del seguro rural en el estado descendió de 2.300 millones de reales en 2022 a 1.900 millones de reales en 2025, lo que supone una reducción del 17 %.
En el mismo periodo, la superficie asegurada por el Programa de Subvención a la Prima del Seguro Rural se redujo de 3,8 millones de hectáreas en 2021 a 1,25 millones de hectáreas en 2025. La reducción fue de aproximadamente un 67 %.
Esta menor cobertura deja una mayor parte de los cultivos expuestos a los efectos de los fenómenos climáticos y otros riesgos previstos en las pólizas. Para los productores que recurren al crédito rural, las pérdidas sin cobertura también pueden comprometer la capacidad de pago de las operaciones. «Una parte significativa de este descenso está relacionada con los recortes anunciados por el Gobierno federal en los últimos años en el Programa de Subvenciones a la Prima del Seguro Rural. Esto desmotiva al agricultor y pone en riesgo toda la actividad», afirma Meneguette. «Con la aprobación de la ley, esperamos que esto se solucione. Al fin y al cabo, la legislación incluye, entre otras cosas, incentivos como la reducción de los tipos de interés y la subvención de la prima del seguro», añade.
Seguro y crédito
Una de las principales modificaciones de la ley es la integración más directa entre el seguro y el crédito rural. El contrato de seguro suscrito por el productor pasa a formar parte del conjunto de garantías de las operaciones de crédito rural, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la legislación y la normativa.
La ley también prevé que las operaciones de crédito rural respaldadas por un seguro puedan gozar de condiciones favorables en cuanto a tipos de interés, plazos y límites. Asimismo, se prevé prioridad en el acceso al crédito, incluso en prórrogas y renegociaciones, además de la posibilidad de financiar la prima del seguro.
La concesión de estos beneficios dependerá de las normas definidas por el Poder Ejecutivo y de las características de cada operación. La legislación establece además que, cuando se trate de la prioridad para la prórroga o renegociación de determinadas operaciones reguladas por el Gobierno, la concesión será obligatoria.
La idea es acercar dos instrumentos que inciden directamente en la gestión financiera de la propiedad: el seguro, que protege la producción frente a determinados riesgos, y el crédito, utilizado para financiar el ciclo productivo.
Más normas para los siniestros
El nuevo marco también establece normas específicas para la regulación y la liquidación de siniestros. Los contratos de seguro rural deberán indicar los documentos que se exigen al asegurado y los plazos relacionados con el análisis de las pérdidas.
En el caso de los siniestros que no dependan de la cosecha, la tala o la puesta a disposición del terreno para una inspección presencial, la tramitación deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días a partir de la notificación del siniestro. La liquidación deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días, a partir de la entrega de los documentos exigidos o de la realización de la inspección técnica presencial, cuando sea necesario.
La legislación también establece que la lista de documentos exigidos debe ser objetiva y limitarse a aquellos cuya obtención dependa exclusivamente del asegurado y guarde relación directa con el siniestro.
Fondo de cobertura
Otro aspecto del marco legal es la reorganización del fondo destinado a la cobertura suplementaria de los riesgos del seguro rural. Previsto en la legislación desde 2010, el mecanismo podrá recibir recursos de la Unión y tendrá como finalidad complementar la cobertura de riesgos, especialmente los de mayor envergadura.
La ley autoriza la participación, en calidad de partícipes, de aseguradoras, reaseguradoras, empresas de la cadena del agronegocio y cooperativas de producción agrícola y ganadera. Asimismo, establece que las operaciones del fondo tengan en cuenta los criterios de zonificación de riesgos agrícolas y ganaderos.
Además, la nueva legislación prevé la creación y puesta a disposición de bases de datos públicas sobre operaciones de seguro rural, un manual con las normas de subvención y comisiones consultivas en las que participen representantes de las aseguradoras y de los productores.
La Ley 15.526/2026 entró en vigor en la fecha de su publicación.
Fuente: O Presente Rural